El Gobierno nacional constituye el nuevo estatuto legal del coloniaje a partir de garantizar condiciones excepcionales para el gran capital durante las próximas tres décadas. El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Súper RIGI y la reciente reforma (por decreto) del régimen de inversiones mineras constituyen distintas piezas de una misma arquitectura normativa orientada a profundizar la extranjerización del territorio, debilitar la capacidad regulatoria del Estado y ampliar las garantías otorgadas a las grandes corporaciones.
En conjunto, estas reformas atacan a la Argentina y modifican el vínculo entre el Estado, el territorio y el capital. Donde existían herramientas para regular el acceso a la tierra, proteger ecosistemas estratégicos o asegurar que las inversiones contribuyeran al desarrollo nacional, el Gobierno propone reemplazarlas por un régimen de desregulación, beneficios fiscales extraordinarios y estabilidad jurídica para los grandes grupos económicos.
La tierra y el fuego bajo la lógica del mercado
En un país como la Argentina, con enormes reservas de agua dulce, tierras fértiles, biodiversidad y minerales críticos, discutir quién controla el territorio es discutir soberanía. Por eso, durante los gobiernos de Néstor y Cristina se impulsaron normas destinadas a establecer límites donde históricamente avanzaron la especulación y la concentración de la riqueza.
La Ley de Tierras Rurales (Ley N.º 26.737), sancionada en 2011 por iniciativa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, partió de una definición política clara: la tierra no puede ser tratada como una mercancía más. Es un recurso estratégico vinculado a la producción de alimentos, el acceso al agua, la energía, la minería y el ordenamiento del territorio. Por ese motivo estableció límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, impidiendo que una porción creciente del territorio nacional quedara bajo control de fondos de inversión, grandes empresas o magnates extranjeros.
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el gobierno de Milei busca desarmar esa lógica. Elimina los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales, incluyendo el tope del 15% del territorio, el máximo del 30% por nacionalidad y el límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, así como las restricciones sobre áreas estratégicas y recursos hídricos. En la práctica, esto reduce drásticamente el alcance de la normativa vigente y amplía la posibilidad de adquisición de grandes extensiones de tierra por parte de empresas y fondos de inversión extranjeros.
A su vez, el proyecto de ley vacía de contenido la modificación introducida en 2020 a la Ley de Manejo del Fuego impulsada por Máximo, para desactivar uno de los principales incentivos económicos detrás de los incendios intencionales. En muchos casos, el fuego opera como una herramienta para degradar el valor ecosistémico de determinados territorios y habilitar así usos económicamente más “rentables”.
La ley de Manejo de Fuego vigente establece que las tierras incendiadas no pueden modificar su uso durante 30 años para zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales, entre otros y 60 años en áreas protegidas, humedales o de bosque. Esta restricción frena el uso del fuego como método especulatorio. La lógica es simple: si incendiar un territorio ya no es una herramienta de uso frecuente para convertir un bosque o un humedal en un barrio privado o un emprendimiento agrícola ganadero, entonces hay más posibilidades de cuidar el territorio argentino y la Casa Común. El gobierno nacional busca eliminar esa prohibición y habilitar que el mercado defina libremente el destino de las tierras incendiadas.
A fin de cuentas, la especulación avanza. Argentina retrocede.
Treinta años sin Estado
Si el RIGI ya implicó una cesión extraordinaria de potestades del Estado en favor de grandes inversores extranjeros, el nuevo proyecto de Régimen de Incentivo para grandes Inversiones en Nuevas Industrias (conocido como “Súper RIGI”) es aún peor. Milei y Sturzenegger proponen un régimen especial destinado exclusivamente a megaproyectos de más de mil millones de dólares vinculados a las llamadas “nuevas actividades económicas”, es decir, industrias, desarrollos tecnológicos e infraestructura digital estratégica que hoy no existen en el país o funcionan de manera incipiente.
El Super RIGI profundiza los privilegios que ya habían sido otorgados a quienes ingresen al régimen anterior, y que ya fracasó. Por eso se reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% al 15%, se amplían beneficios fiscales y exenciones aduaneras, y se flexibiliza el régimen cambiario, permitiendo una mayor libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones y financiamiento externo. También se reducen las contribuciones patronales y se garantiza estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria por 30 años. Incluso se establece que estos beneficios constituyen derechos adquiridos asimilables al derecho de propiedad, reforzando su protección jurídica frente a cualquier cambio normativo futuro.
En los hechos, esto implica que decisiones que hoy toma un gobierno quedan bloqueadas durante tres décadas, independientemente de quién gobierne después. Por ende, un grupo muy reducido de corporaciones puede condicionar la soberanía del Estado en materia fiscal, regulatoria y cambiaria buscando asegurar condiciones excepcionales en detrimento de los intereses nacionales o las grandes mayorías.
Mientras tanto, el ajuste recae sobre otros sectores de la sociedad, como jubilados, trabajadores, universidades públicas y el sistema científico-tecnológico. El resultado es un esquema donde las reglas democráticas pierden capacidad de incidir sobre las decisiones económicas más relevantes del país, y donde las grandes inversiones quedan blindadas frente a cualquier reorientación futura del modelo de desarrollo.
La profundización del extractivismo
La tercera pieza de este esquema es la reforma del Régimen de Inversiones Mineras. Bajo el argumento de mejorar la competitividad, mediante el Decreto 482/2026, el Gobierno facilita aún más el régimen que ya otorgaba importantes beneficios al sector, ampliando las condiciones para la explotación de minerales estratégicos bajo reglas cada vez más favorables para las grandes empresas.
La Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras fue sancionada en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem, en el marco del ciclo de reformas regresivas y privatizadoras de los años noventa. En ese marco, la norma instituyó un régimen integral de promoción de inversiones para la actividad minera que estableció un conjunto de incentivos altamente favorables al capital extractivo, entre ellos la estabilidad fiscal por 30 años, la amortización acelerada, beneficios tributarios para la exploración y explotación y tratamientos promocionales en materia de importaciones.
Con la nueva reglamentación (Decreto 482/2026), se reemplaza parte del esquema de control previo por un sistema basado en declaraciones juradas y verificación posterior. En ese marco, el acceso a beneficios del régimen minero, en particular los vinculados a importaciones y trámites promocionales, reduce el peso de las validaciones administrativas previas, sustituyendo el esquema de autorizaciones y certificaciones por un régimen de declaración jurada sobre el destino de los bienes, inversiones o actividades comprometidas.
Un proyecto de país
Tanto la Ley de Tierras como la Ley de Manejo del Fuego expresan algo mucho más profundo que una política sectorial: reflejan la decisión del Estado de intervenir allí donde históricamente avanzó la especulación, la concentración y el saqueo. Entender a la política ambiental como un instrumento para repensar nuestro modelo de desarrollo es lo que nos invita a problematizar que el territorio argentino no puede ser pensado únicamente en términos de rentabilidad económica para los grandes jugadores del sector privado. Por eso, estas leyes incomodan tanto a los sectores concentrados de la economía que hoy tienen de títere a Milei y se benefician de cada una de sus políticas de ajuste.
Desde esta perspectiva, hace años que Máximo advierte que la subordinación de la Argentina a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) requiere avanzar sobre un plan de triple flexibilización: ambiental, laboral e impositiva. Lejos de tratarse de reformas aisladas, estas medidas forman parte de una misma estrategia orientada a remover regulaciones, debilitar derechos y despejar obstáculos para la expansión de los sectores económicos más concentrados de nuestro país. El ensañamiento sostenido contra las leyes ambientales responde, en este sentido, a la necesidad de eliminar los límites que hoy condicionan el avance sobre nuestros bienes comunes naturales. En conjunto, esta triple flexibilización configura un modelo que transfiere riesgos, costos y pasivos al Estado y a la sociedad en su conjunto, mientras concentra beneficios en un reducido núcleo de actores económicos y financieros.
Lejos de constituir una estrategia de desarrollo o de mejora del bienestar general, este rumbo profundiza la dependencia externa y consolida una lógica de ajuste estructural permanente, en la que el endeudamiento se paga con el saqueo de los bienes comunes naturales, la precarización del trabajo y el deterioro de las condiciones de vida. Estos efectos no son daños colaterales, sino componentes funcionales de un esquema diseñado para garantizar la rentabilidad de los sectores más concentrados y el cumplimiento de compromisos financieros, aun a costa del presente y el futuro de la sociedad argentina. En ese esquema, el gobierno de Javier Milei actúa como principal ejecutor de una agenda impulsada por el poder económico concentrado y alineada con las exigencias del FMI y de Estados Unidos, promoviendo transformaciones que profundizan la dependencia y facilitan nuevas formas de saqueo.
Por eso también, ese poder real necesita a Cristina ilegalmente presa y proscripta: porque con la líder política más importante del país hablando de estos temas y caminando los distintos rincones de la Argentina, no le sería tan fácil al gobierno comprar las voluntades que compra en el Congreso de la Nación. La libertad de Cristina es una condición innegociable para los y las militantes del ambientalismo popular: porque con Cristina presa no hay Patria libre, justa y soberana, ni condiciones de posibilidad para que la política pueda imponerse ante las garras especulativas de los grandes poderes que promueven el extractivismo a costa del bienestar del pueblo argentino.
La tierra no se vende y la soberanía no se negocia, necesitamos ambientalismo popular y a Cristina libre.
