Esto se suma a la pérdida del rango ministerial de la ahora Secretaría de Salud de la Nación y la falta de implementación de la Educación Sexual Integral en las escuelas de nuestro país.
Ante este escenario nacional, Chaco se posiciona como la segunda provincia con más altos números de nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años, después de Formosa, con un registro de 228 nacidxs vivxs de madres menores de 15 años en 2016 y 187 en 2017, según la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.
Es así que son 5,6 de cada mil formoseñas y 4,4 de cada mil chaqueñas de esas edades las que tuvieron un hijo en 2016, frente a la media nacional que es de 1,4 por cada mil. En pocas palabras, la diferencia es más del triple del valor total país para los partos de madres niñas.
En este contexto aterrador, asistimos una vez más a la apología de la violación y la exaltación de la maternidad en niñas y adolescentes por parte de los medios de comunicación hegemónicos de nuestro país, en este caso con una editorial anónima del diario La Nación que hace explicita referencia a la supuesta “valentíaˮ de niñas de 13 y 14 años que han llevado adelante embarazos producto de violaciones y que demuestra un claro elogio hacia el “instinto maternoˮ en la infancia.
Estas afirmaciones resultan de una gravedad e irresponsabilidad inusitadas no solo por los riesgos altísimos que implica un embarazo en edad tan temprana, sino que además avalan la continuidad de la situación del abuso que le dio origen.
Cuando hablamos de embarazo en la niñez, Unicef, el organismo de las Naciones Unidas destinado a la protección de la infancia, recalca que no está absolutamente vinculado al “instinto maternoˮ, sino que se trata de la perpetración de un abuso sexual y por tanto de un embarazo forzado.
A días de que a una niña de 12 años en Jujuy le fuera negado el derecho a interrumpir un embarazo producto de una violación y fuera obligada a someterse a una cesárea, la problemática debe ser analizada ya no como una cuestión meramente de salud sino social.
Los altos índices de embarazo en niñas, en su mayoría se producen en zonas vulnerables y se relacionan con la falta de acceso a una educación sexual integral, que implementada desde temprana edad, no solo ayuda a prevenir embarazos no deseados sino también a identificar situaciones de abuso en nuestros niños, niñas y adolescentes.
Ante estas realidades que muchas veces ven vulnerados los derechos a la salud y a la educación, existe una alta probabilidad de que las niñas vuelvan a vivir un embarazo en el transcurso de la adolescencia, lo que produce una exclusión permanente que dificulta una posible reinserción en el sistema educativo y al acceso a un empleo formal en la adultez.
Repudiamos enérgicamente la apología del abuso. El cuidado y la protección de nuestros cuerpos y el derecho a decidir sobre los mismos deben ser reconocidos como derechos humanos indiscutibles en nuestro país.
Como sociedad tenemos la responsabilidad y obligación de generar un Estado presente en materia de cuidado y protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Porque una niña embarazada es una niña violada, no una niña madre, nos resulta real y urgente la necesidad de una efectiva implementación de la Educación Sexual Integral en nuestro país, pero también el reconocimiento del derecho al acceso a un sistema de salud inclusivo para todxs.
