Política

No hay nada que explicar

La alianza oficialista Vamos Juntos de Macri, Larreta y Carrió que tanto pregona el diálogo, el consenso y la transparencia, rechazó en la sesión del 15 de marzo media docena proyectos que el Interbloque Unidad porteña presentó para pedir informes y expresar su disconformidad sobre una serie de acontecimientos públicos que afectan derechos y conquistas.
por La Cámpora
16 mar 2018
Los proyectos presentados sobre tablas, se tratan de problemas e inquietudes que el Poder Ejecutivo porteño tiene la obligación de atender y solucionar porque se está afectando el acceso a derechos consagrados tanto en la constitución de la Ciudad como en la Nacional. En materia de educación, el oficialismo entiende que no tiene por qué dar explicaciones sobre la afectación de derechos que está viviendo la comunidad educativa del establecimiento “Bandera Argentinaˮ de la Villa 31 de Retiro, cuyos alumnos y alumnas de jardí­n y primaria todaví­a no pudieron comenzar las clases por una serie de obras que el gobierno no finalizó en tiempo y forma. Tampoco darán información acerca de la decisión de cerrar sedes del Plan Fines, al igual que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, que implicarí­a la quita de oportunidades para estudiantes de terminar el secundario -en especial adultos- y dejarí­a sin trabajo a una importante cantidad de docentes. No quisieron saber nada, tampoco, con dar explicaciones sobre por qué el gobierno porteño suspendió el servicio de transporte escolar, otra vez en la Villa 31, para los estudiantes que cursan 6 ° y 7 ° grados escuelas cercanas al barrio. En relación al eje Derechos Humanos, tampoco aceptaron repudiar el asesinato de Facundo Ferreira, de 12 años, el 9 de marzo pasado en Tucumán, producto de un disparo policial en la nuca. Ni apoyaron la propuesta de que el cuerpo legislativo manifieste su preocupación ante la eventual liberación de Francisco Gómez, apropiador del nieto recuperado Guillermo Rodolfo Pérez Roisinblit. Y siguiendo el mismo criterio ¿por qué iban a expresar su preocupación ante la decisión del Gobierno Nacional de enviar una lista con un centenar de condenados por crí­menes de lesa humanidad a la Corte Suprema de Justicia para que se les otorgue la libertad condicional o el beneficio de la prisión domiciliaria? Se puede entender que las convicciones polí­ticas de los legisladores y legisladoras de Vamos Juntos no tengan punto de contacto con el derecho a la educación de cien pibes y pibas de una villa, o que no puedan mostrar una mí­nima inquietud ante los daños colaterales del plan represivo de Bullrich y Macri pero llamó mucho la atención que también rechazaran un pedido de informes de Unidad Ciudadana sobre la situación que atraviesan los usuarios/as y trabajadores/as del Subterráneo de Buenos Aires frente a la muy posible presencia de material cancerí­geno en las algunas unidades de la lí­nea B que el gobierno porteño le compró al gobierno español. Teniendo en cuenta que el manejo del marketing polí­tico es una las habilidades más destacadas de Cambiemos, se esperaba quizá que el jefe de Gobierno saliese más temprano que tarde a dar una respuesta, debido a la envergadura del problema. Pero no. No hay que ofrecer ninguna muestra de debilidad. Aún cuando esté en juego la salud de miles de usuarios. Los trabajadores, por su parte, que se arreglen. Y ahora más que nunca, luego de que unas horas antes de la sesión ordinaria de la legislatura porteña, la Corte Suprema les sacó la personerí­a gremial a los Metrodelegados, una facultad que les habí­a otorgado en 2015 la gestión del ex ministro de Trabajo del gobierno de Cristina Kirchner, y actual jefe del bloque de UC, Carlos Tomada. Que se arreglen o que se afilien a la UTA.
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