El avance del conflicto de tierras ante la ausencia del Estado
El conflicto reciente en Santiago del Estero con el empresario dueño de la empresa Manaos, Orlando Canido, no es un conflicto aislado sino que se encuentra enmarcado en los problemas estructurales de la constitución del Estado argentino.
por
La Cámpora
28 sep 2016
Por Sebastián Demicheli Calcagno
Desde sus orígenes, la fuerza del sistema jurídico funcionó como herramienta homogeneizadora para la concreción de los objetivos de los sectores dominantes y operó como disciplinadora para la instauración del pensamiento liberal hegemónico.
Este es el proyecto político que la Argentina transitó durante casi 150 años con un marco jurídico fundamentado en el paradigma de “civilización o barbarieˮ, que tenía como fin consolidar el avance del territorio nacional sobre el despojo de las tierras en las que vivían los pueblos indígenas y campesinos como condición necesaria para la expansión del modelo productivo agroexportador con concentración de la propiedad de las tierras en un reducido número de familias.
Modelo que se institucionaliza tempranamente en el Código Civil de Vélez Sarsfield (1869), que refleja la organización monocultural del país, de la que los pueblos indígenas ˮ“así como otros sectores del puebloˮ“ no son parte constitutiva.
En este largo período, solo excepcionalmente ˮ“durante los dos primeros gobiernos peronistasˮ“ la “cuestión indígenaˮ y de los pequeños productores es considerada parte del proyecto político del país, como lo reflejan, entre otras políticas, la Constitución Nacional sancionada por la Convención Nacional Constituyente de 1949, que elimina toda alusión a los indígenas y los sitúa como ciudadanos, y los dos Planes Quinquenales. El proceso queda trunco por el gobierno de facto de la autodenominada “Revolución Libertadoraˮ que, entre otras medidas, en 1956 deroga la Constitución de 1949 con un bando militar.
Ahora bien, desde el año 2003 el proyecto político que encabezó Néstor Kirchner y después continúo Cristina Fernández de Kirchner consideró que los Derechos Humanos son el fundamento del Estado de Derecho, por entender que dan contenido ético a las acciones de gobierno y están indisolublemente unidos a la consolidación de la democracia. En este sentido, la construcción y ampliación de ciudadanía se desarrollaron en forma conjunta con la reconstrucción del Estado.
En este marco, los derechos humanos constituyeron la matriz filosófica y política del Estado de derecho democrático, nacional y popular con fundamento en el derecho a la igualdad y en políticas de redistribución e inclusión durante casi 13 años. La igualdad durante ese periodo implicó el respeto por la diferencia y la visibilización de los sectores históricamente invisibilizados como actores políticos, sociales, culturales y económicos, como son, entre otros, los pueblos originarios y campesinos.
En esta etapa se elevo el piso de reconocimiento de derechos para estos sectores, se avanzo en el reconocimiento de la posesión y ocupación comunitaria de las comunidades indígenas en más de 6.000.000 de hectáreas, asimismo se regularizaron otras 5.000.000 de hectáreas a favor de los Pueblos indígenas, también se sanciono la Ley de Agricultura Familiar donde contemplaba la emergencia y suspensión de los desalojos a comunidades campesinas.
Este proceso se vio interrumpido con la llegada del macrismo al gobierno nacional, tanto en los hechos como en el derecho. Lo primero que hizo el macrismo fue desarticular las áreas del Estado vinculadas con la intervención del Estado Nacional en los conflictos territoriales. Tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, como la Secretaria de Derechos Humanos y la Secretaria de Agricultura familiar tenían protocolos y convenios para intervenir en estos casos como el de Santiago del Estero. Las áreas fueron vaciadas, los programas paralizados y muchos de sus trabajadores despedidos.
En paralelo con el vaciamiento Macri firma el decreto 820/16, donde flexibiliza las restricciones a los extranjeros para comprar tierras rurales en la Argentina.
Todos estos hechos marcan la ausencia del Estado y de políticas públicas en defensa de los Pueblos Indígenas y Campesinos, es la misma ausencia la que agudiza los conflictos, si el Estado no interviene se deja a los más débiles en manos de los sectores concentrados de la tierra, de los empresarios aliados con sectores del poder judicial que terminan fallando en contra de los dueños históricos de la tierra como son las comunidades indígenas y campesinas, trayendo desalojos violentos con muertes como la de Cristian Ferreyra, Miguel Galván, Víctor Reyes por nombrar algunos. Si el Estado de ausenta el conflicto aparece.
