Política

Fuerzas Armadas para la (in)seguridad interior

El presidente Mauricio Macri anunció en Campo de Mayo la modificación doctrinaria de las Fuerzas Armadas, que pasarí­an a tener dentro de sus incumbencias la garantí­a de la seguridad interior.
por La Cámpora
23 jul 2018
En el mismo sitio donde durante la dictadura cí­vico militar funcionaron cuatro centros clandestinos de detención y una maternidad, Macri justificó el anuncio de expandir el rol de las Fuerzas Armadas en la necesidad de combatir el narcotráfico, brindar apoyo logí­stico en las fronteras, custodiar “objetivos estratégicosˮ y “garantizar la capacidad de los activos e infraestructuras informáticas crí­ticas del sistema de defensa nacionalˮ. Se busca de este modo asignarles a los militares tareas explí­citamente prohibidas en nuestra legislación vigente, rompiendo un acuerdo sostenido por todos los gobiernos democráticos desde 1983 a esta parte, donde es polí­tica de Estado la separación de la defensa nacional de la seguridad interior. Esta estrategia no es novedosa ni original. Se ha puesto en práctica en otros paí­ses de la región como Brasil, Colombia y México, sin demasiados resultados positivos para mostrar y con efectos  perjudiciales sobre la población civil, con violaciones sistemáticas a  los derechos humanos, derramamiento de sangre y el recrudecimiento de la violencia. En México, se acumulan 234 mil muertos entre 2016 y 2017. Como ejemplo de ello, vale recordar que un grupo de militares está involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En Brasil, dentro de las ví­ctimas de este sistema, encontramos el reciente asesinato de la concejala opositora Marielle Franco. En paralelo, es notorio el fracaso del objetivo inicial de combatir el narcotráfico. Es así­ como se consolida la idea de un enemigo interno, aumentando y recrudeciendo la violencia hacia los ciudadanos y ciudadanas, utilizando herramientas de inteligencia militar para realizar espionaje y reprimiendo la protesta social. Sobre el último punto, es menester remarcar que el anuncio fue anticipado por el periodista Mariano Martí­n el dí­a de ayer, el cual aduce que le fue transmitido por parte integrantes del Ministerio de Trabajo que habrí­an indicado que algunos de esos “objetivos estratégicosˮ serí­an “el yacimiento de Vaca Muerta y Atucha para acallar eventuales protestas de gremios hoy disidentes como Camionerosˮ. Este anuncio se evidencia como una maniobra más para  disciplinar y amedrentar a los movimientos sociales, polí­ticos y sindicales que se manifiesten ante las polí­ticas de hambre y ajuste del gobierno, polí­ticas que seguirán agudizándose a partir del reciente acuerdo con el FMI. Las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en lo referido a seguridad Nacional, a partir de lo enunciado en las leyes de Seguridad Interior, de Inteligencia Nacional y de Defensa Nacional. En esta última está explí­citamente enunciado que “se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa a la Defensa Nacional de la Seguridad Interiorˮ.  Su decreto reglamentario, firmado por el ex presidente Néstor Carlos Kirchner en el año 2006, insiste en que “deben rechazarse enfáticamente todas aquellas concepciones que procuran extender y/o ampliar la utilización del instrumento militar hacia funciones totalmente ajenas a la defensa, usualmente conocidas bajo la denominación ˮ˜nuevas amenazasˮ. Donde dice “nuevas amenazasˮ bien puede leerse “narcotráficoˮ. Nada nuevo bajo el sol. Cabe remarcar que nuestras Fuerzas Armadas no están capacitadas para salvaguardar la seguridad interior ni tienen el armamento necesario para disuadir ciudadanos y ciudadanas sin herirlos de muerte. Sus armas de combate son las necesarias para un contexto de guerra. A su vez, tampoco tienen la formación para poder cumplir instrucciones de jueces o fiscales o para aportar pruebas a la hora de una contienda judicial. Son militares preparados en su instrucción y equipamiento para la guerra con un enemigo externo, no para la defensa interior en un paí­s pací­fico. No  deberí­a sorprendernos que desde el poder Ejecutivo nuevamente se avasallen las garantí­as institucionales y se pretenda gobernar mediante decretos de necesidad y urgencia, anulando el rol del Congreso de la Nación, ámbito donde necesariamente deberí­a debatirse un cambio de tal impacto para la ciudadaní­a en su conjunto. Exigimos que la medida anunciada se debata de cara al pueblo con sus representantes: los legisladores y legisladoras. Y, a su vez, hacemos un llamado a todas las fuerzas polí­ticas, sociales y sindicales a unirse a los Organismos de Derechos Humanos en pos de la defensa de la Democracia.
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