El 27 de diciembre pasado, el Partido Judicial había definido otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria al genocida Etchecolatz y había permitido, incluso, que elija dónde hacer efectivo dicho privilegio. El lugar escogido fue el barrio del Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata.
Los organismos de Derechos Humanos junto a vecinos y vecinas realizaron repudios, escraches y presentaciones judiciales solicitando que quien fuera director de investigaciones de la Policía Bonaerense y como tal, mano derecha de Ramón Camps, regresara a cumplir su condena en cárcel común. Incluso, se dio a conocer la solicitud de una vecina que había sido víctima querellante en una de las causas contra Etchecolatz, de que se le modifique el lugar de la domiciliaria, dado que ella reside en el mismo barrio. Pedido que fue rechazado.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal definió en el día de la fecha dar lugar a lo requerido por la fiscal María íngeles Ramos, responsable de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, y por Pablo Llonto, abogado representante de la querella.
En el fallo, el camarista Mariano Borinsky destacó sobre la atención al estado de salud del genocida que en los “informes no se advierte impedimento alguno para que el nombrado permanezca en un establecimiento penitenciario, recibiendo la atención médica, el tratamiento y los controles que sean necesarios para atender sus patologíasˮ. A su vez, el mismo magistrado, hace referencia al incumplimiento de la prisión domiciliaria en el año 2006 al indicar que se verificó “que poseía armas de fuego en su vivienda de la ciudad de Mar del Plataˮ.
Por su parte, el juez Gustavo Hornos destacó que “las posibilidades con las que cuenta Etchecolatz para permanecer detenido dentro de un establecimiento penitenciario, recibiendo la debida atención, tratamientos y controles que resulten necesarios para sus patologíasˮ. Por el contrario, Juan Carlos Gemignani votó en disidencia esgrimiendo que “se encontraban reunidos los requisitos que ameritaban la concesión del arresto domiciliario al imputadoˮ, en función de la preservación de la salud del genocida.
Cabe recordar que el genocida Miguel Etchecolatz tuvo a su cargo los 21 centros clandestinos de detención de la provincia de Buenos Aires. Es el responsable directo de la desaparición de los jóvenes estudiantes en lo que se dio en llamar La Noche de los Lápices y de múltiples delitos de lesa humanidad en lo que se conoció como 'Circuito Camps' y en el campo de concentración de La Cacha. A su vez, se lo considera responsable por el operativo en el que fue asesinada Diana Teruggi, la hija de Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo y desde el que se desconoce el paradero de su nieta, Clara Anahí. También le caben graves sospechas por la segunda desaparición ya en democracia de Jorge Julio López, testigo clave de la que resultara su primera condena a prisión perpetua.
En el marco de un Gobierno que promueve las prisiones domiciliarias a genocidas y sostiene una mirada negacionista y reconciliadora, fue la lucha inquebrantable de los organismos de Derechos Humanos y la ciudadanía organizada; la que logró torcer el brazo del Partido Judicial para que así prime el reclamo de que el único lugar para un genocida es la cárcel común, perpetua y efectiva.
A días de cumplirse un nuevo aniversario del inicio de la dictadura cívico militar, es fundamental no bajar la vara, exigiendo la continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
