El viernes 28 de febrero despidieron a más de 250 trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), organismo actualmente presidido por Lucas Figueras. En total, son aproximadamente 400 los y las trabajadoras despedidos desde que asumió el gobierno.
En noviembre pasado, con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de finalizar su intervención en la causa "Mendoza" decíamos que, entre otras cosas, esta definición daba vía libre al ajuste y la reducción de un organismo que hasta que asumió Milei había llevado adelante políticas públicas de saneamiento con indicadores de impacto positivo en los más de 4.7 millones de personas que la habitan. (https://www.lacampora.org/articulos/riachuelo-sin-justicia).
ACUMAR tiene la función de regular, controlar y promover actividades para el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo integrada por 14 municipios de la Provincia de Buenos Aires y varias comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El impacto de este ajuste incide negativamente en un territorio habitado por 4.7 millones de habitantes, que verán cómo el ambiente se degrada y su calidad de vida también.
La tarea del organismo es clave para la prevención de daños futuros, recomponer el ambiente y mejorar la calidad de vida de los habitantes. El Plan Integral de Saneamiento Ambiental que ACUMAR debe implementar no se podrá llevar adelante sin los trabajadores y trabajadoras que cada día realizan su trabajo. ¿La consecuencia? Volveremos a habitar una cuenca más sucia, menos justa y más contaminada.
Aunque no sorprende, considerando que el propio presidente de la nación declaró públicamente que las empresas pueden contaminar un río porque "sobra agua". Este desguace llevado adelante es un atropello más del gobierno de Javier Milei y Caputo (de quien depende el organismo) y sus funcionarios. Una vez más, sus decisiones favorecen "al libre mercado " de empresarios que buscan maximizar sus ganancias a costa de nuestra salud ambiental, en perjuicio de los sectores vulnerados que habitan la cuenca.
El argumento del "achicamiento del Estado" se traduce en un Estado que renuncia a su rol de garantizar derechos básicos. Detrás de la falsa promesa de eficiencia, lo que realmente se busca es debilitar las instituciones públicas y liberar el camino para negocios privados a costa de la calidad de vida de la mayoría. El ajuste en ACUMAR es una muestra más de que desmantelar el Estado no es gratuito: el costo lo pagan los millones de habitantes de la Cuenca, que quedan expuestos a un ambiente cada vez más degradado y peligroso.
Despedir y ajustar significa una regresión en materia de derechos ambientales, desmantelando un organismo que nació a raíz de un fallo emblemático que no se produjo por magia, sino que fue el resultado de las demandas de una comunidad organizada que luchó contra la contaminación ambiental y por el reconocimiento efectivo del derecho a vivir en un ambiente sano. Despedir y ajustar significa condenar a la Cuenca, y sus habitantes a un retroceso ambiental y social. Mientras unos pocos hacen negocios, la mayoría sufre las consecuencias.
