Salvo honrosas excepciones, el silenciamiento mediático y de la dirigencia política, resulta igual al de jueces y fiscales que tienen la responsabilidad y obligación de investigarlo. Un liso y llano encubrimiento.
Tal como enumeró nuestro compañero Juan Martín Mena, 10 puntos son suficientes para ilustrar qué significa esto:
1) El contenido del celular del atacante, Sabag Montiel, fue borrado al otro día del atentado, estando ya en poder de la jueza; ocultando así información imprescindible.
2) Nunca se profundizó sobre las supuestas organizaciones políticas que rodeaban a los atacantes (Revolución Federal, nueva Centro Derecha, entre otras). Esas organizaciones nacieron meses antes del atentado, recibieron financiamiento político, y desaparecieron al otro día del 1 de septiembre de 2022.
3) Sus integrantes se paseaban y fotografiaban con Patricia Bullrich, asisten al Congreso invitados por diputados del oficialismo y recibieron decenas de millones de pesos de la familia Caputo los meses previos al atentado.
4) 15 días antes del atentado, en una reunión virtual, miembros de estas organizaciones habían explicado cómo realizar el magnicidio. Exactamente la misma mecánica del hecho que ejecutaron los atacantes.
5) Un testigo oyó decir al diputado Gerardo Milman, mano derecha de Bullrich, dos días antes del atentado: "Cuando la maten voy a estar camino a la Costa”.
6) La Justicia dilató todo lo que pudo, hasta que se enterara el propio Milman, el pedido para que entregue sus teléfonos. El contenido de los celulares del diputado y sus secretarias estaba completamente borrado. Es más, entregó un modelo de teléfono que salió a la venta tiempo después del atentado. A la jueza ni siquiera la ofende que le tomen el pelo.
7) En mayo de 2023 una de las secretarias del Milman declaró que ella, el diutado y otra colega fueron citados en noviembre de 2022 en las oficinas de la Fundación de Patricia Bullrich donde un experto en informática borró durante más de 4 horas los teléfonos de todos. La jueza y el fiscal decidieron no investigarlo.
8) Estando preso, el atacante dijo por escrito que de su situación debía hacerse cargo Hernán Carrol (líder de Nueva Centro Derecha). La jueza, otra vez, se encargó de esperar hasta que Carrol lo sepa. Cuando le pidió su teléfono, también había sido completamente borrado los días previos. La jueza nunca lo investigó.
9) Carrol compartió un viaje al exterior con el jefe de gabinete de Milman. Tras un año y medio de requerir que se investigue, ni siquiera resultó relevante para la jueza saber si ese viaje existió.
10) No se profundizó nunca sobre la vecina de Cristina, Ximena Tezanos Pinto, quien los días previos expresaba públicamente que deseaba que los kirchneristas que estén “presos, muertos o exiliados”, mientras hacía ingresar al edificio a los integrantes de Revolución Federal y otras organizaciones.
Si ante la mirada de 47 millones de argentinos y argentinas ocurrió este atentado y no se avanzó ni un ápice, cabe preguntarse qué Justicia le quedará a cualquier ciudadano, que todos los días merece tener a resguardo su derecho a vivir.
La única certeza que la sociedad argentina tiene respecto a este hecho es que, hasta aquí, un sector del Poder Judicial y del poder político no esclareció el intento de asesinato a las dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta en ejercicio al momento del hecho. Y, lo que resulta aún más desesperanzador, es que casi nadie cree que exista la vocación, la responsabilidad, el compromiso y la ética necesaria para llegar a la verdad.
Así empieza este juicio.
*Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires
