En primer lugar, cabe señalar que no toda deuda contraída tiene el mismo peso en el presupuesto nacional ya que no es lo mismo emitir deuda en pesos que en moneda extranjera, puesto que en el primer caso no existen problemas de descalce monetario. Por ello, la composición del endeudamiento es fundamental para evitar que el repago genere obstáculos para ingresar en un sendero de crecimiento y desarrollo económico. Por lo expuesto, si la máxima autoridad monetaria del país lleva adelante una depreciación del peso frente al dólar, si la deuda colocada en el mercado es en pesos, la deuda se mantiene constante. En contraposición, si la deuda es en moneda extranjera, una devaluación aumenta su peso en el presupuesto nacional, dado que se deben pagar dólares y el Estado nacional recauda pesos, sin olvidar sus implicancias negativas en la vida cotidiana de la población argentina.
Asimismo, vale remarcar la importancia por tipo de acreedor: no es lo mismo que el Estado nacional se endeude a través del Banco Central a que lo haga mediante un privado o algún organismo multilateral. En el primer caso, la deuda es un compromiso que puede llegar a refinanciarse de manera discrecional de acuerdo con las prioridades de la administración vigente. Por el contrario, la emisión de deuda en moneda extranjera puede no ser sostenible en el mediano plazo en economías con estructuras productivas incapaces de generar divisas mediante las exportaciones para hacer frente a sus compromisos. En este marco, cabe destacar la irresponsabilidad de Mauricio Macri de tomar deuda de manera frenética sin considerar, no sólo su sostenibilidad en el tiempo, sino tampoco sus consecuencias en el mediano y largo plazo para toda la sociedad. El gobierno de Alberto Fernández, en cambio, no emitió deuda nueva en moneda extranjera. Es más, como producto del canje del año pasado con los acreedores privados, el saldo cerró con pesificación neta de la deuda.
A pocos meses de asumir, el Gobierno nacional debió enfrentar un sorpresivo e inédito escenario por la irrupción de la pandemia. El Estado tuvo que tomar medidas extraordinarias y hacer frente a gastos de enorme magnitud con el fin de apuntalar el sistema de salud, sostener el nivel de actividad económica y atender las necesidades de la población en general. Mediante políticas como el IFE y el ATP se alcanzó a más de 12 millones de personas, invirtiéndose más de 500 mil millones de pesos, sólo con esas dos medidas. En conjunto, los gastos destinados a morigerar los efectos del COVID rondaron el 7% del PBI y, lógicamente, esas erogaciones no estaban previstas en los planes presupuestarios. Como agravante, se produjo una merma en la recaudación tributaria producto de la caída en el nivel de actividad.
Sin embargo, ante el escenario de emergencia, hubo un consenso generalizado y transversal a todas las fuerzas políticas sobre la necesidad de afrontar estos gastos e impulsar este tipo de acciones. Estaba claro que se generaría un importante déficit fiscal y que de alguna manera había que financiarlo. Las formas de hacerlo eran las de siempre: mayor recaudación tributaria, emisión monetaria y endeudamiento público. Por el lado de la recaudación, se decidió impulsar el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas, el cual tuvo efectos recién para el año 2021. Por lo tanto, en la urgencia del 2020 las fuentes de financiamiento del gasto se limitaban a la emisión monetaria y al endeudamiento. La decisión del Gobierno fue aprovechar ambas fuentes y, en este aspecto, también había un consenso mayoritario entre los actores económicos.
La idea de acudir al endeudamiento público en pesos permitió aprovechar el ahorro nacional disponible. Este mecanismo, además de permitir cubrir una parte importante del déficit, iba en sintonía con el objetivo de profundizar y fortalecer el mercado de deuda local en pesos. Así, se atendían necesidades financieras del Estado nacional y, a la vez, se ofrecían instrumentos de ahorro con rentabilidades razonables para captar la liquidez excedente de algunos sectores. Lógicamente, esto generó un aumento en el stock de deuda en pesos del Estado nacional, pero nadie podrá decir que fue injustificado, imprudente o inoportuno. Por el contrario, tanto opositores como oficialistas coincidieron en la necesidad de asistir al sector privado para evitar una caída más pronunciada de la actividad y, de esa manera, evitar consecuencias sociales y económicas de mayor gravedad. Palo si hacés, palo si no hacés: ahora se quejan por las acciones que todos y todas estábamos de acuerdo que debían implementarse en la peor crisis mundial en 100 años.
La intención de la dirigencia macrista estas semanas fue confundir a la ciudadanía para promover el descreimiento sobre la política. Bajo la idea de que un elefante en un bazar sólo se puede esconder llenando el bazar de elefantes, azuzaron el repudio de la deuda actual sin ningún tipo de contexto de lo que vive nuestro país y el mundo. Intentaron hacer equivalente el financiamiento en pesos ante una pandemia con un programa ruinoso en dólares con el FMI que vamos a pagar por generaciones. Esta profunda subestimación del electorado sólo puede ser posible por un periodismo domesticado, que en cada entrevista les hace las veces de ‘sparring’, sin ningún tipo de repregunta ni interpelación. Pero, a pesar de todo el apoyo del tándem mediático, ya no pueden engañar a nadie. Este Gobierno vino a desendeudar y solucionar todos los problemas heredados. No todo es lo mismo y eso el pueblo argentino lo tiene bien en claro.
