El ajuste, la única certeza que brinda Cambiemos
La prensa oficialista, los voceros del Gobierno, economistas afines y sectores del empresariado están anunciando que luego de las elecciones de octubre el Ejecutivo pisará el acelerador en el ajuste que ya provocó el deterioro de todos los indicadores sociales y económicos.
por
La Cámpora
7 jun 2017
La Argentina hoy es gobernada por una coalición empresaria, mediática y judicial. Cuando algún actor de esos sectores solicita o especula con el ajuste que ellos llaman sinceramiento u ordenamiento de las cuentas públicas, en realidad están adelantando lo que es una definición, porque ellos forman parte de la toma de decisiones.
Sin ningún pudor, La Nación ya advertía el 10 de marzo que “moderarán la suba de tarifas y el recorte del gasto hasta después de las elecciones. Macri ordenó demorar medidas para evitar reacciones negativas con impacto en los comicios de octubreˮ. Tienen plena consciencia de que sus políticas perjudican a la inmensa mayoría de los argentinos, y que si las implementan antes de las elecciones podrá verse desmejorada su performance electoral.
Sin embargo, es vox pópuli que los últimos meses del año habrá un nuevo tarifazo en los servicios públicos y en el transporte. Se conoció que en la reunión de Gabinete de ayer el presidente Macri y el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, exhortaron a todos los ministros a presentar un plan de ajuste de sus áreas que incluya reducción y/o eliminación de programas y de la nómina de trabajadores públicos. A su vez, fueron enfáticos en que seguirán reduciendo subsidios lo que generará una suba inmediata del agua, la luz, el gas y el transporte.
En relación a este último punto, para la ciudad de Buenos Aires se sabe que, con el visto bueno de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta evalúa la llegada de actores extranjeros cuando se renueve a fin de año la concesión del subte, y el aumento del valor del pasaje sería una de las condiciones para sellar el acuerdo.
Más preocupante es el futuro que les deparan a los adultos mayores. Ya fueron víctimas de la desidia con la eliminación de las moratorias, la denigrante pensión universal, el recorte de prestaciones del PAMI y la pérdida de la gratuidad de numerosos medicamentos. Ahora van por la privatización del sistema previsional. El resultado de esa política en los 90 fue que un tercio de personas en edad de jubilarse quedaron expulsadas del sistema y el monto de las jubilaciones era lisa y llanamente miserable.
Cuando sancionaron la mal llamada reparación histórica, sentaron las bases para descapitalizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Ansés (FGS). A partir de venta de acciones, acuerdos poco transparentes como el memorando con Qatar que incluye la participación de sociedades offshore, y la total desatención por parte de las autoridades, el FGS comenzó a desinflarse. Desfinanciada la Ansés, ejecutan el manual de operaciones: el Estado a cargo de las jubilaciones es deficitario e ineficiente, se necesita del sector privado, como en su momento fueron las AFJP.
Alcadio Oña en Clarín ya lo adelantó: “el sistema previsional bajo la lupa, dentro y fuera del Gobierno (ˮ¦) más de un funcionario admite que así como está el sistema previsional enfrenta serios problemas de sustentabilidadˮ. Sin preámbulo, precisa lo que está en carpeta: “subir progresivamente la edad jubilatoria y corregir el sistema de actualización automática de los haberesˮ. No usan la palabra ajuste ni flexibilización, pero uno sabe que si tiene cuatro patas, cola y ladra, es perro.
Los derechos laborales también serán parte del ajuste. El apriete a jueces laboralistas que cumplen la ley y el pedido de paritarias por productividad vaticinan una institucionalización de la pérdida de poder adquisitivo. Con la excusa de la atracción de inversiones y mejorar la producción, irán por flexibilizar las contrataciones, las modalidades de trabajo y los despidos. La paritaria del Estado nacional es un anticipo: hacer uso de las licencias de las cuales gozan los trabajadores por imperio de la ley conlleva a la pérdida del presentismo. Es una manera encubierta de eliminar esos derechos haciendo que el Estado no pague parte del salario cuando el trabajador se enferma, o más grave aún en caso de las mujeres cuando deben ausentarse varios meses por maternidad.
No se sabe cuándo vendrán las inversiones, cuándo arrancará la economía, cuándo repuntará la industria, cuándo empieza el segundo semestre. Pero sí se sabe que en el último trimestre, después de las elecciones, Cambiemos va por un ajuste brutal de las jubilaciones, las condiciones laborales, los servicios esenciales, el transporte, los programas sociales y los trabajadores estatales.
