Hoy, hace 13 años, una red de trata de personas con fines de explotación sexual secuestró a María de los íngeles Verón cuando tenía 23 años. A pesar del tiempo transcurrido, Susana Trimarco no pierde la esperanza de hallar a Marita. Gracias a la complicidad del Poder Judicial tucumano, los responsables todavía siguen en libertad, pero el caso es emblemático ya que puso al descubierto la trama de complicidades que existen entre el crimen organizado, las fuerzas de seguridad, de justicia y la política.
El 3 de y de abril de 2002 Marita Verón salió de su casa para hacerse unos controles médicos y jamás regresó. A partir de ese momento comenzó para su mamá y su hija Micaela, una odisea que todavía no vio su fin.
Hoy su caso tiene resonancia a nivel mundial a través de los medios masivos de comunicación, pero no fue sino hasta transcurridos los 3 años de búsqueda incansable, que tomó mayor impulso gracias al interés que despertó en el ex presidente Néstor Kirchner, que puso a este caso como prioritario hacia el interior de su gobierno. “Con las madres no se hace política, seguí buscando a tu hija y decime todo lo que necesitesˮ, relató Trimarco a la agencia TELAM respecto del mandato que le encomendó el ex presidente.
Gracias a los más de 150 testigos, especialmente quienes afirmaron haber visto con vida a Marita en locales nocturnos del norte del país, conocidos como wiskerías, donde se ejercía la prostitución, el 8 de febrero de 2012 comenzó el proceso judicial que llevó a los 13 acusados al juicio oral por “privación ilegítima de la libertad agravada y promoción de la prostituciónˮ. Pero en diciembre de ese año la Sala II de la Cámara Penal provincial falló con una sentencia absolutoria para todos los acusados, fundada en la supuesta “falta de credibilidad de los testimoniantesˮ, lo que produjo un escándalo en la opinión pública, hasta que un año más tarde fuera revocado por la Corte suprema de Justicia tucumana.
Finalmente, el 8 de abril de 2014, José Fernando “Chengaˮ Gómez, Gonzalo José “Chenguitaˮ Gómez, Mariana Natalia Bustos, Juan Humberto Derobertis, Cinthia Paola Gaitán, Carlos Luna, Daniela Natalia Milhein, Alejandro González, Domingo Pascual Andrada y María Azucena Márquez fueron sentenciados con penas entre 15 y 22 años de prisión. Sin embargo, esa sentencia todavía no está firme por lo que casi la totalidad de los condenados se encuentra en libertad. Además, se decidió en esa sentencia absolver a Rubén “la chanchaˮ Ale y los hermanos Rivero.
Desde La Cámpora reivindicamos con admiración la lucha que Susana lleva adelante día a día, junto a los miembros de la fundación María de los íngeles, en coordinación con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personasˮ. Es gracias a ese trabajo en conjunto, y a las iniciativas legislativas y políticas activas impulsadas por el Ejecutivo Nacional, que se lograron rescatar de las redes de trata a 8 mil personas desde 2007 hasta la fecha.
