El ajuste que más duele
Desde que asumió Mauricio Macri, se comenzó a implementar un modelo económico de ajuste donde las mayorías se ven severamente empobrecidas. Como resultado, a casi 4 años del inicio de su mandato, la mitad de los niños, niñas y adolescentes son pobres y once de cada cien son indigentes. Ante este delicado panorama, el gobierno lejos de fortalecer las políticas públicas destinadas a combatir las desigualdades en la infancia, vació y eliminó áreas claves que perseguían este fin.
por
La Cámpora
6 sep 2019
El Centro de Economía Política (CEPA) en su informe de reciente difusión analizó las decisiones tomadas por el gobierno de Mauricio Macri respecto a las políticas destinadas a los niños, niñas y adolescentes.
La Asignación Universal por Hijo la cobran en la actualidad casi 4 millones de niños a través de sus madres o padres, priorizando siempre a la primera. Desde el 2015, su poder adquisitivo se redujo en un 20%, alcanzando solamente para cubrir las necesidades básicas de los menores de 4 años. Una vez llegada esa edad, el monto resulta insuficiente. Proyectando la inflación estimada a diciembre, se percibe que la AUH alcanzará sólo para la Canasta Básica Alimentaria de bebés de hasta un año.
Dentro de las medidas electorales implementadas por el gobierno luego de la contundente derrota electoral, se encuentran dos bonos mensuales de mil pesos, suma que funciona como un paliativo ante este deterioro del poder adquisitivo pero no es suficiente ni perdura en el tiempo. Cabe mencionar que el endeudamiento acumulado de los y las titulares de AUH se incrementó considerablemente, llegando al 81% de estos.
En paralelo, a partir del nuevo sistema de pago de ANSES, numerosas familias realizaron reclamos por retrasos en el pago de la AUH y otras asignaciones familiares. Al respecto, la diputada nacional Luana Volnovich y el abogado especialista en seguridad social Miguel Fernández Pastor junto a la Asociación Civil "Nace un Derecho" presentaron un amparo colectivo para intentar remediar esta situación.
Por otra parte, cabe destacar lo acontecido con el Conectar Igualdad, programa por el cual durante el gobierno de Cristina Kirchner se le entregaba una computadora a cada estudiante de escuela secundaria o media pública del país, garantizando equidad en el acceso a bienes educativos, culturales y tecnológicos, cerrando la brecha digital entre los distintos sectores de la sociedad. Luego de un paulatino vaciamiento, en mayo de 2018 el gobierno lo cerró definitivamente.
El mismo destino sufrió el Programa Qunita, el cual estaba destinado a garantizar el acompañamiento por parte del Estado a la mujer embarazada y el recién nacido, otorgando un kit que traía desde una cuna para el bebé (elemento indispensable en los primeros meses de vida de los infantes dado que previene la muerte súbita del lactante) hasta elementos de abrigo, cuidado e higiene para ambos. Durante los 7 meses de implementación del programa, se logró bajar la mortalidad infantil, aumentaron los controles durante el embarazo y se garantizó el acceso a salud por parte de las familias. El gobierno de Mauricio Macri, excusándose en la supuesta peligrosidad de algunos de los elementos del kit, cerró el programa apenas unos meses después de asumir. En el 2017, la justicia ordenó la entrega de la totalidad de los kits Qunita con todos sus elementos, los cuales estaban guardados en depósitos del ex Ministerio de Salud de la Nación y de las maternidades a lo largo y ancho del país.
En el mismo sentido, el gobierno nacional desmanteló el plan nacional de vacunación, a través de distintas reducciones presupuestarias en términos reales, que redundaron en faltantes de distintas vacunas por baja en la compra de las mismas, llegando al extremo de eliminar por tiempo indefinido la dosis de los 11 años de la vacuna contra la meningitis hace ya un año. Los faltantes reiterados en los centros de salud provocaron una caída en los niveles de vacunación de los niños, niñas y adolescentes.
A su vez, se subejecutaron otras políticas públicas destinadas a la infancia. En el total de los programas hay una reducción del 42% en la ejecución presupuestaria entre 2015 y 2018 en términos absolutos; llegando a casos como el del Programa de Atención a la Madre y el Niño que cayó un 80%.
Por último, cabe recordar la promesa electoral de la construcción de 3 mil jardines de infantes, de los que se efectivizaron apenas 235 aulas. Es decir, un 2% de lo comprometido inicialmente.
En octubre se enfrentarán, nuevamente, dos proyectos antagónicos. De un lado quienes promueven un modelo de aumento de las desigualdades, no garantizando derechos para los más vulnerados. Del otro, quienes históricamente hicimos de los niños y niñas los únicos privilegiados.
