Este fin de semana cae un nuevo vencimiento de contratos en el Estado que, como todos los anteriores, resulta una amenaza abierta de despido para decenas de miles de trabajadorxs estatales, cuyo salario, en la enorme mayoría, es el sustento de sus familias.
El pasado 27 de abril, en Quilmes, Cristina definió el gobierno de La Libertad Avanza como un experimento anarco-colonialista. Lo colonialista refiere a la extranjerización de los recursos nacionales bajo la dominación extranjera y multinacionales, y lo anarco apunta al desmantelamiento del Estado. Ambos conceptos van enlazados porque la sumisión de la Patria solo es posible en la medida en que se destruyan los mecanismos de planificación, desarrollo, control y regulación que significan las políticas públicas impulsadas y sostenidas desde el aparato estatal.
Desde que asumió Javier Milei, las trabajadoras y trabajadores del Estado se convirtieron en uno de los enemigos principales: rememorando el gobierno macrista (2015-2019) y el concepto de “grasa militante”, desde el discurso oficial, replicado en las redes sociales y los medios de comunicación por trolls y “periodistas”, se lleva adelante una campaña de estigmatización, persecución, violencia y demonización de quienes día a día sostienen, en todos los territorios y niveles de gestión, las políticas públicas.
Las y los trabajadores son sistemáticamente violentados con la perversa estrategia de limitar la duración de los contratos y de revisarlos cada tres meses; o la disolución, reformulación o reorientación de los distintos organismos y ministerios. No pueden pensar en otra cosa: si habrá despidos en sus áreas, entre sus compañerxs o conocidxs. Y esto corre paralelamente a la la pauperización de los salarios en la Administración Pública luego de la mega devaluación de diciembre y la inflación acumulada en estos casi nueve meses de gobierno.
Los doce años y medio de gobierno de Néstor y Cristina se caracterizaron por una fuerte y eficiente presencia del Estado, a través de políticas públicas para garantizar la inclusión social y el desarrollo productivo y económico.
Las “políticas públicas” no son entes abstractos que funcionan solo porque se sancionan mediante leyes o resoluciones. Las políticas públicas solo pueden ser eficaces y transformadoras en la medida en que haya trabajadorxs capacitadxs y comprometidxs para hacerlas reales y concretas en el territorio, en cada ciudad, en cada provincia: ¿cuántos pibes se hubieran quedado sin la Asignación Universal si no hubiera sido porque lxs trabajadorxs de la ANSES se esforzaron por localizarlos, garantizar que cobraran el dinero, fueran a la escuela y completaran el calendario de vacunación? ¿Cuántxs jubiladxs hubieran fallecido esperando sus medicamentos si no hubiera sido por lxs trabajadorxs de PAMI que los contactaron, les informaron cómo realizar los trámites para obtener la medicación gratuita, cómo sacar turno para su médicx de cabecera?
Desde la atención a víctimas de violencia de género a través de la línea 144, hasta la fiscalización de residuos de grandes industrias; desde la planificación de programas de crédito para la vivienda hasta la confección del DNI y el pasaporte: todo lo que necesita nuestro país para funcionar, crecer, desarrollarse, todo lo que necesitan nuestros habitantes para que se garanticen sus derechos y se cumplan sus sueños, depende de lxs trabajadorxs del Estado.
El anarco-colonialismo de la Libertad Avanza tiene un objetivo máximo: la disolución absoluta de la Patria. Milei y sus cómplices saben que es una condición necesaria para cumplir este objetivo que no queden agentes estatales sosteniendo las políticas públicas. Frente a esta nueva embestida de los que odian a nuestro país y nuestro pueblo: resistencia, organización y solidaridad.
