Política

El sistema de reparto en peligro

El proyecto del gobierno para terminar con la litigiosidad de los haberes jubilatorios no precisa cómo se sostendrá fiscalmente en el tiempo, amenazando con quebrar el sistema previsional; precariza a quienes no alcancen los 30 años de aportes y no contempla la brutal pérdida de poder adquisitivo de aquellos no incluí­dos en este beneficio.
por La Cámpora
6 jun 2016
Hace pocos dí­as el presidente Macri se jactó de anunciar una “reparación históricaˮ para los jubilados ignorando todos los avances logrados en la materia durante la administración del kirchnerista. Sin embargo, conocido oficialmente el proyecto ˮ“que mezcla temas previsionales con un blanqueo, la moratoria de deudas con organismos recaudadores y la devolución del 15% de la coparticipación a las provincias- hay fundados motivos para preocuparse por el futuro de las jubilaciones en Argentina. El Gobierno ya anunció que no continuará con las moratorias jubilatorias que permitieron que un 97% de los adultos en edad de jubilarse estuvieran dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino. En cambio, habrá una Pensión Universal por Vejez para todas las personas que, en edad de jubilarse, no reúnan los 30 años de aportes. Esta pensión es una precarización en relación a la moratoria porque pasarán a cobrar un 20% menos que la mí­nima, no dará derecho a los herederos, y, en caso de las mujeres, sube la edad jubilatoria a los 65 años. Esta decisión provoca un retroceso alarmante para la protección de los adultos mayores. En relación a la demagógica “reparación históricaˮ cabe observar que sólo beneficiará a un 30% de los jubilados que son los que se encuentran en la parte más alta de la pirámide. Los beneficiarios serí­an quienes tienen sentencia firme, los que se encuentran litigando y los que, pudiendo hacerlo, por el momento no se presentaron a la justicia. Se estima que este universo no supera el millón de personas, muy lejos de los 2,5 millones de los que hablaba el Ejecutivo. Se calcula que el monto fiscal de esta medida ronda los $75.000 millones anuales. El problema radica en que la ley no precisa cómo se sostendrá esto en el tiempo. Para el primer compromiso explican que usarán el dinero que ingrese por el blanqueo. Algo que ellos saben no es cierto porque en el mejor de los casos el Estado recaudará $43.000 millones por esa medida, dando la pauta que esconde fines distintos a los de pagarle a los jubilados. Indica el proyecto que, eventualmente, se podrán vender las acciones del Fondo de Garantí­a de Sustentabilidad (FGS) para afrontar los compromisos. En caso de necesidad, se podrí­a recurrir a las disponibilidades inmediatas del FGS en concepto de intereses que ascienden a los $63.000 millones. No obstante, el macrismo prefiere deshacerse del stock de recursos lo cual todos saben que inexorablemente lleva a una insolvencia en el futuro. Vender las acciones valuadas en $93.000 millones implica descapitalizar el sistema previsional. Da la sensación de que la tozudez del oficialismo en vender las acciones responde a congraciarse con amigos del Gobierno como Clarí­n, Macro, Siderar y el Banco Galicia, entre otros, para recuperar sus acciones y evitar que miembros del Estado puedan advertir maniobras evasivas, polí­ticas de desinversión o elevadí­simos honorarios a directores en perjuicio de socios minoritarios. Y además, el blanqueo se hace por única vez. Si a eso se le suma que el FGS estará cada vez más descapitalizado por la venta de sus acciones, el Estado no podrá hacer frente al pago de jubilaciones porque no propone el proyecto un financiamiento alternativo y perdurable en el tiempo. Inevitablemente esto remite a la privatización de YPF: la desfinanciaron y luego dijeron que necesitaban la entrada de actores privados para pagarle a los jubilados. Por último, resta mencionar que la fórmula de movilidad jubilatoria de la cual dependen los que no entran en el beneficio de la “reparación históricaˮ contempla la evolución de los salarios, de la recaudación y de los recursos de la Ansés para fijar el aumento. Con paritarias que cierran por debajo de la inflación, con caí­da del consumo que afecta lo recaudado por IVA, con los despidos que hacen mermar los aportes y contribuciones que entran en la Ansés, sumado a la devolución del 15% a las provincias que no se sabe de dónde van a salir los fondos, la movilidad jubilatoria está condenada a estar muy por debajo de la suba de precios. Por fuera de los discursos demagógicos, con Mauricio Macri todas las jubilaciones están en peligro y los grandes ganadores de estas polí­ticas son los grupos empresarios que concentran buena parte de la riqueza del paí­s.
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