Justicia ambiental para construir nuevas mayorías

El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Ambiente, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Estocolmo, Suecia, en 1972. Este encuentro fue la primera gran conferencia internacional que reconoció el ambiente como una preocupación global, y marcó un hito en la política ambiental global. Desde entonces, esta jornada se convirtió en la principal plataforma mundial para generar conciencia y acción a favor del ambiente en más de 150 países.

Desde nuestra organización consideramos que esta fecha es una oportunidad para seguir reafirmando nuestro compromiso con el ambientalismo popular: la defensa del ambiente implica también la defensa de una vida digna, de la justicia social y de los derechos humanos. La única forma posible de desarrollo es aquella que respete los límites de la naturaleza, sea capaz de generar condiciones de vida digna y garantice un acceso equitativo a los bienes comunes.

¿En qué pensamos cuando escuchamos la palabra “ambiente”?

Muchas veces, lo primero que se nos viene a la mente al escuchar “ambiente” es la imagen de la “naturaleza” en un sentido puramente ecológico, despojado de sus dimensiones humanas. Esta concepción limitada suele asociar lo ambiental con paisajes vírgenes, alejados de nuestra vida cotidiana. De esta manera, la concepción más tradicional del ambiente lo presenta como un elemento externo, ajeno, desconectado de nuestras vidas y de las problemáticas sociales. Esta mirada refuerza una falsa dicotomía: la de naturaleza versus sociedad. No existe una "naturaleza pura", aislada de lo humano. Incluso el concepto mismo de “naturaleza” es una construcción social: ¿deja de ser natural un bosque porque vive una comunidad en él? ¿Un ecosistema intervenido por una cultura ancestral deja de tener valor ecológico? ¿Dónde empieza lo humano y dónde termina lo natural? Estas son discusiones profundas, con implicancias filosóficas y políticas. Porque, en última instancia, la naturaleza es siempre política: lo es cuando se protege, cuando se explota, cuando se regula, cuando se defiende o se abandona. Está atravesada por instituciones, leyes, intereses y decisiones. Los conflictos ambientales son, en realidad, conflictos sociales y políticos. Después de todo, hablar de justicia social también implica hablar del bienestar del pueblo. Y para ello, es indispensable garantizar un ambiente sano.

¿Qué es el ambiente para el ambientalismo popular? 

El ambiente es la relación viva y dinámica entre las personas y el medio, donde interactúan factores ecológicos, sociales, económicos, culturales y políticos. Es por eso que se habla de sistemas socioecológicos o socioecosistemas, para dar cuenta de esa interdependencia.

En ese mismo sentido, desde el ambientalismo popular entendemos al ambiente como el entorno en el que habitamos, realizamos nuestras actividades productivas, nos desarrollamos y vivimos. Esto, lejos de reproducir la lógica en donde el ser humano hace uso del ambiente para satisfacer sus necesidades sin pensar en las consecuencias, nos permite deducir que las problemáticas y conflictos ambientales generan desigualdad y empeoran las condiciones de vida de la población. Si el ambiente en el que vivimos sufre, también se sentirán las consecuencias entre los actores que componemos el socioecosistema.

Ahora, así como las responsabilidades, el impacto de la crisis ambiental también es diferenciado: mientras algunos parecen casi no verse afectados, son los sectores más vulnerables quienes sufren los efectos con mayor intensidad. De hecho, la ubicación espacio-temporal de proyectos con alto impacto ecológico (allí donde se producen las “externalidades” (1)) muestra un patrón de localización siempre muy cercano al de poblaciones vulnerables y muy lejano al espacio habitado por los grupos más privilegiados. Por todo esto, es necesario abordar las desigualdades estructurales que determinan quiénes se benefician y quiénes padecen las consecuencias del actual modelo de desarrollo. Invisibilizar esas diferencias es perpetuar la injusticia.

Del legado de Perón, Néstor y Francisco a la conducción de Cristina

Tanto Perón en su Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo en 1972, como Néstor en su intervención en la COP 10 sobre Cambio Climático en 2004, y el Papa Francisco en su Carta Encíclica Laudato Si’ de 2015, trazaron líneas fundamentales que hoy siguen siendo faros para el ambientalismo popular.

Los tres advirtieron que el deterioro ambiental no puede separarse de las desigualdades sociales, ni de las profundas asimetrías entre países centrales y periféricos. Denunciaron, con el mismo espíritu, que quienes más han contaminado a lo largo de la historia, los países del norte global, son quienes menos sufren las consecuencias del colapso climático, mientras que los pueblos del Sur global cargan con los impactos más severos y con menos recursos para enfrentarlos.

En sus mensajes, los tres remarcan la estrecha relación entre justicia social y justicia ambiental. Perón advertía que el deterioro del ambiente es “una amenaza para la humanidad toda”, pero que afecta de forma desigual a los pueblos más empobrecidos. Néstor Kirchner, en la COP 10, fue contundente al señalar la responsabilidad histórica de los países desarrollados en el cambio climático y la necesidad de una “deuda ecológica” que sea saldada con financiamiento y transferencia de tecnología. Francisco, por su parte, en Laudato Si’, también denuncia con claridad la existencia de una deuda ecológica del Norte con el Sur Global: “La deuda externa de los países pobres se ha convertido en un instrumento de control, pero no ocurre lo mismo con la deuda ecológica. De diversas maneras, los pueblos en vías de desarrollo, donde se encuentran las más importantes reservas de la biosfera, siguen alimentando el desarrollo de los países más ricos a costa de su presente y de su futuro”.

No solo existe una deuda financiera que ahoga a nuestros pueblos, sino también una deuda ambiental que aún no ha sido saldada, y que exige un nuevo orden internacional basado en la equidad, la solidaridad y la corresponsabilidad.

Los tres, en contextos distintos, convergen en una misma convicción:  el ambientalismo no es una agenda ajena a las necesidades del pueblo, ni una moda importada. Es parte de un proyecto de país con justicia social, soberanía política y cuidado de los bienes comunes. Un ambientalismo popular, con raíz latinoamericana, que defiende el ambiente porque defiende la idea de poder vivir bien.

Y en este marco resulta imprescindible escuchar y seguir el ejemplo de Cristina: después de haber sido dos veces presidenta y una vez vicepresidenta, sigue marcando el pulso del debate político en la Argentina. Desde una mirada profundamente nacional y popular, viene impulsando una reflexión estratégica sobre la economía, la educación, la cultura, pero también sobre la cuestión ambiental, integrando este debate como parte fundamental de una nueva agenda política que dialogue con las demandas del presente y los desafíos del porvenir.

La crítica de Cristina al actual modelo extractivista es clara: en sus intervenciones advierte que la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), tal como lo propone el gobierno de Milei, representa un nuevo estatuto legal de coloniaje, que profundiza una lógica de saqueo sobre nuestros bienes comunes naturales. En sus propias palabras, se trata de una economía “sin valor agregado, sin generación de tecnología, sin investigación ni desarrollo”. Ya desde su presidencia, durante el acto por  la creación del Registro Nacional de Tierras Rurales alertaba sobre el riesgo de una extranjerización irreversible de la tierra y el agua argentino, en caso de eliminarse los marcos regulatorios que se habían conquistado en las últimas décadas.

Como afirmó en su conferencia en Honduras "Los pueblos siempre vuelven", Cristina plantea la necesidad de un Estado inteligente, capaz de planificar, regular y redistribuir, en lugar de quedar reducido a la impotencia frente a los mercados y las corporaciones transnacionales. Frente a una propuesta de país basado en la entrega y la subordinación, ella propone recuperar la idea de una Argentina con soberanía, con industria, con desarrollo y con justicia social. Es desde esta perspectiva que interpela a abrir nuevas discusiones, renovando la agenda política y poniendo en el centro las verdaderas necesidades del pueblo —entre ellas, la construcción de un ambientalismo popular como bandera de soberanía y dignidad.

Hacia una nueva estatalidad ambiental

La depredación ambiental y el saqueo de nuestros bienes comunes naturales fueron y son moneda corriente en la historia de nuestro país y de nuestro continente. Como contracara, el imperialismo occidental usa la preservación del ambiente como un eufemismo para horadar nuestra soberanía, estableciendo barreras paraarancelarias a nuestra producción, o impulsando desde sus embajadas políticas que, camufladas como amigables con el ambiente, atentan contra nuestro derecho de elegir cómo desarrollarnos. En este contexto, los países del sur global parecen acorralados a tener que elegir entre permitir el saqueo de sus bienes comunes naturales por empresas extranjeras o resignarse a que, para preservar el ambiente, la única alternativa propuesta sea naturalizar el subdesarrollo económico.

En este sentido, para superar la trampa en la que el extractivismo mantiene a nuestros pueblos, la clave está en construir un Estado eficaz, que cuente con la confianza, el respaldo y acompañamiento de la sociedad para impulsar un modelo de desarrollo donde la justicia social y la justicia ambiental sean indivisibles. Esto supone rediscutir una regulación y planificación económica, incorporar la voz de las comunidades afectadas y diseñar políticas integrales, garantizando derechos y evitando la concentración de riqueza basada en la sobreexplotación de la naturaleza. No basta con reconocer que el extractivismo es un obstáculo; es necesario que el Estado se convierta en un actor activo, regulador y promotor de alternativas que permitan un desarrollo equitativo y sostenible. En este sentido, el compañero Máximo Kirchner en el último Congreso Ambiental en Moreno decía "estos modelos económicos, aparte, arrasan, no sólo es el extractivismo, sino es la sobrecarga de la explotación con la pátina de la coartada de que hay que pagar la deuda lo que dé lugar. Y arrasan los pueblos de nuestro querido país. Las mineras, las petroleras, nadie niega su existencia, pero estas flexibilizaciones que ustedes ven en la ley Bases, ley bases que votaron algunos que después fingen ser opositores a Milei, también."

Durante décadas, la agenda ambiental y la agenda política parecieron transcurrir en rumbos paralelos, donde se destacaba la inacción del Estado en la defensa de nuestros bienes comunes naturales. En muchos casos, organizaciones territoriales de base han intentado suplir el rol del Estado promoviendo la defensa de los derechos de las comunidades afectadas por la contaminación o la degradación ambiental, buscando que sus voces sean escuchadas en un contexto de creciente estigmatización e invisibilización. Para salir de ese laberinto es imperativo tender puentes y construir redes de diálogo con todas las organizaciones cuyo motor militante sea la justicia social y el engrandecimiento de la Patria. Necesitamos diseñar en conjunto una agenda ambiental que responda a los desafíos reales de nuestro país.

Hoy, más que nunca, ante el anarco-colonialismo que promete el avance desenfrenado del extractivismo amparado por las lógicas del capitalismo salvaje, el crecimiento de la derecha fascista y los negacionismos, necesitamos reforzar la idea de que el abordaje de la crisis ambiental es eminentemente un asunto de defensa de los derechos humanos que le compete a la sociedad en su conjunto. Transversalizar lo ambiental a todo sector que no se sienta representado por el 1% más rico, sin caer en la despolitización, la banalización de las problemáticas y de sus posibles soluciones, debe servir como herramienta para construir nuevas mayorías populares que enfrenten la lógica meritocrática que promueve la individualización de cada ser humano en nuestras sociedades y atenta contra los vínculos comunitarios.

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1. Las externalidades ambientales negativas son los impactos perjudiciales que una actividad económica produce sobre el entorno o sobre otras personas, sin que quien los genera asuma el costo. Por ejemplo, la contaminación del aire por parte de una fábrica; una tala indiscriminada que provoca pérdida de biodiversidad; o el uso excesivo de agroquímicos que contaminan el agua. En estos casos, los costos (enfermedades, pérdida de ecosistemas, limpieza) los asume la sociedad o el Estado, no el responsable.