La creciente debilidad del modelo de convertibilidad de los años noventa obligaba a que la Argentina fuera dependiente de un crónico endeudamiento externo. En una primera etapa, ese endeudamiento era tanto del sector público como del sector privado. Ante los excesos de deuda tomada por el país, los acreedores internacionales empezaron a limitar el crédito hacia fines de los años noventa. La situación fue empeorando progresivamente y, en 2001, el Gobierno en las condiciones recesivas de la economía nacional, era el único que podía acceder al financiamiento externo a través de los organismos internacionales de crédito como el FMI o el Banco Mundial. Estas instituciones, que supuestamente buscaban tranquilizar a los mercados, otorgaban “asistenciasˮ o “ayudasˮ.
Frente a la inconsistencia del modelo, como estrategia de comunicación, a los paquetes de endeudamiento se los llamó Blindaje y Mega Canje. Pero no se mencionaba que eran préstamos que había que devolver. Tampoco se informaba a qué tasa se habían pactado esos préstamos y que esas deudas sin crecimiento serían impagables. Cualquier desprevenido, guiado por los títulos de los grandes diarios, podía suponer que eran donaciones.
Sin embargo, las consultoras internacionales advertían sobre los riesgos del mercado nacional mediante lo que se bautizó como “Riesgo Paísˮ. Cuando ese índice aumentaba, subía la tasa de interés que debían pagar los bancos por los depósitos en el país y los créditos que se habían tomado se encarecían, los bonos del sector público se volvían más riesgosos y bajaban su precio, agudizando la fragilidad de la política económica nacional y la dependencia de las “ayudasˮ de organismos internacionales de crédito.
En este escenario, en los primeros días de diciembre de 2001, se producía una incesante fuga de depósitos de los bancos. Como esas salidas superaba el ingreso de dólares por el Blindaje, el Mega Canje y los Préstamos Garantizados (fue el último tramo de “asistencia financieraˮ del FMI), el Banco Central perdía reservas. Los depósitos en pesos de los ahorristas eran convertidos a dólares y, al igual que los depósitos en dólares, se sacaban de los bancos (se depositaban en bancos de otros países, se guardaban en cajas de seguridad o se escondían en los hogares).
El caos económico llevó a las autoridades económicas a instrumentar medidas para frenar el drenaje de depósitos, implementando el denominado “corralito financieroˮ. Este hecho agravó notoriamente la crisis económica y social y derivó en el estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001, que culminó con la caída del gobierno de Fernando De la Rúa. Días después, el presidente provisional Adolfo Rodríguez Saá anunció la suspensión del pago de la deuda y, en semanas posteriores, el Congreso Nacional sancionó una ley que pondría formalmente fin al régimen de convertibilidad.
A comienzos de 2002, se delineó el esquema de salida del 1 a 1. Debido a las presiones del FMI, se estableció un sistema libre de mercado para que el tipo de cambio se determinara por la acción de la oferta y la demanda de dólares en el país. Así el precio del dólar se disparó rápidamente de valor, duplicando su precio en menos de un mes, fogoneado, en gran medida, por analistas que señalaban que el dólar debía llegar a $6, $7, $8 o más y que el país en realidad necesitaba una dolarización total de su economía.
Posteriormente, se pasó a un régimen de administración del mercado de cambios con intervención del Banco Central para evitar cambios pronunciados en el valor de la moneda nacional. En febrero de 2002 se determinó la pesificación, a la paridad $1-U$S1, de todas las deudas en dólares con el sistema financiero local y su actualización por un índice asociado a la evolución de la inflación. Ello implicaba una gran licuación de las deudas porque la escalada del dólar implicaba que las obligaciones asumidas en esa moneda pasaban a valer menos de la mitad (en enero de 2002 ya cotizaba a $2,05). En la propuesta inicial, el beneficio de la pesificación de las deudas sólo era para las inferiores a los 100 mil dólares. Sin embargo, luego de las presiones de las grandes corporaciones, la administración de Duhalde estableció que la pesificación abarcaría a la totalidad de las deudas privadas, independientemente del tamaño, origen, actividad y/o otras características de las empresas que se habían endeudado en moneda extranjera.
Los depósitos en dólares de los ahorristas en los bancos también fueron pesificados e indexados, pero a la paridad US$1-$1,40. Ello provocó un problema porque por los préstamos que habían otorgado los bancos cobraban un peso por dólar y por sus depósitos debían pagar, en pesos, un 40% más por cada dólar.
El costo de esa pesificación asimétrica no fue absorbido por el sistema financiero y estas entidades fueron compensadas por el Gobierno de Duhalde mediante la emisión de títulos públicos. A estos títulos se los llamó Boden 2012.
El pago final de todo el capital y los intereses que fueron generando en la última década se terminará de pagar el 3 de agosto de 2012 con las reservas del Banco Central. Ellas fueron generadas genuinamente por políticas que promovieron un esquema de crecimiento con inclusión social basado en la recuperación de la capacidad productiva del país y no por privatizaciones ni endeudamiento como sucedió a lo largo de toda la convertibilidad.
En este sentido, una de las características centrales del modelo económico iniciado en el 2003, con la asunción de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación y profundizada por Cristina Fernández de Kirchner, es la política de desendeudamiento externo que permite ampliar los márgenes de la independencia económica y que implica hacerse cargo de los desastres económicos generados por los gobiernos anteriores.
La creciente debilidad del modelo de convertibilidad de los años noventa obligaba a que la Argentina fuera dependiente de un crónico endeudamiento externo. En una primera etapa, ese endeudamiento era tanto del sector público como del sector privado. Ante los excesos de deuda tomada por el país, los acreedores internacionales empezaron a limitar el crédito hacia fines de los años noventa. La situación fue empeorando progresivamente y, en 2001, el Gobierno en las condiciones recesivas de la economía nacional, era el único que podía acceder al financiamiento externo a través de los organismos internacionales de crédito como el FMI o el Banco Mundial. Estas instituciones, que supuestamente buscaban tranquilizar a los mercados, otorgaban “asistenciasˮ o “ayudasˮ.
Frente a la inconsistencia del modelo, como estrategia de comunicación, a los paquetes de endeudamiento se los llamó Blindaje y Mega Canje. Pero no se mencionaba que eran préstamos que había que devolver. Tampoco se informaba a qué tasa se habían pactado esos préstamos y que esas deudas sin crecimiento serían impagables. Cualquier desprevenido, guiado por los títulos de los grandes diarios, podía suponer que eran donaciones.
Sin embargo, las consultoras internacionales advertían sobre los riesgos del mercado nacional mediante lo que se bautizó como “Riesgo Paísˮ. Cuando ese índice aumentaba, subía la tasa de interés que debían pagar los bancos por los depósitos en el país y los créditos que se habían tomado se encarecían, los bonos del sector público se volvían más riesgosos y bajaban su precio, agudizando la fragilidad de la política económica nacional y la dependencia de las “ayudasˮ de organismos internacionales de crédito.
En este escenario, en los primeros días de diciembre de 2001, se producía una incesante fuga de depósitos de los bancos. Como esas salidas superaba el ingreso de dólares por el Blindaje, el Mega Canje y los Préstamos Garantizados (fue el último tramo de “asistencia financieraˮ del FMI), el Banco Central perdía reservas. Los depósitos en pesos de los ahorristas eran convertidos a dólares y, al igual que los depósitos en dólares, se sacaban de los bancos (se depositaban en bancos de otros países, se guardaban en cajas de seguridad o se escondían en los hogares).
El caos económico llevó a las autoridades económicas a instrumentar medidas para frenar el drenaje de depósitos, implementando el denominado “corralito financieroˮ. Este hecho agravó notoriamente la crisis económica y social y derivó en el estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001, que culminó con la caída del gobierno de Fernando De la Rúa. Días después, el presidente provisional Adolfo Rodríguez Saá anunció la suspensión del pago de la deuda y, en semanas posteriores, el Congreso Nacional sancionó una ley que pondría formalmente fin al régimen de convertibilidad.
A comienzos de 2002, se delineó el esquema de salida del 1 a 1. Debido a las presiones del FMI, se estableció un sistema libre de mercado para que el tipo de cambio se determinara por la acción de la oferta y la demanda de dólares en el país. Así el precio del dólar se disparó rápidamente de valor, duplicando su precio en menos de un mes, fogoneado, en gran medida, por analistas que señalaban que el dólar debía llegar a $6, $7, $8 o más y que el país en realidad necesitaba una dolarización total de su economía.
Posteriormente, se pasó a un régimen de administración del mercado de cambios con intervención del Banco Central para evitar cambios pronunciados en el valor de la moneda nacional. En febrero de 2002 se determinó la pesificación, a la paridad $1-U$S1, de todas las deudas en dólares con el sistema financiero local y su actualización por un índice asociado a la evolución de la inflación. Ello implicaba una gran licuación de las deudas porque la escalada del dólar implicaba que las obligaciones asumidas en esa moneda pasaban a valer menos de la mitad (en enero de 2002 ya cotizaba a $2,05). En la propuesta inicial, el beneficio de la pesificación de las deudas sólo era para las inferiores a los 100 mil dólares. Sin embargo, luego de las presiones de las grandes corporaciones, la administración de Duhalde estableció que la pesificación abarcaría a la totalidad de las deudas privadas, independientemente del tamaño, origen, actividad y/o otras características de las empresas que se habían endeudado en moneda extranjera.
Los depósitos en dólares de los ahorristas en los bancos también fueron pesificados e indexados, pero a la paridad US$1-$1,40. Ello provocó un problema porque por los préstamos que habían otorgado los bancos cobraban un peso por dólar y por sus depósitos debían pagar, en pesos, un 40% más por cada dólar.
El costo de esa pesificación asimétrica no fue absorbido por el sistema financiero y estas entidades fueron compensadas por el Gobierno de Duhalde mediante la emisión de títulos públicos. A estos títulos se los llamó Boden 2012.
El pago final de todo el capital y los intereses que fueron generando en la última década se terminará de pagar el 3 de agosto de 2012 con las reservas del Banco Central. Ellas fueron generadas genuinamente por políticas que promovieron un esquema de crecimiento con inclusión social basado en la recuperación de la capacidad productiva del país y no por privatizaciones ni endeudamiento como sucedió a lo largo de toda la convertibilidad.
En este sentido, una de las características centrales del modelo económico iniciado en el 2003, con la asunción de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación y profundizada por Cristina Fernández de Kirchner, es la política de desendeudamiento externo que permite ampliar los márgenes de la independencia económica y que implica hacerse cargo de los desastres económicos generados por los gobiernos anteriores.
