Política

Macri y su justicia por mano propia

Ante un hecho criminal de masiva difusión mediática, el presidente Mauricio Macri dijo: "si no hay riesgo de fuga, porque es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, él deberí­a estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar en todo lo que pasó".
por La Cámpora
17 sep 2016
Según las primeras investigaciones, Brian Gonzalez habrí­a intentado robar en un comercio de la ciudad de Zárate; Daniel Oyarzún lo persiguió y lo atropelló con su auto ocasionándole la muerte, mientras vecinos del lugar lo agredí­an mientras  agonizaba. La triste imagen recorrió las pantallas y el paí­s entero se vio obligado a presenciar esta escena de horror, luego interpretada indebidamente por Macri, quien dió señales diversas, al Poder Judicial y a la sociedad en su conjunto. Más allá de que quienes deben resolver el caso son el juez de la causa y el fiscal, el presidente  ha instalado conceptos en la sociedad que guardan relación con el prejuicio y la estigmatización de vastos sectores de la población. Siguiendo la lí­nea argumental, bien podrí­a haber pedido la libertad de Milagro Sala, sobre quien pesan acusaciones aún no confirmadas. O podrí­a hacerlo con respecto a decenas de miles de hombres y mujeres procesados con prisión preventiva, que aún no han tenido juicio y que en su gran mayorí­a provienen de los sectores más vulnerables de la población. Pero no lo hizo y seguramente no lo hará. Fuera de discusión, que la prisión como castigo no restaura ni repara y que el encarcelamiento cautelar sólo es tolerable -de acuerdo a los estándares constitucionales y convencionales- en supuestos de riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, es evidente que Macri ha tomado el caso como parte de su experimento social que va en la dirección de instalar la idea de que existen ciudadanos de primera y de segunda categorí­a, alterando las normas legales vigentes y por sobre todo, intentando naturalizar que no todos somos iguales ante la ley. Así­ entonces quien mató a otro, es reivindicado como un privilegiado presidencial, al que se le asigna la etiqueta de buen tipo “harto de la inseguridadˮ, acompañado de aquellas mayorí­as imaginarias que, como “buenos vecinosˮ, pretendí­an linchar al ladrón moribundo que pedí­a auxilio mientras recibí­a golpes, insultos y demás agresiones, lo cual, proyectado por los grandes medios de comunicación, alienta a adherir a un comportamiento salvaje, promoviendo la justicia por mano propia, con el único fin de exterminar al otro, previamente construido como tal y presentado como enemigo, sobre todo lo cual, se han escrito rí­os de tinta en el ámbito académico y cientí­fico. La lógica planteada presenta la perversión de alterar la ética y las normas jurí­dicas desde dos perspectivas: primero, al privilegiar la propiedad privada por sobre el valor de la vida humana, y segundo, al establecer una categorí­a de ciudadanos de primera y de segunda categorí­a, lo cual justifica un sistema económico y polí­tico que acepta como eje estructural, la exclusión social. Contrariamente a lo que piensa Macri, y en cuanto serenemos nuestras pasiones o sinceremos nuestras intenciones, surgirá claro que quien roba seguramente deberá ser juzgado en cuanto a la magnitud de su delito, pero quien mata, comete un agravio inconmensurable en esa escala de valores. Eso es lo que precisamente ha sido alterado desde la más alta investidura nacional, y no de manera inocente.
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