Enamorado del espionaje
El plan de arrasar con las instituciones por parte de la Alianza Cambiemos tiene su capítulo especial en las escuchas telefónicas, a través de un historia que comenzó a escribirse en diciembre de 2015 y nos regaló un nuevo episodio ayer, con la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 102/17.
por
La Cámpora
15 feb 2017
Las filtraciones ilegales de las conversaciones mantenidas entre Oscar Parrilli y Cristina Kirchner son el producto de un plan que se pensó hace mucho tiempo, y como no podía ser de otro modo, en el día de los enamorados, Macri tenía que dedicarle una flor especial al espionaje, principal aliado de su carrera política.
En este sendero de vender gato por liebre en todas sus políticas, el 24 de diciembre de 2015 (oh oh oh!), en una de sus primeras medidas de gobierno, Macri firmó un DNU (256/16) en el cual traspasó el área que se encargaba de gestionar las escuchas telefónicas autorizadas judicialmente desde la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tanto en la letra del Decreto 256/16 como en la voz de Garavano y compañía se alegó la necesidad la imparcialidad y de mayor transparencia. Sin embargo -se sabe- el único objetivo era quitarle lo que se pueda a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbo, y darle acceso a esas herramientas tan sensibles a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que estaba oculto en todo eso era, obviamente, el acuerdo para que la vieja SIDE tenga acceso a las escuchas ordenadas judicialmente y el pacto de silencio para que nadie diga nada cuando se empezare a espiar a oponentes políticos del gobierno.
Lo cierto es que en aquella navidad de 2015 el mismísimo presidente (que esquivó el Congreso y modificó la ley de inteligencia votada un año antes con gran consenso,) firmó la transferencia a la Corte y dispuso en su artículo 4 “que dicho organismo estará a cargo de un (1) juez penal con rango de Juez de Cámara, quien será designado por sorteo y durará en sus funciones por un plazo de un (1) año y no podrá ejercerlas nuevamente hasta transcurrido un período de cinco (5) añosˮ.
Desde entonces hasta estos días los acuerdos secretos se fueron cumpliendo: las escuchas se filtraron, muchas causas dibujadas en contra de la ex presidenta avanzaron, y entonces, como un verdadero pacto de amor, el presidente cumplió con la corporación judicial y se desdijo mediante otro DNU (la U del DNU es urgencia, el amor es urgente). Modificó aquel artículo 4 que él mismo había dictado alegando transparencia y la mar en coche y ahora firmó esto: “el organismo estará a cargo de dos (2) jueces penales con rango de Juez de Cámara, quienes serán designados por sorteo, actuarán como Director General y Subdirector General, respectivamente, y durarán en sus funciones por el plazo de tres (3) años.
Transcurrido dicho plazo, el Subdirector General pasará a ejercer el cargo de Director General, procediéndose a la designación por sorteo de un nuevo Subdirector General, quienes durarán en sus funciones por un plazo de tres (3) añosˮ.
Le dieron de comer a los pajaritos diciendo que el Director de un área tan sensible como las escuchas solo duraría un año. Ahora dura 3 y si arrancas como subdirector tenés asegurados 6 años. En el “sorteoˮ que hizo la Corte en febrero de 2016 salió Martín Irurzun, Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, como Director del área. Pero falta el postre: en el artículo 5 del Decreto firmado el día de los enamorados se estableció que “por única vez, se podrá mantener por el plazo de tres (3) años contados a partir de la publicación del presente, a los jueces que fueran designados por la Corte Suprema (ˮ¦), cumpliendo las funciones de Director General y Subdirector General, respectivamenteˮ
Uno más tres igual a cuatro, justo, justo, el mismo tiempo del mandato de Macri. En su doble cargo, Irurzun revisará las apelaciones en las causas actualmente en trámite en Comodoro Py en donde se investigan a funcionarios actuales y del anterior gobierno. Y también tendrá injerencia sobre las escuchas. Que la transparencia la pongan en funcionamiento otros, se ríen en La Rosada. Esta Alianza saqueadora del patrimonio y de las instituciones de los argentinos cree que solo alcanza con decir las cosas, no con hacerlas.
