Islas Malvinas de espaldas al futuro: dos años del Acuerdo Foradori-Duncan
El Comunicado Conjunto N ° 304/16 rubricado por el ex vice canciller argentino, Carlos Foradori, y el ministro británico, Alan Duncan, es un atentado contra la Política de Estado argentina deplegada durante años en torno a la Causa Malvinas. Yendo contra toda consistencia estratégica, el Gobierno de Cambiemos desando la virtuosa construcción de respaldos en el plano internacional, convirtiendo a la Causa Malvinas en mera una cuestión de negocios.
por
La Cámpora
13 sep 2018
El 12 de septiembre de 2016, el Ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth británica, Sir Alan Duncan llegó a la Argentina para participar del Foro de Inversiones y Negocios organizado por el gobierno de Cambiemos. No es casual que fuese justamente en medio del “Mini Davosˮ, como la prensa local bautizó a dicho encuentro, que el funcionario británico y el entonces vicecanciller argentino, Carlos Foradori, firmaran el Comunicado Conjunto por el cual se fijaran los nuevos términos de las relaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido.
En dicho documento, el apartado referido al Atlántico Sur explicita que las partes acuerdan “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburosˮ.Hablar de remover obstáculos para el desarrollo de las Islas es justamente acatar las pretensiones de Gran Bretaña.En estos dos años, el “Comunicado Conjuntoˮ viene funcionando como el marco a través del cual Gran Bretaña impone sus intereses en el Atlántico Sur.
Esto queda evidenciado en las múltiples dimensiones que se mencionan en el Acuerdo:
En lo que refiere al tema pesquero, en mayo de 2018 se reinstaló el Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS), una demanda del sector empresario que opera ilegalmente en territorio marítimo argentino, en tanto que mayor información sobre recursos ictícolas presentes en la zona permite optimizar sus rindes. Actualmente, la pesca representa el 41% de la actividad económica de las islas, y 2/3 de los impuestos a corporaciones.Cada barco que opera ilegalmente captura entre 30 y 40 toneladas de calamar por día. La campaña 2018 es récord solo comparable a la de 1995 y siguen incrementándose las licencias ilegales.
Esto tiene el agravante de darse en un contexto de incertidumbre y debilidad de los contratos de explotación. Las autoridades del gobierno isleño y representantes de su industria pesquera están preocupados por las implicancias del “Brexitˮ. La legisladora del gobierno ilegal, Teslyn Barkman ha señalado que la pérdida del acceso sin restricciones al Mercado Europeo, “pondría en riesgo la rentabilidad de la industria pesquera, e impactaría tanto en en la economía en general como en los ingresos de del gobierno en particularˮ.
En materia hidrocarburífera, la inacción del Canciller Faurie es total. Rockhopper Y Premier Oil, las dos principales empresas que operan en la zona, vienen avanzando sostenidamente en las actividades ilegales proyectadas en sus planes corporativos. El informe del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) publicado el día 2 de abril, señala que durante la Conferencia Oil Capital desarrollada en Septiembre de 2017, el CEO de Rockhopper presentó un informe sobre la evolución de las gestiones de la empresa para concretar la explotación de Petróleo en las Islas Malvinas. Según consta en dicho informe, allí se descubrió y certificó la presencia de un mínimo recuperable de 500 millones de barriles y un máximo de 900 millones de barriles. Solamente ese mínimo equivale a casi 3 años de producción total petrolera argentina (datos a 2017), a 10 años de producción chubutense -primera productora- y a 143 años de producción fueguina.
El CEO explicó también que en 2018 se decidirá la suerte tanto de la financiación requerida (1.500 millones de dólares) como de la aprobación del estudio de impacto ambiental ya formalmente presentado por Premier a las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas. En función de esto, las empresas Rockhopper y Premier Oilpreveen que el desarrollo del proyecto comenzará en 2019, con el primer pozo productor de un total de 23 a ser perforado entre enero y junio de 2020. El primer barril de crudo comenzará a fluir a la superficie (al barco de almacenaje) durante la primera mitad de 2022.
Pese a esto, la Cancillería argentina no ha tomado ninguna nueva acción para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 26.659 y su modificatoria 26.915, las cuales establecen condenas civiles y penales a las personas jurídicas y físicas que desarrollen actividades ilegales en nuestra plataforma continental.
El establecimiento de un nuevo vuelo desde el continente suramericano hacia las Islas sin siquiera considerar a Aerolíneas Argentinas como opción, y la pretensión de los isleños de comandar los términos y plazos de las negociaciones es la confirmación del nivel de deterioro de la posición argentina. Es de público conocimiento que la demanda de la incorporación de un vuelo con destino a las Islas Malvinas por parte del Reino Unido tiene por fin potenciar las actividades militares y económicas ilegales en favor de la potencia ocupante y en perjuicio de la posición argentina, lo cual implica atentar contra el cumplimiento de lo establecido por la Constitución Nacional.
Todas estas acciones apuntan a incrementar el “desarrollo de las Islasˮ. Vale recordar que el PBI per cápita de las Islas Malvinas es de 122.000 dólares (cifras 2017). Esto supera al Principado de Mónaco -u$s105.000- y al Reino petrolero de Qatar -u$s 94.000-. Es inaceptable que el Gobierno Argentino hable de facilitar el desarrollo de los isleños cuando los argentinos viven cada día peor y esos recursos nos pertenecen.
Todas estas acciones y omisiones atentan contra la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. Esto lo ha dicho no solo los ex combatientes, los principales expertos sobre la materia y la dirigencia opositora a Cambiemos, sino que la propia Asociación Argentina de Derecho Internacional, expresó en su declaración del 9 de septiembre de 2017que toda acción que afiance la presencia del Reino Unido en las Islas es inconstitucional.
Es hora que el gobierno de Mauricio Macri termine con este bochorno, remita al Congreso el Acuerdo y acate lo que defina el Congreso de la Nación.
El Atlántico Sur es el futuro. Tiene que ser la vía para el desarrollo de los argentinos y principalmente de la Patagonia Austral.
