Política

Escándalo del Correo: no aclares que oscurece

Oscar Aguad intentó ayer defender el ruinoso acuerdo del Estado con el correo en una comisión de la Cámara de Diputados, pero su paso por el Congreso sólo dejó la certeza de que Macri estaba detrás de su auto condonación.

por La Cámpora

22 feb 2017

El Ministro de Comunicación de la Nación fue a responder preguntas de los diputados de la Comisión de Comunicaciones e Informática. Debió haber asistido al pleno de la Cámara mediante una interpelación, pero los legisladores de Cambiamos lo eximieron de esa situación. El Presidente de la Nación, en su vergonzante conferencia de prensa, no pudo explicar qué significaba volver a fojas cero, qué hubiera pasado si la fiscal Gabriela Boquín no objetaba el acuerdo, cómo era que él no sabía nada del tema, ni por qué se aceptaron condiciones tan ruinosas. Su Ministro radical tampoco pudo y lo dejó más en evidencia. Comenzó con la muletilla del oficialismo de culpar al kirchnerismo por no haber resuelto la cuestión. Omitió el paso anterior que es culpar a los Macri por no pagar los cánones, vaciar el correo y mandarlo a concurso de acreedores. De hecho, el gobierno de Néstor Kirchner le sacó la concesión del correo para evitar que siguieran arruinándolo y rechazó las ofertas miserables que ahora la actual gestión acepta. En la justicia se decretó la quiebra, pero fueron los Macri quienes apelaron y aún no hay resolución judicial definitiva. Por otro lado, también olvidó que el Gobierno no depuso su accionar delictivo, sino que fue una fiscal. En caso que la funcionaria judicial no hubiera objetado el acuerdo, éste hubiera proseguido y se hubiera consumado un defalco monumental al fisco. Luego sinceró que lo de volver a fojas cero era una metáfora, algo que era vox pópuli porque eso lo decide la justicia sobre la cual, supuestamente, el Gobierno no tiene injerencia. Salvo que de común acuerdo el correo y el gobierno desistieran del acuerdo, lo que demostraría que Macri toma las decisiones de los dos lados del mostrador. En consecuencia, como el Ejecutivo no tiene autoridad para dar marcha atrás, el delito está ejecutado y sin querer lo reconoció el propio Aguad. Volvió a insistir en que era el mejor acuerdo posible porque no se pueden cobrar intereses y la empresa es insolvente. Si quisieran defender los intereses del Estado hubieran buscado jurisprudencia que avalara una interpretación no literal de la ley de concursos y quiebra. Ahí hubieran encontrado fallos que consideran prácticas abusivas de los deudores aquellas que no reconocen intereses posconcursales y proponen quitas (mucho menores al 98,2% de este caso). No hubo voluntad de defender los intereses del Estado. Asimismo, Sideco y Socma que eran las empresas a través de las cuales se controlaba el correo no son insolventes. Muy por el contrario, tienen mucha actividad en distintos rubros, sobre todo en la de tener dinero no declarado en paraísos fiscales. En otro orden de cosas, Aguad dijo ignorar la demanda que el Correo le había hecho al Estado por intereses superiores a los que proponía abonar. O miente o es un incompetente. En cualquier caso no sirve de Ministro. Por último, admitió que Mauricio Macri sabía del acuerdo y no hizo nada para evitarlo pese al beneficio escandaloso que recibía en perjuicio de los argentinos. Aclaró que él no dijo que el Jefe de Estado no sabía, sino que no fue él quien se lo comunicó. Pero sí reconoció que lo habló con Marcos Peña quien en su momento había dicho que lo escuchó al pasar. Y el propio Macri dijo que Peña era sus “ojos, voz y oídosˮ. Nadie es tan ingenuo de creer que los funcionarios de máxima confianza del Primer Mandatario le ocultan algo de esta naturaleza. Macri sabía, lo convalidó y lo impulsó. El funcionario de pasado militar quiso defender la teoría de que no hay conflicto de intereses, cuando todos saben que ya no es Franco Macri el accionista, sino que los hijos del propio Presidente ahora controlan parte de las acciones y le han dado a su padre el usufructo de las mismas. Hubo un verdadero plan orquestado desde la cabeza del Ejecutivo para perdonarle al grupo empresario del Presidente $70.000 millones. Cada vez que intentan aclarar, sólo oscurecen.

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