Actualmente en el Estado Argentino el aborto está penalizado, salvo los no punibles contemplados desde 1921 en nuestro Código Penal y confirmados en el Fallo FAL de la Corte Suprema. Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se creó el Protocolo Nacional para las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE); contemplando no sólo los casos de violación sino también el riesgo en la salud y la vida de la mujer, implicando esto un punto central dentro de la salud, siendo que ésta es integral, y en ese sentido la salud es: bio, psico, social como lo define la OMS, cabe aclarar que al ILE no todas las provincias adhirieron.
Hay que tener en cuenta que antes de 1984 los derechos reproductivos se ubicaban en el campo de las políticas demográficas y que algunos quedaban dentro del campo penal, recién en 1985 el Estado Argentino reconoció los derechos reproductivos y derechos sexuales como derechos humanos mediante la ratificación de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y en 1994 se los invistió de jerarquía constitucional, incorporándolos a la Carta Magna mediante el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional (CN). A partir de este hecho e impulsado por el movimiento de mujeres, en trece jurisdicciones provinciales se aprobaron leyes de salud sexual y salud reproductiva.
En octubre de 2002 se sancionó la ley 25.673 aprobada por la mayoría de las/los legisladores/as de los distintos partidos políticos. La norma estableció la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) con el propósito de garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de toda la población y disminuir las desigualdades que afectan la salud sexual y la salud reproductiva, desde una perspectiva de derechos humanos y de género.
El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR) fue el primer paso de un nuevo paradigma de derechos que consistió en la sanción de distintas normas destinadas a garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos incluyéndolos tanto en el campo de la Salud como de la Educación. A partir de allí se sancionaron una gran cantidad de leyes en este sentido: ley nacional 26.130 de Anticoncepción Quirúrgica que incorporó la posibilidad de acceder de manera gratuita a la ligadura tubaria y la vasectomía; la ley nacional 25.929de Derechos de madres, padres y de las personas recién nacidas durante el Proceso de Nacimiento o de Parto Respetado, que reconoce los derechos que asisten a las personas en el embarazo, parto y post parto. La ley nacional 26.150 que estableció el Programa Nacional de Educación Sexual Integral), la inclusión educativa de las estudiantes madres (leyes 25.273 de 2000, 25.584 de 2002 y art. 81, ley 26.206/2006), el matrimonio igualitario, la ley para prevenir, asistir y eliminar todas las violencias contra las mujeres (ley 26.485), en 2012 se sancionó la ley 26.743 de Identidad de Género, etc.
Fue un largo camino, conquista tras conquista, lucha tras lucha, compañeras codo a codo transitaron este largo camino y lo seguimos transitando,nos falta el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, la interrupción voluntaria del embarazo. Es necesaria e imprescindible una ley que reconozca y garantice el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y los cuerpos gestantes, estableciendo su decisión personal como causa exclusiva para la interrupción de su embarazo.
La Cámara de Senadores el pasado #8A se negó a escuchar el clamor de una sociedad que pide a gritos poner fin a los abortos clandestinos e inseguros y deberá esperar un año para volver a ser debatido, la marea verde no retrocede, el aborto sigue existiendo y lo sostendremos en agenda. Sin embargo, la ley por sí sola no sería suficiente, debe ir acompañada de políticas y medidas integrales basadas en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los cuerpos gestantes. Especialmente hay que atender las particularidades y necesidades en materia de sexualidad y anticoncepción de lxs jóvenes y para ello exigimos que se cumpla con la ley de Educación sexual Integral, y asegurar su acceso a todos los métodos anticonceptivos, incluidos los de última generación, dentro de la red sanitaria pública.
Hoy nos encontramos frente a la drástica decisión, nunca antes llevada a cabo durante un gobierno democrático, de desjerarquizar al Ministerio de Salud de la Nación, más allá del enfoque simbólico o administrativo, lo que se esconde detrás es un ajuste sin precedentes en las políticas de salud. Sin un Estado que intervenga con políticas públicas activas para reducir las desigualdades, estas no desaparecen, sino que se profundizan. Por eso alertamos que en un contexto de ajuste brutal, económico-social, y de desguace del Estado, estamos más lejos aún de acceder al programa de anticoncepción segura en todo el territorio nacional si el Ministerio de Salud, quien es rectora en la materia, se desjerarquiza y desaparece como tal las posibilidades de acceder al Programa de Salud sexual y reproductiva es imposible en este contexto, más aun cuando el programa lo comenzaron a desarmar desde el inicio de la gestión el gobierno de Cambiemos, y de ésta manera consolidando el derecho a decidir como un privilegio de los sectores con mayor poder adquisitivo.
El ajuste en el área de salud impactá de manera negativa en la prevención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, en la prevención de embarazos no deseados, en el cumplimiento de las interrupciones legales del embarazo, en los cuidados recomendados en los procesos de embarazo y parto, en los tratamientos de fertilidad asistida, así como en los insumos y recursos necesarios para dar cumplimiento a la Ley de identidad de género y a la Ley de parto respetado, entre otros derechos.
La desjerarquización del Ministerio de salud va de la mano de la destrucción de la educación pública y del desarrollo nacional de la ciencia y la tecnología, teniendo un impacto negativo en la salud de la población y en consecuencia una sobrecarga de las tareas de cuidado en las mujeres y niñas. Cuando el Estado retira sus políticas de integración y cuidado, esas tareas recaen sobre nosotras. Nuestra igualdad de oportunidades se verá aún más obstaculizada.
Es por ello que cuando comenzó el debate en diputados hasta el 8A, creímos que podíamos arrancarle al neoliberalismo un derecho para las mayorías populares y soñamos que podía ser posible una conquista en tiempos de recortes, de ajuste, de opresión y represión, y por eso éste #28S llenamos las calles de verde, porque la realidad nos confirmó una vez más que la conquista de derechos solo es posible bajo gobiernos populares que representen a las mayorías, por eso reafirmamos que: “el aborto solo puede ser legal bajo un gobierno nacional, popular, democrático y feministaˮ
