Ningún retroceso con las vacunas gratuitas y obligatorias
La Alianza Cambiemos presentó un proyecto de ley que eliminaría la obligatoriedad de las vacunas, lo que implicaría un daño no sólo a quienes no sean vacunados, sino a toda la población ante la posibilidad de que reaparezcan epidemias erradicadas.
por
La Cámpora
30 jun 2017
Un proyecto de ley presentado por una diputada del Bloque Cambiemos en la Cámara Baja, pone en peligro la obligatoriedad de las vacunas, siendo nuestro calendario de vacunación uno de los logros más importantes en materia de salud pública que nos han dejado los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
La diputada del PRO por la Provincia de Buenos Aires Paula Urroz presentó un proyecto de Ley, a partir del cual los pacientes, familiares o tutores de estos deberán firmar un consentimiento informado a la hora de recibir o negarse a recibir una vacuna. El proyecto estipula que se le informará a la persona sobre las posibles contraindicaciones y efectos adversos que pudieran ocurrir ante la aplicación de una vacuna, sugestionando de esta forma con posibles temores, dudas y desalentando a la aplicación de las mismas, poniendo en peligro a las personas de contraer enfermedades a sí mismos y a toda la sociedad.
Las vacunas han sido un punto de quiebre en la salud de la población mundial. El camino transitado en la historia de la humanidad a través de la investigación científica y el ejercicio médico han demostrado que han salvado y siguen salvando millones de vidas. La evidencia científica y la experiencia, son el sustento para que indefectiblemente se establezcan como una prioridad en las políticas públicas de Estado en relación a la Salud Pública. Por ejemplo, en nuestro país se han evitado más de 51.000 internaciones en niños menores de 5 años por neumonía tras la incorporación en 2011 de la vacuna contra el neumococo al calendario obligatorio. A su vez, la mortalidad en niños menores de un año por tos convulsa disminuyó un 92 % producto de la incorporación de la vacuna triple bacteriana acelular en 2011.
La prevención es el acto de mayor impacto en la salud pública. Es también una herramienta y un principio que marca el rumbo de la vida cotidiana del accionar médico en pos del cuidado de las personas. La vacunación es el mejor exponente de estos conceptos. Tanto desde el punta de vista científico, normativo como del punto de vista social, sobran justas bases para declarar que las vacunas son elementos indispensables para una población saludable.
El sólo hecho de pensar de dar marcha atrás con este derecho adquirido a prevenir enfermedades infectocontagiosas, es inaceptable. Y así lo han manifestado las sociedades médicas y de pacientes, como ser la Sociedad Argentina de Pediatría y la Sociedad Argentina de Infectología, quienes se oponen totalmente a la posibilidad de que el proyecto de ley en contra de la vacunación obligatoria y gratuita prospere.
El gobierno de Mauricio Macri viene recortando derechos en materia sanitaria como ser el fin del acceso universal a medicamentos de forma gratuita a partir del vaciamiento del Programa Remediar, la quita de cobertura a prestaciones y medicamentos a jubilados y jubiladas ante el ajuste en el PAMI o la pérdida de derechos para madres y recién nacidos con el cierre del Programa Qunita, por citar sólo algunos ejemplos. En este proyecto de ley se visualiza la intención de recortar lo que para el neoliberalismo representa un gasto público como lo son las vacunas gratuitas.
Estamos convencidos que la vacunación obligatoria y gratuita es una inversión que el Estado debe realizar y así lo reflejamos incrementando la cobertura de vacunación para todos y todas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Este proyecto que se elaboró evidentemente sin basarse en la evidencia científica y mucho menos con participación de los sectores de la sociedad involucrados en la temática, busca desligarse de la responsabilidad y de la inversión que implica hacerse cargo de la salud de la población. No es más que otro golpe contra el pueblo, y sobre todo contra los que menos tienen.
Volver a tener epidemias de Sarampión, Poliomelitis, Tuberculosis, Paperas, Hepatitis, Viruela, Tétanos y muchas otras más, es un escenario inadmisible, sobre todo cuando ya hemos logrado erradicar todas estas enfermedades a través de la vacunación.
Haber conseguido uno de los calendarios de vacunación más completos del mundo, fue nada más y nada menos que un logro obtenido por la decisión política de un gobierno que eligió un Estado presente y concibió por consiguiente a las vacunas como un bien social colectivo y un derecho para todos y todas. Este calendario de vacunación gratuito y obligatorio fue acompañado por políticas públicas que estimulaban su cumplimiento del mismo a través de los chequeos para acceder a la Asignación Universal por Hijo, donde madres, padres o tutores debían comprobar la escolaridad del niño o niña y cumplir con los controles de salud requeridos para esa etapa evolutiva, entre los que se destaca tener completo el calendario de vacunas. Este tipo de consideraciones viene de la mano de decisiones políticas basadas en trabajo interdisciplinario y en una concepción de calidad de vida basada en la salud, la educación, y el bienestar social. En caso de aprobarse este proyecto de ley, estos requerimientos serían anulados, perdiendo de vista los principales objetivos de una política pública integral como es la AUH.
La Organización Mundial de la Salud en la campaña de 2016 hace hincapié en la necesidad de la inmunización de niñas, niños, adolescentes y los adultos durante toda su vida, y llama la atención al mundo sobre la importancia capital de dar acceso a las vacunas a las personas vulnerables que viven en lugares donde hay conflicto o sufren las consecuencias de situaciones de emergencia. La utilización de vacunas, sobre todo como una política de Estado, es un factor fundamental para una población sana y en vías de desarrollo.
Es fundamental como organización política defender los derechos de nuestros compatriotas de carne y hueso, sobre todo luchar por sostener los derechos adquiridos, en este caso en materia de salud pública, y no permitir su avasallamiento en detrimento de la calidad de vida a partir de la aplicación de recetas neoliberales que ya conocemos.
