El gobierno nacional publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia que reduce las indemnizaciones por accidentes, enfermedades y fallecimiento en el marco laboral en pos de “mejorar las condiciones de sostenibilidad del sistemaˮ. Es decir, se aumentan los márgenes de ganancias de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, a costa de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Actualmente, las ART realizan una escasa inversión en materia de prevención y promoción de la salud en el ámbito laboral. A partir de esta modificación; resulta esperable que dicha inversión se reduzca aún más; repercutiendo negativamente en la salud integral de los empleados.
Es preciso recordar que esta medida se da a pocos días del fallecimiento de José Bulacio, quien sufrió un accidente laboral en el marco de la obra del Aeropuerto de Ezeiza. Por este hecho, la Justicia se encuentra investigando irregularidades por parte de la empresa y los controlantes. El delegado del sector de Inspección del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Lescano, indicó que en una inspección realizada se detectaron problemas pero, de todos modos, la obra no se suspendió. De este modo, infirió que existía un apuro en terminar la construcción del aeropuerto en clave electoral y que a esto se debieron las negligencias en materia de prevención. El DNU, en caso de no ser declarado inconstitucional, se aplicaría a la indemnización que debe cobrar la familia del obrero fallecido.
Ahora bien, cabe preguntarse cuál era la necesidad y urgencia por la cual esta modificación a la ley no podía ser tratada por el parlamento como dice la Constitución; sino el aumento de forma inmediata de las ganancias de las ART en un último favor a las aseguradoras por parte de un gobierno que no tomó una sola medida en favor del pueblo.
Al respecto, el candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires y doctor en Derecho del Trabajo Mariano Recalde calificó a la medida como un “retroceso gravísimoˮ basado en fundamentaciones falaces. “El DNU reduce la tasa de interés para actualizar la base de cálculo de las indemnizaciones y para actualizar los montos de acuerdo al tiempo que demoran los juiciosˮ, explica Recalde, para continuar detallando que “Ahora las compañías van a especular con las tasa de interés, para ver cuándo les conviene pagar. Las ART son las grandes ganadoras de esta medida y queda claro en su fundamento: el interés que se defiende es la rentabilidad de las empresasˮ.
“Las compañías no van a pagar en tiempo y forma, va a aumentar la litigiosidad y a disminuir la prevención, un dato más que alarmante si tenemos en cuenta que en nuestro país muere un trabajador por accidente de trabajo cada 12 horasˮ, culminó el actual legislador porteño.
El mismo día, horas más tarde a la publicación del Boletín Oficial, el presidente Mauricio Macri realizó un acto de campaña en la localidad bonaerense de Morón donde anunció la eliminación y baja de las cargas patronales para los empleados nuevos que contraten las PyMES. El anuncio indica que en el 2020 dichas cargas serán reducidas a cero y en el 2021 a la mitad que en la actualidad.
Esta medida continuará desfinanciando el ANSES, atacando una vez más los derechos de quienes han trabajado toda su vida para poder tener una vejez digna. En paralelo, podría generar que los empresarios despidan trabajadores con antigí¼edad y contraten nuevos de forma más económica. El presidente sólo indicó ante esta posibilidad que “este beneficio va a aplicarse únicamente a las empresas que aumenten la cantidad de empleadosˮ. Dejando abierta la puerta a la posibilidad de contratar más trabajadores que los despedidos y así acceder al “beneficioˮ. Un anuncio de claro tinte electoral para intentar arañar algún voto más del empresariado, vulnerando los derechos de los trabajadores activos y pasivos.
“Generar trabajo es la única forma genuina de salir de la pobrezaˮ, escribió en sus redes al respecto el primer mandatario. Horas más tarde, el Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer las cifras de la pobreza del primer semestre del año en curso, las cuales reflejan que el 35,4% de la población es pobre y el 7,7%, indigente. Proyectando estas cifras al total país, significa que hay 15.928.500 personas por debajo de la línea de pobreza y 3.450.250 indigentes. Es decir, Macri dejará su gobierno con 5 millones más de pobres que cuando asumió. Hace unos días, el INDEC refirió que en el segundo trimestre la desocupación llegó al 10,6%, afectando a casi 2 millones de personas; un número muy superior al 5,9% de diciembre de 2015.
