El actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, cuando asumió su función, comunicó a las autoridades de la gestión anterior y a los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría, varias cosas. Que estaba sorprendido por la calidad y eficiencia del personal; que imaginaba encontrarse con una planta tres veces más grande con gente que no iba a trabajar; que su gobierno no venía a tocar lo construído sino a ampliar el universo de los beneficiarios de las políticas de Derechos Humanos; entre otras cosas.
Sin embargo, a pocos meses del comienzo de su gestión, el estado de situación de la Secretaría es calamitoso, está totalmente paralizada. Solo la atraviesa el terror por las oleadas de despidos, cuyo único objetivo es tirar por tierra años de acumulación en experiencia, capacidad, y compromiso con la política pública.
Los trabajadores y las trabajadoras ocupan sus lugares aterrorizados, con miedo de mirar sus celulares cada vez que reciben un mensaje desde sus casas porque puede ser el telegrama de despido. El secretario Baños ya disparó decenas de telegramas, una vez más con metodologías y fines siniestros. Hay pacientes oncológicos y trabajadores de licencia médica; otros fueron despedidos y despedidas por su actividad sindical o por su cercanía con nuestra gestión; u otros por el simple hecho de haber estado años abocados a llevar a cabo la tarea para la cual fueron contratados.
Cada uno de los trabajadores sostuvo con su cuerpo las políticas públicas en materia de Derechos Humanos, que tanto renombre y reconocimiento nos dieron en el mundo. Pusieron el cuerpo en los buenos momentos, como durante los gobiernos de Néstor y Cristina, en la construcción de una política integral de Memoria, Verdad y Justicia, como también sufrieron en carne propia el maltrato del gobierno de Mauricio Macri, que revisaba sus redes para ver si encontraban alguna foto que denotara sus ideologías. Pusieron el cuerpo también en nuestra gestión, con todas las dificultades que tuvimos. Sufrieron la precariedad de los espacios de memoria, para los no pudimos encontrar una solución definitiva que asegurara sus condiciones estructurales; sostuvieron el trabajo en medio de una pandemia sin precedentes, muchos de ellos con el compromiso de ir a trabajar pese al virus, por haber sido declarados esenciales. Y lucharon contra algunas deudas que siguen pendientes, como la falta de estabilidad generalizada de los trabajadores estatales, que hoy permite que muchos de ellos sean borrados de un plumazo sin siquiera ser indemnizados, luego de décadas de servicio en el Estado. Están echando a compañeros y compañeras con todo tipo de contrataciones.
Durante el día de hoy, 4 de julio, se presentaron policías en la puerta de la ex ESMA, con listados de nombres de trabajadores cuyo ingreso iba a estar prohibido: no los dejaron entrar. Áreas enteras están siendo completamente vaciadas.
Primero fue el equipo que realizaba el seguimiento de los juicios de lesa humanidad y sostenía la web que pone la información recabada a disposición del público. Todos sus trabajadores fueron despedidos. Luego, fue el área de prensa y recursos humanos. En todos los casos se trató de profesionales formados.
Otro objetivo claro de este ataque fue el área de Leyes Reparatorias. Allí se tramitan las indemnizaciones para las víctimas del terrorismo de Estado. Se trata de un área que también trabajó incansablemente, pandemia incluida, para acelerar los expedientes, para no parar la maquinaria estatal a sabiendas de que corríamos contrarreloj, porque los beneficiarios se morían, logrando romper récord de expedientes otorgados. Esto fue gracias al compromiso y a la entrega de los equipos de trabajo.
Otras de las áreas golpeadas por los despidos son los Sitios y Espacios de Memoria, el Archivo Nacional de la Memoria, el Consejo Federal, la Dirección Nacional de Formación, el Centro Cultural Haroldo Conti, la Dirección de Grupos en situación de Vulnerabilidad, el Archivo Digital, el área financiera, la Dirección Nacional de Coordinación Estratégica, la Subsecretaría de Promoción, y la CONADI, que además está siendo privada su unidad de investigación, una herramienta vital para encontrar nietos y nietas.
Muchas de las áreas (y funciones) de la Secretaría que están desmantelando fueron creadas por ley y en función de compromisos internacionales asumidos por nuestro país. Esto va a tener graves consecuencias. El gobierno, encandilado por el éxito en las últimas elecciones, destruye como si no hubiese mañana, convencido de que el pueblo argentino le confirió un mandato para destruir el Estado y sus políticas, cuando en realidad lo que quieren nuestros ciudadanos y ciudadanas es vivir mejor. Odian el Estado y lo están dinamitando desde adentro, pero se van a topar con la resistencia organizada de los trabajadores y las trabajadoras, de los Organismos de Derechos Humanos, las organizaciones políticas, de todos lxs que vamos a impedir que se destruyan las conquistas que tantos años nos costó conseguir.
* Ex secretario de Derechos Humanos de la Nación (2019-2023) y militante de La Cámpora.
