Cuando asumió su tarea, el actual secretario, Alberto Baños, le dijo a las y los trabajadores varias cosas: que estaba sorprendido por la calidad y eficiencia del personal, que esperaba encontrarse con una planta tres veces más grande, llena de gente que no iba a trabajar y, también, que los nuevos funcionarios no venían a eliminar lo construido sino a ampliar al universo de los beneficiarios de las políticas de derechos humanos.
A pocos meses del comienzo de la nueva gestión, el estado de situación de la Secretaría es calamitoso. Está totalmente paralizada, solo la atraviesa el terror por las oleadas de despidos, cuyo objetivo es tirar por tierra años de acumulación en experiencia, capacidad, compromiso con la política pública.
Lxs trabajadorxs ocupan sus lugares aterrorizados, con miedo de mirar sus celulares cada vez que reciben un mensaje desde sus casas, ya que puede ser el telegrama de despido. El señor Baños ya disparó decenas. Una vez más, con metodologías y fines siniestros: hay pacientes oncológicos y trabajadores de licencia médica; algunos son despedidos por su actividad sindical, por su ideología o por el simple hecho de haber estado años abocados a llevar a cabo la tarea para la cual fueron contratados.
Porque cada uno de los trabajadores sostuvo con su cuerpo las políticas públicas en materia de derechos humanos que tanto renombre nos dieron en el mundo. Pusieron el cuerpo en los buenos momentos y en los malos. En el momento de auge, durante los gobiernos de Néstor y Cristina, cuando ocupaban el centro de la escena pública. Sufrieron en carne propia el maltrato del gobierno de Macri, que revisaba sus redes para ver si encontraban alguna foto que denotara sus ideologías. Durante la última gestión, también le pusieron el cuerpo. Sufrieron la precariedad de los espacios de memoria, para los no se pudo encontrar una solución definitiva que asegurara sus condiciones estructurales; sostuvieron el trabajo en medio de una pandemia sin precedentes, muchos de ellos con el compromiso de ir a trabajar pese al virus, por haber sido declarados esenciales. Y lucharon contra algunas deudas que siguen pendientes, como la falta de estabilidad generalizada de los trabajadores estatales, que hoy permite que muchos de ellos sean borrados de un plumazo sin siquiera ser indemnizados, luego de décadas de servicio en el Estado.
De todas formas, están echando a compañerxs con todo tipo de contrataciones.
Hoy hay policías están en la puerta de la ex Esma, con listados de personas cuyo ingreso está prohibido: no los dejan entrar. Áreas enteras están siendo completamente vaciadas: primero fue el equipo que realizaba el seguimiento de los juicios de lesa humanidad y sostenía la web que pone la información recabada a disposición del público. Todxs sus trabajadores fueron despedidos. Luego fue el área de prensa y recursos humanos.
En todos los casos. se trata de profesionales formados para las tareas que realizaban. Otro objetivo claro de este ataque está siendo el área de Leyes Reparatorias. Allí se tramitan las indemnizaciones para las víctimas del terrorismo de Estado. Se trata de un área que también trabajó incansablemente, pandemia incluida, para acelerar los expedientes, para no parar la maquinaria estatal a sabiendas de que corríamos contrarreloj porque los beneficiarios se morían, logrando romper record de expedientes otorgados. Esto fue gracias al compromiso y a la entrega de los equipos de trabajo.
Otras de las áreas golpeadas por los despidos son los Sitios y Espacios de Memoria, el Archivo Nacional de la Memoria, el Consejo Federal, la Dirección Nacional de Formación, el Centro Cultural Haroldo Conti, la Dirección de Grupos en situación de Vulnerabilidad, el Archivo Digital, el área financiera, la Dirección Nacional de Coordinación Estratégica, la Subsecretaría de Promoción, la CONADI, que además está siendo privada su unidad de investigación, una herramienta vital para encontrar a los nietos y nietas.
Muchas de las áreas (y funciones) de la Secretaría de Derechos Humanos que hoy están desmantelando fueron creadas por ley y en función de compromisos internacionales asumidos por nuestro país. Esto va a tener graves consecuencias. El gobierno, encandilado por el éxito en las últimas elecciones, destruye como si no hubiese mañana, convencido de que el pueblo argentino le confirió un mandato para destruir el Estado y sus políticas, cuando en realidad lo que quieren nuestros ciudadanos es vivir mejor. Odian el Estado y lo están dinamitando desde adentro, pero se van a topar con la resistencia organizada de los trabajadores y las trabajadoras, de los Organismos de Derechos Humanos, las organizaciones políticas, de todos lxs que vamos a impedir que se destruyan las conquistas que tantos años nos costó conseguir.
