El juicio oral que comenzó el 26 de junio de 2024 en relación con el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner ha dejado al descubierto no solo las falencias del sistema judicial, sino también la inquietante trama de encubrimiento que parece rodear a este caso. Aunque este proceso se centra en los autores materiales, conocidos como “los copitos”, las omisiones y las irregularidades en la investigación revelan una superficie de complicidad que no se puede ignorar.
La decisión del Poder Judicial de dividir la causa en distintos tramos es, en sí misma, un reflejo de un sistema que busca desviar la atención de los verdaderos hilos que tejen esta compleja historia. Al juzgar únicamente a los autores materiales, se ignoran las conexiones políticas y el financiamiento que pudieron haber influido en el atentado.
Uno de los aspectos más alarmantes es la desaparición del contenido del celular de Fernando Sabag Montiel, el autor material del ataque. La cadena de custodia se rompió de manera escandalosa, y la pérdida de esta prueba clave no puede ser considerada un simple error administrativo.
¿Cómo es posible que un dispositivo tan crucial estuviera en poder de la jueza Capucheti y, aun así, se "borrara" su contenido? Este hecho no es solo una falla técnica; es un síntoma de una cultura de impunidad que protege a aquellos que operan en las sombras.
La falta de profundización en la investigación sobre organizaciones ultraviolentas que rodeaban a los atacantes es otro punto crítico. La conexión con grupos como Revolución Federal, que han hecho declaraciones abiertamente amenazantes contra el kirchnerismo, parece caer en el olvido. Las movilizaciones que realizaron y su financiación son elementos que no se pueden pasar por alto. ¿Por qué la justicia parece reacia a seguir el hilo que podría llevar a los verdaderos instigadores del atentado?
Presa será difícil, porque estamos ante la persona más investigada de la historia argentina y no han logrado encontrar una sola excusa para justificar esa condena (lo seguirán intentando, no lo duden). Por eso fueron por la opción del asesinato como forma de aleccionamiento, para que todos sepan cómo pueden terminar si se atreven a enfrentar al poder real para devolverle un poco de dignidad al pueblo argentino. Gracias a Dios (y a Néstor, quiero creer) la bala no salió.
La pista que involucra a Gerardo Milman, diputado nacional y mano derecha de Patricia Bullrich, es particularmente inquietante. Sus comentarios en un bar, supuestamente profetizando el atentado, y la tardanza de la jueza en tomar acción son indicios de un encubrimiento que no se puede ignorar. Si las pruebas contra Milman no se investigan a fondo, el mensaje que se envía es claro: hay una élite conservadora que se siente por encima de la ley.
La eliminación de pruebas, como el borrado de los celulares de Milman y sus secretarias, es un acto que no solo compromete la justicia, sino que también envía un mensaje de que hay quienes están dispuestos a hacer todo lo necesario para protegerse. Esto no es solo un ataque a la figura de Cristina Fernández de Kirchner; es un ataque a la democracia misma.
La bala no fue para Cristina. O mejor dicho: no fue solo para Cristina. Con ese disparo intentaron dañar la construcción democrática de nuestra Patria en su totalidad, el amalgama de nuestro estado de derecho y, además, todo vestigio de organización popular a favor de los trabajadores, los jóvenes, las mujeres y los jubilados de nuestra Nación. Cristina es la cara visible de un movimiento con millones de militantes que ponen el cuerpo por las causas justas, con la premisa de que nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza. A cada uno de ellos, de nosotros, iba dirigido un perdigón.
Es esencial que la sociedad esté alerta y exija transparencia y justicia en este caso. La falta de investigación sobre las conexiones políticas y el financiamiento detrás del atentado no solo es un fracaso del sistema judicial, sino un peligro para el futuro de la política en nuestro país. La justicia debe ir más allá de los culpables visibles y adentrarse en las profundidades de una trama que, si no se desentraña, continuará amenazando la integridad de nuestra democracia.
El intento de asesinato ocurrió en el marco de un creciente clima de violencia contra Cristina, promovido judicialmente, mediáticamente y políticamente. Toda una organización dispuesta a la tarea de matar a la expresidenta. La pregunta que este juicio no está respondiendo es ¿Quién mandó a matar a Cristina? Y no responde esa pregunta porque la justicia se negó a investigar. Se niegan a ver los hilos del otro lado del tapiz.
¿Será justicia?
* Militante de La Cámpora y Senadora Nacional por Mendoza.
Publicada en Página 12.
