La Secretaría de Capacitación de La Cámpora Mendoza realizó el jueves pasado una Charla-Debate sobre los aspectos legales de la Mega Minería, y su incidencia ambiental en la provincia.
La presentación instaló el debate en la sociedad y difundió el marco jurídico de Mendoza, además del control que el Estado asume con las empresas multinacionales con intereses en recursos mineros.
Presentados los temas, la charla comenzó con la exposición sobre los Derechos de Tercera Generación, continuó con el marco regulatorio de la Constitución Nacional y luego pasó por la formación de pisos mínimos para la protección del Medio Ambiente en base a creación de leyes Nacionales.
Más adelante se trató la competencia del Poder Ejecutivo y la Legislatura provincial en la elevación de los pisos establecidos en el orden Nacional por la competencia exclusiva y no delegada a la Nación y también se resaltó la intervención municipal como órganos de contralor.
Uso del agua y el impacto ambiental
Durante la participación se hizo hincapié en las declaraciones de impacto ambiental con control de las universidades públicas de Mendoza y sobre todo en las audiencias de carácter no vinculantes. Pero bien estas audiencias, como así también las declaraciones de impacto ambiental, llegan al sometimiento de la aprobación del pueblo, quien es representado en la legislatura provincial, como constitucionalmente se manda.
Con respecto al uso del agua se remarcó el control estricto y la jerarquía constitucional del Departamento General de Irrigación de Mendoza, y la inmutabilidad que ha tenido la Ley General de Aguas en el otorgamiento en cuarto grado de importancia del uso de agua para la extracción de recursos mineros.
Por otra parte, se instó a un control absoluto por parte del Estado Nacional como se hizo con la protección de los glaciares: competencia exclusiva por parte del estado provincial sobre el control estricto del agua, y el correspondiente poder de policía de los municipios, además de exigir siempre el sometimiento al control total por parte de empresas licenciatarias de áreas exploradas.
Para finalizar la jornada se remarcó en el aspecto político la importancia de reclamar ante los sectores concentrados de riqueza, quienes quieren imponer como eje de campaña en el país la falsa antinomia entre tener minería en la provincia o no, los controles necesarios para que no se regalen los recursos naturales, y que el Estado no se vea supeditado a los intereses foráneos.
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La Secretaría de Capacitación de La Cámpora Mendoza realizó el jueves pasado una Charla-Debate sobre los aspectos legales de la Mega Minería, y su incidencia ambiental en la provincia.
La presentación instaló el debate en la sociedad y difundió el marco jurídico de Mendoza, además del control que el Estado asume con las empresas multinacionales con intereses en recursos mineros.
Presentados los temas, la charla comenzó con la exposición sobre los Derechos de Tercera Generación, continuó con el marco regulatorio de la Constitución Nacional y luego pasó por la formación de pisos mínimos para la protección del Medio Ambiente en base a creación de leyes Nacionales.
Más adelante se trató la competencia del Poder Ejecutivo y la Legislatura provincial en la elevación de los pisos establecidos en el orden Nacional por la competencia exclusiva y no delegada a la Nación y también se resaltó la intervención municipal como órganos de contralor.
Uso del agua y el impacto ambiental
Durante la participación se hizo hincapié en las declaraciones de impacto ambiental con control de las universidades públicas de Mendoza y sobre todo en las audiencias de carácter no vinculantes. Pero bien estas audiencias, como así también las declaraciones de impacto ambiental, llegan al sometimiento de la aprobación del pueblo, quien es representado en la legislatura provincial, como constitucionalmente se manda.
Con respecto al uso del agua se remarcó el control estricto y la jerarquía constitucional del Departamento General de Irrigación de Mendoza, y la inmutabilidad que ha tenido la Ley General de Aguas en el otorgamiento en cuarto grado de importancia del uso de agua para la extracción de recursos mineros.
Por otra parte, se instó a un control absoluto por parte del Estado Nacional como se hizo con la protección de los glaciares: competencia exclusiva por parte del estado provincial sobre el control estricto del agua, y el correspondiente poder de policía de los municipios, además de exigir siempre el sometimiento al control total por parte de empresas licenciatarias de áreas exploradas.
Para finalizar la jornada se remarcó en el aspecto político la importancia de reclamar ante los sectores concentrados de riqueza, quienes quieren imponer como eje de campaña en el país la falsa antinomia entre tener minería en la provincia o no, los controles necesarios para que no se regalen los recursos naturales, y que el Estado no se vea supeditado a los intereses foráneos.
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