El proyecto presentado pretende modificar la Ley de Contrato de Trabajo (N °20.744) en sus artículos 173 y 174. A partir éste, se indica que la trabajadora debe ser la que reclame a su empleador, en caso de suponer o saber que percibe una remuneración menor a la de otro trabajador que realiza la misma tarea. Si el empleador se negara a equiparar su salario en el plazo de 60 días, la trabajadora deberá radicar una queja en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el cual intimará al empleador a regularizar la situación; sin que por esto se realicen sanciones ni penas al mismo.
De este modo, se pone a la trabajadora en la obligación de ser ella quien vele por el cumplimiento de sus derechos, provocando aún más desigualdad en sus relaciones laborales. Similar situación se quiere lograr en el proyecto de reforma laboral que pretende aprobar el oficialismo, donde el empleador tendrá un año para regularizar a los trabajadores no registrados sin que se multe a quien lo hiciera en ese plazo. Es así como el Estado se corre de su rol de garante de derechos a la par que persigue, estigmatiza e intenta debilitar a los sindicatos, los únicos que pueden intervenir a la hora de bregar por la equidad ante la asimetría existente entre empleador y empleado/a.
Ante esto, es fundamental destacar que la paridad salarial está ya incluida en la Constitución Nacional, donde en su artículo 14 bis se indica que los trabajadores y trabajadoras deberán recibir “igual remuneración por igual tareaˮ y en el artículo 16 donde se establece que todos los habitantes de nuestra patria somos iguales ante la ley. A su vez, la Ley de Contrato de Trabajo prohíbe en su artículo 17 que exista discriminación entre trabajadores y trabajadoras por motivos de su género y en el 81 se le impone al patrón que debe brindar el mismo trato a todos sus empleados y empleadas.
Este proyecto, a su vez, invisibiliza las situaciones que conllevan a la inequidad entre hombres y mujeres en el mundo laboral. Pone el acento en una consigna leída en algún cartel, sin profundizar en los motivos de la brecha salarial. Es cierto que existe una brecha del 27% entre hombres y mujeres en nuestro país según los últimos datos del INDEC, así como también es cierto que esa brecha entre 2004 y 2015 había bajado del 33% al 22%; dejando en evidencia que son las políticas públicas las que generan equidad y no la mera declaración en cadena nacional. El proyecto presentado nada dice ni regula sobre los motivos de esa brecha. Las mujeres dedican, según el INDEC, 5,7 horas diarias al trabajo reproductivo, mientras los varones lo hacen sólo 2. Si el gobierno buscara que las mujeres tengan más tiempo para dedicarle al trabajo productivo, podría, por ejemplo, dejar de cerrar escuelas y de poner trabas a la hora de las inscripciones cuando aún el cambio cultural no llegó para que los hombres sean los que recorran escuelas en busca de vacantes.
A su vez, se ataca el salario de las ocupaciones que son prioritariamente desempeñadas por mujeres, las llamadas profesiones asociadas a tareas de cuidado, como ser la docencia, al ofrecer en las distintas jurisdicciones un aumento salarial menor a la inflación proyectada. En la misma línea, en el acuerdo paritario para empleados públicos de 2017, se incorporó para los y las estatales la figura de presentismo. El mismo deja de cobrarse ante licencia por maternidad, días por estudio y enfermedad propia o de familiar a cargo, siendo las mujeres las que más horas dedican a la crianza de los hijos e hijas y al cuidado de los adultos mayores o personas enfermas en el seno familiar. Una muestra más de la hipocresía del gobierno.
Del mismo modo, no se visibiliza la dificultad de las mujeres de acceder a cargos jerárquicos con sueldos de mayor remuneración, lo que comúnmente se denomina “techo de cristalˮ. Nada se hace para incentivar estos puestos en el ámbito privado y se hace lo contrario en la cartera pública: con el último recorte a la estructura del Estado, de los 51 puestos jerárquicos ocupados por mujeres, quedaron apenas 27. Y recordemos que hay sólo 2 ministras versus 19 ministros.
En el mismo sentido, cabe destacar el fin de la moratoria previsional a partir de la cual se habían podido jubilar 2 millones de trabajadores y trabajadoras que no contaban con los aportes reglamentarios, siendo un 86% de estos mujeres. La pensión universal para el adulto mayor que la reemplaza, no hace más que acrecentar la brecha entre el hombre que ha tenido un trabajo registrado y pudo jubilarse y la mujer que, o bien no estaba registrada, o en la mayoría de casos era ama de casa, realizando la tarea laboral más invisibilizada y precarizada que es la del cuidado del hogar que permitió al hombre y al Estado acumular capital.
Por último, Héctor Recalde dio a conocer recientemente una serie de proyectos que trabó el oficialismo tendientes a la ampliación de derechos para las mujeres, entre los que se destaca una norma que se trató en la comisión de Legislación del Trabajo en el año 2013 que otorgaba una indemnización a aquellas que tuvieran un salario menor que el de sus compañeros varones a igual tarea. El PRO (hoy Cambiemos) rechazó el proyecto.
El gobierno nacional utiliza un discurso propio del neoliberalismo planteando que es necesario bregar por la igualdad de oportunidades cuando lo que realmente termina con las injusticias son las políticas públicas eficaces que promueven equidad. Si hablamos de un colectivo como el de las mujeres, histórico y mundialmente sometido, no alcanza con igualarlo a los hombres; son necesarias políticas de discriminación positiva que permitan un verdadero Cambio. Será la marea feminista la que deba empujar para la conquista de derechos en pos de la justicia social y la equidad de géneros. Nada se puede esperar de quien se hace llamar “el feminista menos pensadoˮ pero históricamente recortó derechos a los sectores más vulnerados.
