A una semana de su asunción, Mauricio Macri ya dejó bien claro cómo será su Gobierno. Lejos del diálogo que pregonaba, de su apego a las instituciones y a la división de poderes que tanto reclamaba al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el presidente decidió avanzar a fuerza de decretos por sobre algunos de los mayores símbolos y reflejos de la participación social y la transparencia en los actos de gobierno.
¿El Congreso y su legitimidad emanada del voto popular, las atribuciones conferidas por la Constitución a cada institución del Estado en función de la división de poderes, y todos los valores de la República que llevaron como bandera durante la campaña electoral y durante años de oposición al gobierno de Cristina? Bien, gracias. En tan sólo seis días hábiles, Macri firmó más decretos que en los últimos ocho años de gobierno.
No fueron meras formalidades: en uno de ellos designó dos jueces de la Corte Suprema, después de tanto hablar de avasallamiento de la “Justicia independienteˮ, de asegurar que “no habría jueces macristasˮ y de que una ofensiva constante del Partido Judicial, abocado como nunca antes a la protección de los poderes concentrados de nuestro país, dejara sin efectos leyes enteras de democratización de la Justicia y de modernización de la administración del servicio de justicia.
Entre sus primeras firmas estuvo el nuevo esquema del Poder Ejecutivo, en el cual disolvió ministerios y redistribuyó atribuciones dando por tierra con leyes fundamentales de más de una década de democracia. De un decretazo, vulneró la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Argentina Digital, y sus órganos de aplicación (AFSCA y AFTIC) pasarán a la órbita de un nuevo Ministerio de Comunicaciones.
En el mismo decreto, al colocar Educación y Deportes en una misma cartera a cargo de Esteban Bullrich, demostró otro lineamiento político que da la espalda a años de debates, luchas y avances institucionales en torno a la educación: ligó ese ministerio a un marco legal obsoleto y retrógrado: el Pacto Educativo Federal y la Ley Federal de Educación, que llevaron a los docentes a montar la Carpa Blanca frente al Congreso 18 años atrás.
Desconoció así a las leyes de Educación Nacional, la Ley de Educación Técnica y la Ley de Financiamiento Educativo, y retrotrajo las normas del sistema educativo desconociendo a las escuelas técnicas y las paritarias docentes, volviendo al EGB y Polimodal, negando la obligatoriedad de la sala de 5 años y reduciendo el presupuesto educativo del 6 al 3 por ciento del PBI. ¿La respuesta? “Fue un errorˮ. Nadie lo corrigió todavía.
A todo esto le siguió una brutal devaluación con el anuncio con bombos y platillos del fin del “cepo al dólarˮ, y la flexibilización de muchos de los mecanismos que tenía el Estado para intervenir en la economía y corregir los desequilibrios propios de un sistema en el que muy pocos aspiran a quedarse con mucho. La fuga de divisas y la transferencia de los recursos de los sectores populares a los sectores concentrados no serán un error de cálculo, sino consecuencia directa de una decisión política que apunta a concretar ese mismo objetivo.
Macri no se valió de la cadena nacional para informar ninguna de sus medidas de gobierno. Cada paso que da es celebrado, vitoreado, defendido y protegido por los medios hegemónicos de comunicación. Pero habrá que leer dos veces los títulos para desentrañar los verdaderos motivos y efectos de las medidas de gobierno, ahora que nuevamente el Poder Ejecutivo está al servicio de los medios hegemónicos y de los poderes concentrados.
La “campaña del miedoˮ de a poco se va verificando. “Unir a los argentinosˮ y la “pobreza ceroˮ difícilmente fueran fórmulas que explicaran el modelo de fondo que viene de la mano con Macri. Quizá sólo hace falta mirar hacia atrás para recordar que estas medidas describen un recetario que ya vimos aplicar hace tan sólo 25 años, y que conducen inevitablemente a los mismos resultados: un pueblo empobrecido y unos pocos dueños de todo.
