Los abanderados del gobierno abierto habían firmado nada menos que un convenio para que ANSES comparta con la Secretaría de Comunicación del gobierno nacional su base de datos con información sobre todos y cada uno de los ciudadanos de la República Argentina. Horas después, hasta el concepto mismo de “convenioˮ estaba puesto en duda: quedaba claro el beneficio que obtenía la Secretaría de Comunicación, que se hacía con los datos de todos los argentinos. No quedaba tan claro qué beneficio obtenía, en cambio, ANSES, cuyos responsables deberán en todo caso enfrentar las preguntas de los contribuyentes acerca de la utilización de sus datos personales. ¿Puede el Estado obligar a una persona a recibir publicidad oficial a cambio de registrarse en Anses para, por ejemplo, cobrar la Asignación Universal por Hijo? A partir del convenio, puede.
La pregunta siguiente refiere a la necesidad de la medida: ¿para qué necesita la Secretaría de Comunicación de la Nación la información personal de todos los ciudadanos del país? El Gobierno Nacional dio tres respuestas diferentes.
La primera fue la formal: el convenio sostiene que la Secretaría “debe mantener informada a la población a través de sus diversas modalidades, que incluyen desde las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona, de forma de lograr con los ciudadanos un contacto individual e instantáneoˮ. Dice también que “resulta esencial para el ESTADO NACIONAL la identificación, evaluación y análisis de problemáticas o temáticas de interés en cada localidad del país, así como la comprensión y detección de variables sociales y culturales que permitan incorporar la diversidad federal en la comunicación públicaˮ, entre otros considerandos que se pueden leer.
En concordancia con la primera, la segunda respuesta fue que a, partir de esa base de datos, la Secretaría de Comunicación iba a poder contar con información segmentada por zonas para comunicarle a cada sector lo justo y necesario. Por ejemplo, según el gobierno nacional, con el número de CUIL de cada argentino la Secretaría de Comunicación iba a poder conocer que en la zona norte del país hubo una epidemia de dengue, que en la zona centro hubieron muchas alertas y que, en cambio, en el sur del país donde la temperatura es baja, el mosquito no resiste. El ejemplo no es caprichoso ni malintencionado: es el ejemplo que fuentes oficiales utilizaron para justificar la medida al diario Clarín. Sano habría sido que el Ministerio de Energía hubiera contado con semejante capacidad de segmentación el día que se le ocurrió implementar un incremento de tarifas parejo en un territorio que va desde el caluroso Jujuy hasta la más fresca Tierra del Fuego.
Las dos primeras justificaciones, acompañadas por el fuerte respaldo del Jefe de Gabinete, promotor y principal defensor de la medida, se cerraron con el argumento del Coordinador de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete, Hernán Iglesias Illa, quien sostuvo que “la Secretaría de Medios necesita esos datos para hacer el bienˮ. Categórico.
Lo cierto es que el sistema constitucional moderno no contempla diferenciaciones en las acciones que tomen los habitantes del país de acuerdo a si sus intenciones son hacer el bien o, en cambio, hacer el mal. Lamentablemente, siglos y siglos de vida en sociedad demostraron que los hombres suelen diferir en sus concepciones acerca del bien y del mal, razón por la cual hubo que idear sistemas de reglas que rijan esa convivencia.
Uno de esos sistemas de reglas son las leyes aprobadas en el Congreso. Por ejemplo, la ley de protección de datos personales que limita la utilización de datos personales con fines para los cuales no fueron recabados. En estos días algunos funcionarios del gobierno aseguraron que, cuando se trata de compartir información “entre dependencias de los órganos del Estado en forma directaˮ, no se necesita el consentimiento nuevamente. Hasta ahí es cierto pero el artículo continúa: “en la medida del cumplimiento de sus respectivas competenciasˮ.
La medida es a todas luces ilegal y de ahí que todo el arco político se expresara en contra. Pero la pregunta definitiva sigue siendo para qué.
¿Para qué necesita la Secretaría de Comunicación la base de datos personales de todos los argentinos?, ¿es suficiente el tamaño de esa Secretaría para procesar esa cantidad de información, van a contratar personal extra o existe la posibilidad de que eventualmente alguna consultora privada se haga con la administración de esa base?, ¿cómo va a garantizar, esa Secretaría, la seguridad informática de semejante base de datos con tal nivel de sensibilidad?, ¿es responsable otorgarle la base de datos a toda la línea de comunicación de la campaña del PRO en 2015 que trabaja actualmente en Jefatura de Gabinete?
Las preguntas están sin respuesta porque, paradójicamente, la Secretaría de Comunicación que depende de Marcos Peña no comunicó los alcances del convenio, su forma de implementación.
Huelga decir que el contexto no ayuda a la claridad de la comunicación de esta medida que tomó el gobierno. Las denuncias de diversos medios periodísticos sobre una campaña en redes sociales contra el conductor Marcelo Tinelli (que acabó en el boicot a un programa de televisión que terminó midiendo el doble de puntos de rating) revelan el dispositivo que montó el PRO para campañas positivas y negativas en redes sociales. Aparentemente, en el orden de prioridades de gobierno primero está perseguir imitaciones y luego usar las redes sociales para monitorear las quejas por el precio del aceite, las 70 mil personas sin luz o el tarifazo a todos los servicios públicos sin segmentación alguna.
A eso se le suman las reuniones que mantiene el Gobierno con las telefónicas para obtener los datos de los titulares de los teléfonos celulares, “sólo para el caso de delitos que conlleven riesgo de muerteˮ, algo que por supuesto ya está previsto.
Aún después del escándalo, incluso, Anses avanza con un convenio para intercambiar información de beneficiarios de programas con los bancos: domicilio, dirección de email, número de teléfono, celular y “todo lo que quieran agregarˮ. Claro que es en el marco de la “reparación históricaˮ a los jubilados.
Porque la seguridad de las personas, la reparación histórica a los abuelos, la necesidad de entablar una conversación con el vecino, siempre son buenos escudos argumentales para otorgarles a los estrategas de campaña un recurso único para las elecciones del año que viene y las que vengan después.
No deja de ser paradójico que el gobierno que vino a desandar la construcción de un Estado con mayores capacidades para intervenir en determinados sectores quiera utilizar los beneficios de “la pesada herenciaˮ, como una base de datos amplia y con muchos argentinos y argentinas que por primera vez en muchos años empezaron a acceder a los derechos que les correspondían.
Que el gobierno de Mauricio Macri pretenda usar esa información para estrategias de big data en las campañas políticas no deja de ser paradójico. Porque para construir esa información hubo primero que construir un Estado con muchas capacidades para intervenir, redistribuir la riqueza y llevar los derechos a cada vez más argentinos.
Ese Estado que hoy, todos los días, se achica un poco más para que entren los que siempre gobernaron. Los verdaderos y únicos ganadores de este modelo.
