En las últimas semanas se intensificaron las discusiones en torno al empleo a partir de la emergencia ocupacional que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. Para entender la realidad, es importante recordar de dónde se viene: a pesar de las sistemáticas mentiras de Mauricio Macri, entre noviembre de 2010 y noviembre de 2015 se crearon 591.502 puestos de trabajo privados en el sector formal de la economía conforme al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que fuera elogiado por Marcos Peña en su balance de gestión frente a los diputados nacionales. Este sendero de protección y fomento ininterrumpido del empleo se vio reflejado en el tercer trimestre de 2015 donde Argentina llegó a su mínimo histórico de desempleo de los últimos 28 años: un 5,9%.
En su afán de seguir faltando a la verdad, el Presidente sostuvo que la parálisis del sector privado fue maquillada con “trabajo público inútilˮ. Lo que el Ingeniero calló fue que, según el SIPA, mientras en 2003 un 19,2% de los trabajadores formales se desempeñaba en los distintos niveles del sector público, hacia finales de 2015 ese porcentaje descendió al 18,6%. Si el diagnóstico del Primer Mandatario fuese certero, el porcentaje debió ser sensiblemente mayor, y no registrar un leve descenso.
Hay algo en lo que la actual Administración no miente: existe una crisis vinculada al empleo. Pero no empezó en 2010, sino el 10 de diciembre de 2015 cuando se hicieron cargo del Gobierno. Es muy difícil conocer información precisa a raíz del apagón informativo que establecieron en el INDEC; sin embargo, a partir de datos brindados por los sindicatos y las cámaras empresarias, el Centro de Economía Política Argentina estimó que ya hubo 141.542 despidos (el 52% corresponde al sector privado): más de 1.000 personas que pierden a diario su fuente de ingresos.
Si el Gobierno Nacional despide a mansalva a miles de trabajadores públicos ˮ“en numerosos casos en medio de persecuciones y humillaciones-, frena toda la obra pública y pone en la Secretaría de Empleo a un hombre de Recursos Humanos de Techint está mandando señales claras de que la defensa del trabajo no es su prioridad ni su objetivo. Ante este escenario alarmante, surgió el proyecto sobre la emergencia ocupacional que todo CAMBIEMOS se esforzó en denostar. No está ni cerca de ser una solución de fondo, pero ante la desidia e indiferencia del oficialismo, es un instrumento necesario para proteger a los trabajadores en esta primera etapa del ajuste.
El ex Jefe de Gobierno señaló con información maliciosamente falsa que esta iniciativa ya fracasó en Argentina cuando, durante su vigencia entre 2002 y 2007, el desempleo bajó del 23,7 al 8,8%. Además dijo que esto va a impedir la creación de nuevos puestos de trabajo. Es curiosa esa aseveración porque la ley no regiría para aquellas personas que sean contratadas con posterioridad a su sanción. En lo que sí se podría coincidir con el ex Director de la sociedad offshore Fleg Trading es que esta norma no soluciona el problema del empleo. Porque para que las PYMES crezcan necesitan una tarifa diferencia de energía, necesitan ser cuidadas frente a las importaciones y necesitan la posibilidad de acceder al crédito, cosa imposible con tasas alrededor del 38%. Por sobre todas las cosas, necesitan que exista una demanda que consuma. Lamentablemente, la pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de los despidos, la espiral inflacionaria producto de la devaluación, la defectuosa eliminación de las restricciones cambiarias y la suba sistemática de los costos, y los tarifazos en la luz, el agua, el gas y el transporte hacen que la gente consuma menos y por tanto baje la demanda.
El cepo laboral no proviene de una ley, sino que es el resultado concreto de las políticas de Mauricio Macri que están dinamitando el mercando interno y dejando afuera a cada vez más ciudadanos.
