Política

Otro "logro" de Vidal: IOMA al rojo vivo

#Salud
Desde que Marí­a Eugenia Vidal es gobernadora, la obra social de los empleados públicos de la Provincia de Buenos Aires se encuentra en franco deterioro. Retrasos en los pagos, denuncias por malversación de fondos, paros reiterados y recorte de prestaciones son la constante que repercute en la salud de los y las bonaerenses.
por La Cámpora
13 abr 2018
El IOMA cuenta con más de 2.000.000 de afiliados y afiliadas del sector público (la cuarta parte del total de beneficiarios de obras sociales en ese territorio), ubicándose así­ entre las más importantes de la provincia.  La misma presenta retrasos en los pagos a sus prestadores y se incumplen los convenios existentes; afectando la calidad de la atención y por consiguiente la salud de titulares y beneficiarios. Ejemplo de ello fue el trágico final para una docente que falleció a fines de febrero a la espera de un medicamento oncológico que nunca le llegó. En este contexto, los conflictos gremiales con quienes prestan sus servicios a la obra social no se hizo esperar. Se han sucedido paros de médicos y de farmacéuticos, al igual que de clí­nicas y de sanatorios y se han realizado movilizaciones varias a fin de reclamar por pagos adeudados. Desde el Colegio de Psicólogos comenzaron recientemente a fijar lí­mites a las prestaciones. Ante la falta de pago actual, se resolvió no alterar los tratamientos que ya están iniciados, pero sí­ darle la posibilidad al profesional matriculado de no incorporar nuevos pacientes. También quedaron habilitados a cobrarles a los afiliados 282 pesos por prestación. En el caso de los farmacéuticos, la cifra que se le reclama como deuda al IOMA asciende a 230 millones de pesos, deuda que sostienen desde el mes de noviembre. Por otra parte, comenzaron a imponer trabas burocráticas de acceso tanto para la atención como para la realización de estudios complementarios esenciales. En este sentido, en los últimos dí­as se les indicó a los profesionales la imposibilidad de atender beneficiarios que no estén en el padrón virtual. A su vez, se les impide autorizar más de 2 consultas ambulatorias por mes o 6 anuales por beneficiario, independientemente del profesional actuante. Del mismo modo, a partir de marzo del año pasado, se redujeron a 13 la cantidad de prácticas de laboratorio autorizadas por año calendario. El argumento oficial esgrimido fue que de este modo podrí­an disminuir los trámites, dado que en lugar de tener que autorizar cada práctica de laboratorio, los beneficiarios podrí­an disponer de 13 prácticas de autorización automática por año calendario, extensibles hasta 24 ó 36 cuando las patologí­as así­ lo requieran. El malestar se hizo notar en los últimos meses dado que se iban cubriendo la cantidad de prácticas permitidas, resultando en pagos de bolsillo de los afiliados y afiliadas que se encontraban con esta situación en el momento de realizarse los análisis. Ambas situaciones redundarán en importantes trabas en el acceso a la salud de los afiliados. Recientemente, se dio a conocer la situación crí­tica que atraviesa APRILP (Asociación Pro Rehabilitación Infantil de La Plata), una ONG que trabaja fundamentalmente con pacientes de bajos recursos económicos en su rehabilitación por problemas motrices. El centro asistencial, amenaza con tener que cerrar sus puertas a causa de la falta de pago de parte de IOMA por  las prestaciones médicas y por parte del gobierno municipal de La Plata (con gestión de la Alianza Cambiemos) hacia los servicios básicos en el centro asistencial. Dado el delicado contexto, sostienen su funcionamiento pero los profesionales no cobran su salario, la pileta se encuentra sin calderas con lo que se hace imposible su utilización e incluso han recibido intimaciones por parte de la AFIP por la falta de pago de aportes. En paralelo, el Sindicato íšnico de Profesionales de Trabajadores y Técnicos de IOMA (Supttioma) viene realizando denuncias judiciales por el funcionamiento de la obra social, donde a su vez acusan por presunta corrupción a sus funcionarios. Por ello, el gremio denunció la persecución y el despido de 7 de sus auditores a comienzos de este año. Entre los despedidos, están incluidos 4 miembros de la conducción del sindicato. Resulta inadmisible que la gestión de Marí­a Eugenia Vidal vací­e y desfinancie la obra social de los empleados públicos de la Provincia de Buenos Aires,  a la par que ajusta en el sistema sanitario público de ese territorio. De este modo, la salud de los y las bonaerenses pende de un hilo.
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