Desde el retorno de la democracia, a los argentinos nos tocó padecer procesos neoliberales que se caracterizaron, fundamentalmente, por imitar e intentar implementar el mismo modelo económico llevado a cabo por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura cívico militar. Pero no era eso solo. De la mano y en simultáneo, iba el objetivo de intentar garantizar el retorno de la impunidad para los responsables del golpe de Estado y de los años más trágicos de nuestra historia. Para quienes cometieron delitos de lesa humanidad y siguen sin decir dónde están las y los detenidos desaparecidos. Es decir, para quienes hace unos días fueron a visitar sonrientes los diputados Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra Ugalde, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci.
En estos 40 años de democracia, el único que pudo llevar adelante el objetivo de sembrar la impunidad durante su gobierno fue el ex presidente Carlos Saúl Menem, avanzando con los indultos y las leyes de impunidad.
Hubo otro intento, años más tarde. En el 2017, durante el segundo periodo neoliberal en la Argentina, presidido por Mauricio Macri, la Corte Suprema dictó una sentencia para que se puedan reducir las condenas de las personas culpables de delitos de lesa humanidad, el conocido 2x1. Rápidamente, el pueblo salió a las calles, a lo largo y ancho del país, y debieron dar marcha atrás con la medida.
Como si fuera poco, por aquellos años hubo funcionarios de gobierno que acompañaron a los abogados de los genocidas a denunciar ante la ONU y ante la CIDH las supuestas 'violaciones’ de derechos humanos que padecían debido al proceso de juzgamiento llevado adelante en nuestro país.
Por eso no nos sorprende ni se trata de un hecho aislado. Este gobierno admira y celebra el accionar del terrorismo de Estado. Y, por si fuera poco, grupos económicos que forman parte del poder real, en clara sintonía con el gobierno nacional, les deben favores a estos asesinos.
Milei y Villarruel públicamente les prometieron impunidad, por más que alguien se quiera hacer el distraído o busque despegarse. Su posicionamiento negacionista y las reivindicaciones fueron constantes. Siendo diputados, en plena campaña y también hoy al impulsar el desmantelamiento total de las áreas del Estado que, desde el 2003, impulsaban políticas de derechos humanos para seguir sosteniendo el Nunca Más. Hasta desfilaron con algunos de ellos el pasado 9 de julio, sobre la Av. Libertador.
Hoy el repudio no es suficiente. La acción que llevaron adelante estos diputados responde a un intento de retornar a aquellos años, atentando directamente contra el pacto democrático sembrado por los argentinos hace 40 años. Por eso exigimos la sanción y la expulsión de estas personas del Congreso de la Nación.
Se trata de ser consecuentes con la democracia y el Estado de derecho, con la lucha de nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, con el ejemplo de los sobrevivientes y los juicios de lesa humanidad que continúan y son reconocidos en el mundo entero. Se trata de las y los nietos apropiados que faltan encontrar. Se trata de honrar la memoria y la lucha de las y los 30.000 detenidos desaparecidos.
Es una obligación con la historia y la democracia defender lo que es un ejemplo en el mundo entero: las políticas de derechos humanos que logramos construir y pusieron fin a la impunidad en nuestro país.
Hoy más que nunca: no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Exigimos memoria, verdad y justicia. Y afirmamos: el único lugar para los genocidas es la cárcel común efectiva.
*Militante de La Cámpora, nieto recuperado y ex secretario de Derechos Humanos de la Nación.
