El 15 de agosto de 1972, tras un coordinado motín, se fugaron del penal de máxima seguridad de Rawson unos veinticinco presos políticos, que militaban en Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Menos de cien días faltaban para que Perón regresara a la Argentina luego de diecisiete años de proscripción y apenas cuatro meses para que el Congreso Justicialista proclamara a Héctor Cámpora como candidato a presidente del FREJULI. El 25 de agosto se vencía el plazo dispuesto por el dictador Lanusse para resolver quiénes podrían presentarse a las tan esperadas y amañadas elecciones, todavía bajo reglas abiertamente proscriptivas.
Desde el aeropuerto de Trelew, explicaba Pedro Bonnet en una conferencia de prensa: “Ya que estamos en la Patagonia concebimos esta Nación y esta lucha como la continuación de la que libraron todos los obreros rurales y los obreros industriales en el año 1921 y que fueron asesinados por el Ejército, por la represión”.
Una semana después de aquella fuga, mientras el gobierno de facto presionaba a Salvador Allende y el Estado chileno para que extraditara a los seis “comandantes” que habían logrado cruzar la cordillera en un avión, los diecinueve compañeros y compañeras restantes -detenidos el mismo 15 y trasladados a la Base Aeronaval Almirante Zar- eran sacados de sus celdas en plena madrugada y ametrallados a sangre fría por orden del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa y el teniente Roberto Bravo. El saldo de la masacre fueron dieciséis muertos y tres sobrevivientes, los tres desaparecidos durante la última dictadura.
Si la proscripción había comenzado con un fusilamiento clandestino-el de los basurales de José León Suárez-, hizo falta otro para recordar que la proscripción electoral podía levantarse, pero de ninguna manera las Fuerzas Armadas, guardia pretoriana de la oligarquía y el imperialismo, tolerarían la construcción de una Patria liberada, con un pueblo feliz.
Para tapar sus crímenes, la dictadura sancionó la misma noche del 22 una ley que prohibía cualquier tipo de comunicación que hiciera referencia a organizaciones guerrilleras. Unos pocos cuerpos militantes habían conmocionado todo el país y de lo que se dijera acerca de ellos pendía buena parte del destino político de la Argentina. Por eso, en medio del velatorio celebrado en la sede nacional del Partido Justicialista, ubicado en Avenida La Plata 254, irrumpió la Guardia de Infantería de la Policía Federal para desalojar el acto y llevarse los ataúdes.
Por eso también, el 24 de mayo de 1973-en vísperas de la asunción de Cámpora, cuya primera decisión como presidente fue cumplir su promesa de “ni un solo día de gobierno popular con presos políticos”- Francisco “Paco” Urondo entrevistó en la cárcel de Villa Devoto a Alberto Miguel Camps, Ricardo René Haidar y María Antonia Berger, quienes vivieron para poder brindar su testimonio. De esos intercambios saldría “La Patria fusilada”, texto publicado durante el mes de junio en la revista El Descamisado.
“Para nosotros relatar lo de Trelew es una obligación. Para con nuestro pueblo, por todos los compañeros que murieron allí, que aportaron con su muerte, con su lucha, a todo ese proceso”, decía Camps. “Si algo tenemos que hacer, si para algo sobrevivimos nosotros, es para transmitir todo eso que los otros, por haber muerto, no pueden hacerlo”, concluía Haidar. Quizá el momento más conmovedor de aquel ejercicio de memoria sea la reconstrucción de lo que María Antonia hizo tras recibir el impacto de las balas:
“Siempre te queda una esperanza y luchás con ese margen. Me acuerdo que después yo decía: ‘Pero si me muero, quisiera escribir aunque sea en la pared los nombres que sean. Poner: Sosa, Bravo’. Pero entonces agarro, y con el dedo y con la sangre (me acuerdo que mojo el dedo) empiezo a escribir cosas en las paredes. Enseguida se apiolan y viene uno con un tarrito y borra enseguida.
Urondo: ¿Qué habías escrito?
Berger: L.O.M.J.E.
Urondo: ¿Lomje?
Berger: L.O.M.J.E., libres o muertos, jamás esclavos”.
Recién en el año 2012, durante el segundo gobierno de Cristina, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de dieciséis homicidios y tres tentativas, calificados como delitos de lesa humanidad, mientras reiteraba el pedido de extradición de Roberto Bravo, prófugo en los Estados Unidos. En 2014, la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó las condenas y anuló las absoluciones de Rubén Paccagnini y Jorge Bautista, aunque la sentencia nunca quedó firme.
No es casualidad que la derecha mafiosa que encarceló y proscribió a Cristina eligiera el 22 de agosto de 2022-a 50 años de la masacre- para que el fiscal Luciani expusiera su histriónico y bochornoso alegato. Decía Cristina ese mismo día que no estaba frente a un “tribunal de la Constitución” sino ante “un pelotón de fusilamiento mediático-judicial”, que la condenaba falto de pruebas y privándola de su derecho de defensa.
Así como sin Trelew no se explica el Terrorismo de Estado y la desaparición de 30.000 compañeros y compañeras militantes.
En honor a quienes nos antecedieron en la lucha y dieron su vida por una patria mejor, tenemos la obligación de seguir de pie, de liberar a Cristina y de recuperar junto a nuestro pueblo el rumbo que perdimos hace ya diez años. La dignidad y las convicciones no se negocian, se defienden. Y por muy difícil que venga la mano, sabemos como María Antonia Berger que siempre queda una esperanza y que la vida no consiste en otra cosa que rebelarse contra los límites de lo posible, escribir nuestras verdades en las paredes y ampliar los márgenes de una experiencia que valga la pena vivir.
LOMJE
