Organizaciones civiles, políticas y sociales; sindicatos; partidos políticos; institutos y fundaciones ambientales; centros de estudiantes; cooperativas de trabajo y distintos colectivos y espacios, comenzaron a llevar adelante acciones conjuntas estos últimos meses a raíz de la profunda preocupación compartida por la defensa del derecho a un ambiente sano y la conservación de los bienes comunes naturales, que son puestos en riesgo ante la posible aprobación en el Senado de la Nación del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
La eliminación del llamado “Capítulo Ambiental” de las primeras versiones del proyecto de ley no morigeró en absoluto el carácter regresivo e inaudito en materia de legislación ambiental, cuyas consecuencias serán la profundización de las inequidades, la re-primarización de nuestra economía, el extractivismo con laxitud en los estándares conquistados de protección ambiental y la extranjerización de nuestros recursos estratégicos.
Hoy, con la firma y el aval de cientas de estas organizaciones, se presentó una carta a aquellos senadores y senadoras que han manifestado su voto a favor o aún no se han manifestado, para que rechacen este proyecto que no es más que una legitimación legislativa de la mayor desregulación económica, política y ambiental de nuestra historia.
Este proyecto, propuesto por el gobierno de Javier Milei pretende embestir nuestro país con las tres flexibilizaciones de las que habla el compañero Maximo Kirchner: la flexibilización impositiva, la laboral y la ambiental. El objetivo central del paquete de medidas es ejecutar un plan sistemático para el remate de nuestras posibilidades de crecimiento, desarrollo e industrialización como país, otorgando toda clase de facilidades y beneficios a empresas extranjeras para despellejar nuestros territorios, poniendo en riesgo nuestra soberanía como país. No hay precedentes en la historia Argentina de semejante entrega planificada.
Párrafo aparte merece el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) si lo miramos desde la perspectiva ambiental. Esta norma, de aprobarse, tendrá impactos ambientales de un alcance sin precedentes, especialmente porque estas inversiones se volcarán sobre actividades extractivas. Beneficios cambiarios, impositivos y normativos a 30 años, más una fuerte promoción a la re-primarización de nuestra economía, consolidan un combo propio de un enclave colonial. El RIGI no sólo nos retrotrae al colonialismo de fines del siglo XIX y principios del XX sino que contrasta con las políticas proteccionistas que ejercen hoy los países del resto del mundo y nos llevaría a incumplir los compromisos internacionales, en materia ambiental, ya asumidos.
Por si fuera poco, en su artículo 3, la Ley faculta al Poder Ejecutivo Nacional a eliminar organismos de la administración nacional vitales para la protección y gestión de la naturaleza como la Administración de Parques Nacionales (APN) o indispensables para la prevención y gestión de riesgos como el Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) o el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); como también faculta la eliminación de fondos de relevancia para la política ambiental como el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de Bosques Nativos y el Fondo Nacional del Manejo del Fuego. La inexistencia de estas instituciones pondría a millones de personas en una situación de mayor vulnerabilidad e incertidumbre, en un contexto donde la crisis climática nos adelanta un futuro con condiciones más hostiles a las actuales.
En el capítulo sobre privatizaciones, es importante destacar el saqueo de nuestros bienes comunes naturales, sin un correlato en el desarrollo estratégico ni en la prestación de servicios de calidad que significaría la privatización de empresas como AYSA, Nucleoeléctrica Argentina, ENARSA, Belgrano Cargas o Aerolíneas Argentinas.
La defensa de nuestro ambiente es ni más ni menos que la defensa de un piso de condiciones mínimas para que las generaciones futuras, sus hijos y sus nietos, vivan con algo de dignidad y no en tierra arrasada. Por todo esto es fundamental que este proyecto de ley sea rechazado en su totalidad.
