La conmemoración del Día internacional del Detenido Desaparecido surge a partir de una iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981.
Sin dudas, un genocidio de semejante envergadura luego generó las condiciones para que los distintos países de la región reciban las "bendiciones" neoliberales que -al igual que en nuestro país- les vendieron papelitos de colores y nos terminaron sumergiendo en una pobreza y miseria estructural, consolidando este continente como el más desigual del mundo.
En el ámbito local, esta semana vimos a la actual Vicepresidenta de la Nación llevar adelante un acto en el que recordaba y pedía justicia para las “víctimas del terrorismo", haciendo hincapié en responsabilizar a las organizaciones político-militares de los ‘70. Una forma burda y explícita de justificar los delitos de lesa humanidad cometidos por el único terrorismo que hubo: el terrorismo de Estado.
Por supuesto que, como casi todo en este gobierno, esto no es nuevo ni nos sorprende. Si hay algo con lo que sueñan los sectores negacionistas, colaboracionistas y favorecidos por el golpe de Estado desde el retorno de la democracia es encontrar el modo de intentar justificar los peores vejámenes y crímenes, que además no prescriben pues los genocidas y sus cómplices siguen sin decir dónde están los 30.000 detenidos desaparecidos y más de 300 bebés apropiados durante la dictadura.
Toda víctima tiene el derecho a tener justicia. Ahora bien, el Estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que los responsables sean detenidos legalmente, sean juzgados y condenados.
No es una opinión personal ni un tema puesto a debate. El Poder Judicial ya se ha expedido, en varias oportunidades, sobre el carácter de los delitos de lesa humanidad y ha explicado por qué son los únicos que no prescriben.
Tal como se explica en la Resolución General de la Procuración General de la Nación PGN N° 158/07, “la categoría de los crímenes contra la humanidad nace como respuesta a las manifestaciones más terribles del poder estatal pervertido e infractor de los derechos humanos más básicos". Es decir, que tiene como requisito esencial el rol activo del aparato estatal o de un grupo organizado que tenga control sobre un territorio determinado, aunque no sea formalmente un gobierno.
La Corte Suprema de Justicia también ha distinguido con nitidez los delitos de lesa humanidad de los delitos comunes: “El asesinato, la privación ilegal de la libertad, la tortura y la desaparición forzada de personas, entre otros, son cometidos por parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil en el marco de una política de Estado, configuran crímenes de lesa humanidad y, ante ellos, resulta inexorable que predomine el interés social por conocer la verdad y sancionar a sus responsables, por sobre cualquier interés individual por liberarse de la persecución penal” (Fallos: 341:336). Es decir que debe existir el componente del ataque generalizado y desde el Estado. Victoria Villarruel es abogada y no desconoce estas diferencias.
¿Por qué insisten con la teoría de los dos demonios? Insisten porque es un posicionamiento profundamente ideológico y político, porque intentan disputar el sentido común de la sociedad, pero no sólo para defender a esos camaradas, padres y familiares, sino también para consolidar este cuarto proceso económico neoliberal que está llevando al desmembramiento del Estado a un nivel inusitado, generando las mismas consecuencias que el primer período, el que inauguró el neoliberalismo en nuestro país. Lo hacen, también, porque así pretenden atemorizar y desorganizar, como si la memoria fuera efímera o una moda.
Los detenidos desaparecidos en Argentina son trabajadoras y trabajadores organizados, militantes, escritores, periodistas, docentes, abogados, curas, monjas, Madres de Plaza de Mayo, etc. La ausencia de cada uno y de cada una de ellas nos duele desde lo personal y desde lo colectivo porque eran la resistencia consciente al modelo impuesto. Porque fue una generación que no dudó en poner en juego el patrimonio más grande que tiene el ser humano: la propia vida. Y fue por una patria libre, justa y soberana.
Hoy no están. Pero hay miles y miles de jóvenes que, militando en centros de estudiantes, barrios, universidades y gremios mantienen el legado de los 30.000 más vivo que nunca.
Detenidos y desaparecidos de nuestra Patria Grande, ¡Presentes ahora y siempre!
*Militante de La Cámpora, nieto recuperado y ex secretario de Derechos Humanos de la Nación.
