Motosierra para jubilados y barrios populares
El debate de la Ley Ómnibus se ha visto desde su ingreso en la Cámara de Diputados rodeado de irregularidades, tanto en las comisiones como en el recinto. Luego de tres jornadas de tratamiento en general del proyecto, con represión en la calle y sin que las y los propios diputados y diputadas contaran con el texto que se estaba debatiendo, cuando llegó el momento de la votación se anunció la inclusión de tres artículos que habían sido eliminados y que refieren al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y al Impuesto PAÍS.
por
La Cámpora
6 feb 2024
Contrario a lo anunciado el miércoles 31 de enero por el secretario parlamentario, Tomás Figueroa, quien leyó a viva voz los artículos que se eliminaban para iniciar el debate; el viernes 2 de febrero, previo a pasar a la votación en general, el oficialismo repuso tres artículos claves que afectan al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las jubiladas y jubilados y a los barrios populares.
Hablamos de 3 artículos: 179, 180 y 196. ¿Por qué son tan importantes? El 179 deja asentado cómo se distribuye y en qué se va a utilizar el dinero recaudado por el cobro del impuesto PAIS, y el artículo 180 prorroga la vigencia del mismo hasta el 22 de diciembre de 2024.
Hasta ahora, el dinero que surgía de la recaudación por este impuesto se destinaba en un 70% para programas del PAMI y la ANSES y en un 30% para el Fondo de Integración Sociourbana (FISU) que financia proyectos de integración en los Barrios Populares.
El proyecto de Ley Ómnibus elimina el porcentaje destinado a barrios populares y al mismo tiempo establece el manejo discrecional por parte del Poder Ejecutivo de los fondos destinados a PAMI y ANSES.
Por otro lado, el artículo 196 elimina restricciones, controles y limitaciones para el uso de los activos del FGS, además de suprimir el decreto de su creación (897/07). ¿Por qué es importante el FGS? Es el Fondo que cubre el sistema previsional para que pueda dar mejor respuesta y soluciones ante dificultades coyunturales. Un ejemplo de ello fue el programa de Créditos ANSES, suspendido por Milei, que en 2023 ofreció créditos a tasas subsidiadas mucho más bajas que las de mercado. Estos préstamos llegaron a representar casi el 5% del total de la cartera del fondo y el FGS había ganado participación en el mercado de créditos personales representando casi el 40%.
Al respecto, durante la comisión informativa del 12 de enero, la diputada nacional Julia Strada remarcó que con este proyecto se estaba intentando liquidar al FGS. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, le respondió: “La propuesta de hoy es que se liquide el FGS bajo consolidación patrimonial, eso es lo que está incluido en la ley y las acciones revierten al Tesoro”.
Queda claro: el gobierno de Javier Milei y Mauricio Macri pretende disponer de los activos del FGS, liquidarlo y dejar sin resguardo a quienes toda su vida trabajaron formal e informalmente.
Hacerlo todo, pero más rápido. Al igual que durante el macrismo pretenden liquidar el FGS y esto se vincula a la participación accionaria que posee este Fondo en varias de las empresas más grandes del país. A fines de 2023, el paquete accionario ascendía a 13 mil millones de dólares (valuados al dólar oficial) y casi 5 mil millones de dólares (valuados al dólar financiero como MEP y CCL), representando casi el 18% del total de la cartera.
Los grandes jugadores del mercado esperan ansiosos que se aprueben estas modificaciones para poder comprar a precios de remate las acciones de importantes empresas como Banco Macro, Edenor, Ternium (Rocca), Molinos Agro, Grupo Galicia y otras donde la participación del FGS es menor; pero pertenecen a empresarios cercanos al nuevo gobierno como Grupo Clarín, Molinos Río de la Plata (Pérez Companc), Mirgor (Caputo), Loma Negra y Pampa Energía. También está la intención de facilitar la privatización de empresas como Playas Ferroviarias e YPF.
Esperamos que los diputados y diputadas no olviden que representan a las mayorías y no a las corporaciones cuando, esta tarde, se comience a debatir en particular el proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional. Y, también, que los fondos de los jubilados y los recursos para los barrios populares no sean la prenda de negociación entre el gobierno nacional y los representantes provinciales.
