Política

La PISAda herencia

Durante la semana pasada se oyeron algunas voces sobre las pruebas PISA, un instrumento de evaluación estandarizada que pretende valorar “la calidad” de la educación media en distintos paí­ses socios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
por La Cámpora
13 dic 2016
Por Julia Satlari y  German Schiavinato Si bien, en términos de la doctora en Educación Adriana Puiggrós “esa escala se construye en base a una comparación de objetos incomparables pues los sistemas escolares son distintos entre muchos paí­sesˮ y a la vez “la rigidez de los instrumentos que utiliza la OCDE no permiten adecuación alguna a los cambios que se producen en el objeto que miden, de manera que toda inadecuación a las respuestas al formato aplicado es considerada negativaˮ, pueden considerarse algunas cuestiones en relación a la polémica suscitada por la evaluación. En primer lugar, la repercusión de la no-publicación de los resultados de Argentina 2015: de acuerdo al exministro de Educación, Alberto Sileoni, las cuestiones técnicas y metodológicas que pudieran incidir en los resultados se salvaban teniendo en cuenta que muchas escuelas se fusionaron al adaptarse a la nueva legislación, y que aún así­ los datos nacionales no se publicaron cuando sí­ circularon las estadí­sticas -con una mejora sin antecedentes- de CABA (hecho que por lo menos debe prestarse a la sospecha). De esta manera, la ocultación parcial de los resultados redunda en una invisibilización de las mejoras en educación que, incluso con un vara internacional estandarizada iban a mostrarse al mundo. Esa mejora y una elevación en el ranking se justificarí­a si tenemos en cuenta que “estos chicos tuvieron libros, tuvieron la AUH, más financiamiento educativo, netbooks, más equipamientoˮ de acuerdo a la gestión en educación nacional de los últimos años previos al macrismo. Así­ todo, los medios que difundieron y difamaron la no publicación de los resultados aunque hubiera mejorado el lugar de la Argentina en el ranking, nunca hubieran admitido dicha mejora. Lo llamativo, por sobre todas las cosas, es la posibilidad de que existiesen acuerdos entre el Organismo y gobiernos particulares, según las propias declaraciones de Andreas Schleicher (Director de Educación en la OCDE). Los resultados de este tipo de evaluaciones estandarizadas, que no consideran las particularidades del territorio ni las caracterí­sticas de los actores sociales, ocupan un lugar particular dentro de la polí­tica educativa de las corrientes neoliberales. Por un lado, son requisito para acceder a contratos con los organismos internacionales. Pero lo más controvertido sin dudas reside en la utilización interna de estas evaluaciones. En semejanza con lo que se tení­a previsto con el “Operativo Aprender 2016ˮ -que, por suerte, encontró fuerte resistencia por parte de la comunidad educativa, sobre todo en CABA-, este tipo de evaluaciones “externasˮ al sistema educativo y sus actores no son más que palabras para justificar una polí­tica ya decidida. Es decir, argumentos para “profecí­as autocumplidasˮ. El cí­rculo de la ecuación se cierra cuando los resultados dan cuenta que la educación pública es ineficiente y de mala calidad, y la privada eficiente, competitiva. El resultado buscado ya lo saben de antemano, por eso este tipo de evaluaciones son pura excusa para vulnerar derechos. En el contexto de discusión de un presupuesto en el que las partidas para Educación, Ciencia y Tecnologí­a disminuyen abruptamente, la alteración de los resultados y de la difusión e información sobre los mismos constituye una pantalla más para ocultar la realidad.
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