La irrupción de la pandemia, ha sido la oportunidad para el intento de consolidación del gobierno de facto que se instauró tras el golpe que destituyó a Evo Morales en 2019. Las elecciones presidenciales, que deberían poner fin a esta etapa autoritaria, estaban convocadas para el 6 de septiembre y fueron recientemente pospuestas para el 18 de octubre, como una muestra más de la falta de voluntad por parte del gobierno de facto de Jeanine íñez de que se realicen elecciones libres.
La estrategia de aplazamiento de las elecciones encuentra objeciones legales. Según la constitución boliviana, un régimen de transición tiene un límite de vigencia de 90 días. La justicia boliviana, que avaló como régimen de transición al gobierno de facto de acuerdo a la Constitución, debería entonces también limitar su duración de acuerdo a la misma Constitución. El Tribunal Constitucional de Bolivia debería definir la legitimidad de la extensión del período de transición (es decir del gobierno de facto) y, en base a eso, el órgano electoral definir la fecha de elecciones; contrario a lo que está ocurriendo.
Asimismo, se ha promovido una denuncia contra el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, supuestamente por difundir datos de encuestas preelectorales. De concretarse, de acuerdo a la ley boliviana, esto significaría la penalización al partido con la quita de su nombre y la suspensión de su participación en las elecciones.
Flojos de papeles, los golpistas utilizan denuncias falsas para construir un clima de opinión adverso a través de los medios de comunicación y presionar a la justicia para que termine proscribiendo al principal partido político del país, de forma tal de lograr el objetivo de legitimar un régimen de facto mediante elecciones fraudulentas. Incluso, se han activado grupos de choque que amenazan con perseguir a los miembros de la justicia electoral boliviana en sus domicilios personales para obligarlos a proscribir al MAS.
En paralelo, el régimen busca aplazar la fecha de las elecciones sobre la base de la gravísima situación sanitaria y social que atraviesa nuestro hermano país producto del nuevo coronavirus. De esta forma, a la violencia política e institucional del régimen se le suma la violencia sobre la población por efectos de la pandemia. Con 11 millones de habitantes, Bolivia ha superado largamente ya la barrera de los 60 mil infectados. Con dolor, hemos visto en los últimos días nuevamente las imágenes en las calles de La Paz, Cochabamba y otras regiones, donde las propias autoridades del gobierno de facto anuncian que tienen que levantar cientos de cadáveres de ciudadanos y ciudadanas que mueren por efectos del COVID-19.
La desidia y el desamparo a la que se ven arrojados los y las bolivianas que mueren en las calles, indican que no son motivos humanitarios los que mueven al régimen a buscar el aplazamiento de las elecciones. Buscan ganar tiempo porque la mayoría de las encuestas muestran el escaso apoyo de la población a los candidatos del régimen. Y, en ese lapso de tiempo, esperan que prosperen otras denuncias que siguen acumulándose contra el MAS y sus candidatos y candidatas.
La proscripción del MAS, el aplazamiento y el armado de causas judiciales son las cartas con las que juega el régimen. Hay que recordar que tras el golpe de Estado del 10 de noviembre, el gobierno de facto destituyó y encarceló a los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que fueron después reemplazados por el propio régimen, sin garantizar los procedimientos para legitimarlos. De la misma forma, se sospecha de la alteración de los padrones. En suma, toda la estrategia consiste en instalar elecciones fraudulentas para legitimar un nuevo régimen político, tal como sucedió tras el golpe en Honduras y más recientemente en Brasil, cuando Jair Bolsonaro fue electo con Lula Da Silva en prisión.
Son tiempos violentos en los que los sectores dominantes amenazan la vida y la democracia en la región. La fuerza popular organizada y la solidaridad internacional son claves en este momento, Nos duele Bolivia, nos duele Ecuador y sabemos que nuestro destino está atado también a las posibilidades de recuperación de la plena democracia en nuestros países hermanos.
