En un contexto de ajuste a los sectores más vulnerados, el gobierno nacional y sus aliados provinciales sabotean el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad. La negociación salarial con los sindicatos docentes debería haber comenzado hace al menos dos meses, sin embargo algunos gobiernos provinciales convocaron a los gremios a último momento, lo cual confirma la falta de voluntad política de garantizar el normal desarrollo de las clases.
El año 2016, cuando Macri recién había asumido su mandato, el gobierno nacional aplicó la Ley y convocó a la paritaria nacional docente, asegurándose de esta forma el inicio de clases en tiempo y forma. En 2017, en cambio, no se convocó a dicha paritaria, provocando el retraso en el inicio de clases en muchas provincias. Este año, redobló sus apuestas y en el mes de enero el gobierno nacional derogó por decreto la Ley de Financiamiento Educativo que garantiza la paritaria nacional docente. Asimismo, los gremios denunciaron que existe una presión hacia los gobiernos provinciales para poner un techo a la paritaria del 15 por ciento y en cuotas, existiendo jurisdicciones con una situación aún peor, como es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la propuesta es de un magro 12 por ciento. Estas propuestas son una ofensa para los trabajadores y las trabajadoras, siendo que las estimaciones más moderadas de inflación para este año son del 19.
Las negociaciones salariales fueron de un cinismo y un autoritarismo propios de destacar. Se les ofreció a los docentes en distintas ocasiones la misma propuesta salarial con alguna pequeña modificación, lo cual deja a la vista la falta de voluntad de diálogo con que se maneja Cambiemos. Detrás del discurso supuestamente conciliador, se ataca y difama al colectivo de educadores y educadoras y, fundamentalmente, a sus representantes sindicales.
Al anunciar el paro nacional, la titular de la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación) Sonia Alesso remarcó que “se pretende no cumplir con la paritaria nacional y desfinanciar el sistema educativo. Denunciamos también la sub ejecución de las partidas presupuestarias y el no cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativoˮ. A la par que indicó que los gobernadores plantean que el año próximo desaparecería el Fondo Nacional Docente, por el cual numerosos trabajadores de la educación de todo el país cobran del Estado Nacional parte de su salario. Este fondo compensatorio venía a subsanar las enormes desigualdades que existen en nuestra patria. Por medio de éste, el Gobierno nacional apoya financieramente a las provincias con menores recursos y más necesidades, con el objetivo de así poder alcanzar el piso salarial consensuado en las paritarias nacionales. Para eso también sirve la Paritaria Nacional Docente, para que los maestros de Jujuy o de Tierra del Fuego cobren un sueldo acorde a sus funciones, tal como lo hace uno de la Ciudad de Buenos Aires, distrito con mayor PBI del país.
El gobierno de Mauricio Macri, al eliminar la paritaria nacional buscó, por un lado, disminuir la capacidad de negociación de los sindicatos para así poder seguir castigando el salario docente y, a su vez, profundizar la desigualdad entre las provincias ante un reparto inequitativo de los recursos.
En paralelo a la negociación salarial, se sucedieron en las últimas semanas otros ataques a la educación pública. En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal anunció el cierre de 8 escuelas en el Delta, teniendo que rever esa definición y cerrar en principio 2 de ellas, luego de la presión de la ciudadanía. A su vez, en el mismo distrito, se anunció el cierre de 39 escuelas rurales y de la totalidad de las escuelas nocturnas. Del mismo modo, se están cerrando y unificando cursos, afectándose en total unas 90 escuelas bonaerenses. Es así como Vidal en la apertura de sesiones legislativas de la provincia, dedicó varios minutos de su discurso a atacar de lleno al colectivo docente, intentando demonizar una vez más la organización sindical y responsabilizándolos del ya previsible no inicio de clases en el distrito.
En simultáneo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dispuso el cierre de 13 sedes del Plan Fines. La medida dispuesta por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afecta a un total de 500 estudiantes y 80 docentes.
A su vez, el Plan Progresar sufrió una reestructuración que lo transformó en un sistema de becas, disminuyendo en un tercio sus titulares de derecho.
No podemos desconocer que el último año, según revela una investigación del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), fue el año de menor inversión educativa, visibilizándose una disminución del 8%, luego de haberse duplicado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Eliminar la Paritaria Nacional Docente buscó el objetivo de reducir el poder de negociación de los sindicatos, debilitarlos; fragmentando las negociaciones y por consiguiente la lucha en los distintos distritos. Es así como se torna imprescindible acompañar la movilización docente y apoyar su justo reclamo en pos de garantizar que en nuestro país siga habiendo educación pública, gratuita y de calidad para todos nuestros pibes y pibas. La educación es la única garantía de emancipación mediante la cual podemos aspirar a una movilidad social ascendente.
