Un oscuro día de injusticia
En un fallo inadmisible en Democracia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió no intervenir en la condena a Amado Boudou por el caso de la imprenta Ciccone. Organizaciones sociales, políticas y gremiales realizaron un abrazo en Tribunales como muestra de apoyo al exvicepresidente, y un amplio abanico de sectores manifestó su repudio a este atropello judicial a través de los medios de comunicación.
por
La Cámpora
5 dic 2020
Los cinco miembros de la Corte no hicieron lugar a los recursos que presentaron las defensas de Amado Boudou y de los otros imputados en el caso Ciccone, aplicando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, mediante el cual “según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario”. Es decir, porque sí, sin leer ni analizar el expediente, como si no debieran rendir cuentas de sus actos al pueblo como un poder más que son.
La misma Corte que habilitó hace unas semanas un per saltum con un extenso fallo, para decidir sobre los privilegios de la corporación judicial compuesta por jueces macristas, decide ahora no intervenir en la condena a un vicepresidente de la nación, sin dar un solo fundamento de su decisión.
Y no es casual que ese caso involucrara a uno de los jueces que días después de la vergonzosa condena a Amado Boudou en esta misma causa, fuera ascendido ilegalmente por decreto de Mauricio Macri. Allí sí, la Corte decidió intervenir para decir que el traslado era ilegal pero el juez que fue premiado por condenar a Boudou debía permanecer un tiempo más en el cargo.
Por el contrario, ahora, no analiza ni da explicaciones al negarse a intervenir en un recurso extraordinario que permitiría a todos los argentinos y argentinas tomar conocimiento de las maniobras de persecución política contra funcionarios y funcionarias de los gobiernos populares.
El proceso judicial por el cual Amado Boudou fue esposado y detenido descalzo y en pijamas de madrugada, violando todos sus derechos, está plagado de irregularidades y arbitrariedades. La Corte, una vez más, se corre de su deber de impartir Justicia, para convalidar la estrategia regional de persecución política a dirigentas y dirigentes que supieron garantizar y ampliar derechos a las mayorías. En este caso, un exvicepresidente y exministro de Economía, responsable, entre otros delitos, de recuperar los fondos de las AFJP y devolverlos a los jubilados, jubiladas, trabajadores y trabajadoras.
En sintonía, los medios masivos de comunicación, adelantaron el fallo en su tapa horas antes de la publicación con un ingrediente más: inducir que por esto volvería a la cárcel. La Corte nada dice sobre la prisión domiciliaria que tiene Amado, al igual que otros detenidos, fundada en que tiene hijos pequeños que requieren cuidados especiales, dentro de la asistencia familiar; en el marco de la pandemia del coronavirus. Aún con la condena firme, el regreso al penal dependerá de la resolución de un juez.
A Boudou se le impusieron cinco años y diez meses de prisión efectiva por negociaciones incompatibles con la función pública y por cohecho pasivo, o sea por recibir coimas. Como en todos los casos de lawfare, no hay pruebas de esta acusación y pareciera que no importa. No hay papeles ni contratos ni evidencia alguna de que Amado se haya quedado con acciones de la imprenta, tal como se lo acusa y como se instaló impunemente desde el poder mediático.
La persecución sigue a la orden del día. A pesar del cambio rotundo del signo político del gobierno, una verdadera Democracia requiere de una Justicia que respete y haga respetar los derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas.
