La puesta en marcha de la reciente Ley de Papel para Diarios y la resolución 9/2012 dictada ayer por el Ministerio de Economía, que regula la importación y producción, despertó distintas reacciones, con editoriales negativas en la prensa privada alineada con el Grupo Clarín.
Los medios accionistas de Papel Prensa SA son los que dieron mayor trascendencia al tema, buscando instalar la idea de que el objetivo que persigue el Gobierno es el de restringir la libertad de expresión controlando la producción de papel para diarios.
Resulta representativa de la línea editorial la columna de Adrián Ventura en La Nación, quien dice que la resolución “desnuda la política oficial sobre la prensa libreˮ, que sería buscar, por medio de la vía autoritaria, silenciar a “los diarios independientesˮ.
Como instrumento principal para dar validez a esta postura los medios que comparten esta línea se basaron en un comunicado de repudio de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina), que es la cámara empresaria que nuclea a algunos medios privados, cuyas intervenciones suelen estar ligadas a la defensa de intereses económicos más que al ejercicio del periodismo.
Los dueños de Papel Prensa también buscaron construir la idea de una preocupación internacional sobre el asunto, citando Clarín al diario español El Mundo (autodefinido como liberal y cercano al Partido Popular) y La Nación el Comité de Protección de Periodistas, una organización con sede en Nueva York.
Omisiones planificadas
Los ataques a las leyes impulsadas por el Gobierno que afectan los bienes de estos grupos están muchas veces amparados en armados corporativos que responden o forman parte de los intereses en juego. Estas instituciones son presentadas como organizaciones conformadas por representantes del sector libremente asociados, y esto les permite utilizarlas como voces neutrales y legítimas a la hora de buscar interlocutores que defiendan estos intereses.
Una de ellas es el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que no es el Colegio Público de dicha profesión, sino una entidad minoritaria (cuenta con apenas 1200 asociados) y voluntaria que reúne a referentes de la derecha conservadora ligados con la última dictadura militar, como el hijo de Martínez de Hoz o el subsecretario de justicia de Videla. El presidente del colegio, Raúl Aguirre Sarabia, es a la vez uno de los directores de Papel Prensa, en representación de los capitales privados.
Otra es el Comité para la Protección de Periodistas, una organización estadounidense con sede en Nueva York que funciona con aportes de grandes corporaciones privadas, no todas ligadas al periodismo. Entre ellas figuran los principales actores del neoliberalismo, como los grupos de especulación financiera Citigroup y Goldman Sachs.
La puesta en marcha de la reciente Ley de Papel para Diarios y la resolución 9/2012 dictada ayer por el Ministerio de Economía, que regula la importación y producción, despertó distintas reacciones, con editoriales negativas en la prensa privada alineada con el Grupo Clarín.
Los medios accionistas de Papel Prensa SA son los que dieron mayor trascendencia al tema, buscando instalar la idea de que el objetivo que persigue el Gobierno es el de restringir la libertad de expresión controlando la producción de papel para diarios.
Resulta representativa de la línea editorial la columna de Adrián Ventura en La Nación, quien dice que la resolución “desnuda la política oficial sobre la prensa libreˮ, que sería buscar, por medio de la vía autoritaria, silenciar a “los diarios independientesˮ.
Como instrumento principal para dar validez a esta postura los medios que comparten esta línea se basaron en un comunicado de repudio de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina), que es la cámara empresaria que nuclea a algunos medios privados, cuyas intervenciones suelen estar ligadas a la defensa de intereses económicos más que al ejercicio del periodismo.
Los dueños de Papel Prensa también buscaron construir la idea de una preocupación internacional sobre el asunto, citando Clarín al diario español El Mundo (autodefinido como liberal y cercano al Partido Popular) y La Nación el Comité de Protección de Periodistas, una organización con sede en Nueva York.
Omisiones planificadas
Los ataques a las leyes impulsadas por el Gobierno que afectan los bienes de estos grupos están muchas veces amparados en armados corporativos que responden o forman parte de los intereses en juego. Estas instituciones son presentadas como organizaciones conformadas por representantes del sector libremente asociados, y esto les permite utilizarlas como voces neutrales y legítimas a la hora de buscar interlocutores que defiendan estos intereses.
Una de ellas es el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que no es el Colegio Público de dicha profesión, sino una entidad minoritaria (cuenta con apenas 1200 asociados) y voluntaria que reúne a referentes de la derecha conservadora ligados con la última dictadura militar, como el hijo de Martínez de Hoz o el subsecretario de justicia de Videla. El presidente del colegio, Raúl Aguirre Sarabia, es a la vez uno de los directores de Papel Prensa, en representación de los capitales privados.
Otra es el Comité para la Protección de Periodistas, una organización estadounidense con sede en Nueva York que funciona con aportes de grandes corporaciones privadas, no todas ligadas al periodismo. Entre ellas figuran los principales actores del neoliberalismo, como los grupos de especulación financiera Citigroup y Goldman Sachs.
