Por Ignacio Otegui
Esa finalidad sería, según los periodistas militantes de la Alianza Cambiemos, como Luis Majul y Alfredo Leuco, la caída del gobierno de Mauricio Macri, utilizando como herramientas un entramado variopinto de acciones violentas.
Sin embargo, este nuevo capítulo del relato M tiene un doble objetivo maquiavélico: criminalizar la creciente protesta social y, de paso cañazo, culpar al kirchnerismo de azuzar un plan subversivo.
Para hacer creer que existe tal plan, desde el gobierno han colaborado con los medios de comunicación oficialistas urdiendo operaciones diversas en función de instalar que existen grupos violentos que buscan atentar contra el Presidente u otros funcionarios. Esto además reforzado por el contexto internacional y la amenaza latente del terrorismo de ISIS.
Fue así que en la previa del 25 de mayo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se apresuró en informar que habían capturado a unos supuestos terroristas portando bombas Molotov los cuales se dirigían rumbo a Plaza de Mayo para atentar contra los festejos, los cuales, dicho sea de paso, fueron para muy poquitos debido al vallado.
Como si fuera programado, el intendente macrista de Bahía Blanca, Héctor Gay, alertó en su discurso por los festejos de la Revolución de Mayo sobre la existencia de “enemigos importantes de adentro y de afueraˮ, y criticó a “grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventudˮ. Finalmente arengó que “no son tiempos para tibiosˮ.
Luego vinieron los “ruidazosˮ en reclamo por los tarifazos en los servicios públicos, con diferentes intensidades alrededor del país. Esto también motivó declaraciones por parte de las autoridades de Cambiemos tendientes a instalar la idea de desestabilización. En Balcarce, el intendente radical Esteban Reino fustigó contra los manifestantes diciendo que son grupos “cómplicesˮ de corrupción que “alteraron la paz socialˮ.
Luego vino otro episodio del 'Pato Bullrich Show' con la detención de dos jóvenes por difundir a través de la red social Twitter "mensajes amenazantes" con consignas de aparente índole terrorista, escritas en árabe, y que advertían sobre la posibilidad de ataques contra la ciudad de Buenos Aires y el presidente Macri.
El siguiente hito fue la visita de Macri y Vidal a Mar del Plata, donde fue recibido en el barrio Belisario Roldán por un grupo numeroso de vecinos molestos con su gestión. Desde el gobierno y sus esbirros mediáticos intentaron instalar que el mandatario y la gobernadora fueron atacados a piedrazos, operación que se cayó luego de circular un video más las declaraciones del jefe de la Policía Bonaerense de la zona negando la versión presidencial.
Además, cabe consignar que con una sincronía semanal cuasi perfecta surgen noticias de supuestas amenazas tanto a Macri como Vidal, las cuales están siendo investigadas.
Democracia de baja intensidad
A pesar de lo tragicómico, esto no es un sinsentido producto de la inoperancia de Bullrich u otro integrante del gobierno. Tiene un objetivo claro, que es criminalizar la oposición real al gobierno de la Alianza Cambiemos en pos de una democracia de baja intensidad.
Para ello, han iniciado una estrategia de represión política, implementada mediante la difamación, deslegitimación y judicialización, para debilitar y romper el tejido social bajo argumentaciones relativas a la seguridad ciudadana, siguiendo el modelo que España impuso primero en el País Vasco, utilizando como excusa la presencia de ETA, y que luego extendió a todo el territorio por el terrorismo yihadista, aunque en realidad era para cercenar la protesta social que generó la crisis económica.
Este proceso de criminalización de las ideas se da en un contexto de negación o restricción de derechos, que normalmente afecta a la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos y que acarrea un proceso de descomposición y ruptura social. Consecuencia de estas negaciones y restricciones, y con el ánimo de evidenciarlas y combatirlas, una parte de la sociedad se organiza y ejerce su derecho a la protesta social.
Bajo el pretexto de la inseguridad, los Estados, en lugar de asumir su responsabilidad como garantes de derechos, responden restringiendo nuevos derechos mediante reformas legislativas que limitan la libertad de expresión, de manifestación, de asociación y de acceso a la información, entre otros. Ejemplos no hay solamente en España, donde existe hace un año la Ley Mordaza (paradójicamente llamada “de Seguridad Ciudadanaˮ). También los hay en otros faros donde Macri gusta buscar luz a sus políticas, como Estados Unidos y la Patriot Act que impera desde 2001, luego del ataque a las Torres Gemelas.
El paradigma de control social represivo español es el que más adeptos tiene en la Alianza Cambiemos. En ese país se sanciona hasta con 600 mil euros a personas que participen en manifestaciones o reuniones no comunicadas frente a instalaciones gubernamentales, que en nuestro caso serían la Casa Rosada, el Congreso o hasta un hospital o universidad.
Además, el uso no autorizado de imágenes, datos personales o profesionales de autoridades y miembros de las fuerzas de seguridad pagan una multa de 30 mil a 600 mil euros, según el caso. Para poner en concreto: ni un particular ni un medio de comunicación puede fotografiar o filmar el accionar policial.
Y, tal como ya hace el Ministerio de Seguridad de la Nación en nuestro país, se criminalizó la libertad de expresión en redes sociales, considerando alteración las convocatorias de protestas vía Twitter, Instagram o Facebook o las críticas al Rey u otras figuras.
Para la ceocracia esto es imprescindible, porque el modelo de ajuste salvaje no cierra sin represión. Con la complicidad de los medio de comunicación, se genera la necesidad de controlar ese peligro que busca alterar la paz social, encubriendo al auténtico gestor de esa alteración, que es el gobierno y sus políticas neoliberales de inequidad. Y el Estado podrá entonces abusar de herramientas que ya utiliza subrepticiamente, como el control de las redes sociales.
Así, quedará a criterio del Partido Judicial y las fuerzas de seguridad si es una amenaza terrorista la protesta social, si es subversión la simple crítica, si la información que brindan los medios no cooptados por las corporaciones es apología de golpismo. Por eso es preciso no caer en ese juego, porque como manifestó Máximo Kirchner en su discurso luego de la Marcha de la Resistencia “nos quieren provocar constantemente, llama la atención que califiquen un simple acto democrático que es que la gente se movilice como un plan subversivo; llama la atención que vean fantasmas en todos lados, precisamente en nosotrosˮ.
