Por Horacio Pietragalla
El Presidente Mauricio Macri, durante una entrevista que realizó con el sitio estadounidense BuzzFeed dijo: "No tengo idea si son 9000 o 30 mil los desaparecidos". Además se refirió a "la guerra sucia" en vez de hablar de terrorismo de Estado y usó el calificativo "desquiciada" para referirse a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Hebe Bonafini.
¿A quién le habla el presidente cuando ningunea, tergiversa o minimiza los efectos de la más sangrienta dictadura cívico militar?
Para el caso, los editoriales del diario La Nación: "No más venganza" del 23 de noviembre último, o el titulado: "Terminar con la mentira de los 70"; o el que pide por los torturadores encarcelados bajo el título "Otra deuda del Estado Argentino", marcaron la cancha desde el día uno en consonancia con las posturas ideológicas de los representantes del poder real que se sirvieron del Terrorismo de Estado aplicado en contra de la población civil dentro del territorio nacional, para aplicar un plan económico genocida y ordenador de la sociedad.
El aumento del beneficios de la prisión domiciliaria a los responsables de los delitos de tortura y desaparición de personas, la merma de juicios en contra de genocidas, las trabas impuestas por los sectores del denominado Partido Judicial al avance de las causas de delitos de lesa humanidad cometidos por sectores civiles, son más que señales en esta nueva construcción de sentido que impone las condiciones para que las instituciones persigan y condenen mediáticamente a dirigentes sociales y políticos como Milagro Sala, mientras se profundiza la impunidad y el saqueo a los sectores populares.
La familia Macri, con su fortuna adquirida durante el proceso denominado "la patria contratista", la represión impuesta a trabajadores de los ingenios azucareros pertenecientes a la familia Blaquier, la adquisición en una sala de tortura de la empresa Papel Prensa por parte de los diarios Clarín y la Nación, entre otros, son solo algunos de los ejemplos de quienes fueron los beneficiarios directos del plan sistemático de represión.
El país atendido por sus dueños: los exgerentes de Shell, Techint, General Motors, HSBC, Telecom, Grupo Clarín, LAN, Banco Galicia, Pan American Energy, JP Morgan, Citibank, Telefónica, Coca-Cola, Deutsche Bank, Farmacity y Axion, son los que nos hablan desde la gestión pública nacional de "derechos del siglo 21", contraponiéndolos a los viejos Derechos Humanos, mientras implementan el mayor ajuste económico desde el estallido social de 2001.
Hoy, esa oligarquía terrateniente y financiera juegan de local con su presidente a la cabeza, quien además tiene el tupé de pedirle disculpas al Rey de España por nuestra independencia, el mismo día del Bicentenario de la patria.
Mauricio, que es Macri, se inmiscuye en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela, negándole el derecho legítimo a Nicolás Maduro a presidir el Mercosur aduciendo, ni más ni menos que el nombre de los Derechos Humanos, mientras tiene de invitado principal en el desfile militar del 9 de Julio al carapintada Aldo Rico.
Macri, que estuvo procesado judicialmente en más de 200 causas graves como la de las escuchas ilegales hacia familiares de víctimas del atentado contra la mutual judía AMIA, acusa a Hebe de Bonafini de estar "involucrada en hechos de corrupción graves".
El hombre que habla desde la suma del poder público y privado, porque además está a cargo de la tutela del Estado, y por ende, del aparato represivo, denomina: “horrible tragedia que fue esa guerra suciaˮ, cuando en realidad se refiere al terrorismo de Estado.
" ¿Fueron 30 mil?", preguntó la periodista mejicana. "No tengo idea, ese es un debate en el que yo no voy a entrar. Si fueron 9 mil o 30 mil. Si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido", contestó el entrevistado que es presidente de una de las naciones del cono sur víctimas del Plan Cóndor durante los años 70.
Construir opinión pública democrática es más complejo que destruirla con terror. Seis meses tardaron los agraviados directos e indirectos (organizaciones de derechos humanos, sociales, culturales y políticas) en lograr apartar de un cargo tan relevante al ministro de cultura Darío Lopérfido, quien tuviera expresiones similares a las de su jefe político.
Las implicancias y repercusiones de estas declaraciones institucionales tienen una faceta evidente y pública, pero también tiene otra que no es tan evidente y es la que genera en las víctimas, por la violencia que implica. ¿Quién pagará el costo de esta nueva fiesta perversa? es una pregunta con respuesta anticipada en la memoria del pueblo empoderado de derechos.
