Lucas tenía 17 años cuando salía de jugar del club Barracas Central junto a sus compañeros Julián, Joaquín y Niven. Los cuatro se detuvieron a comprar un jugo y al subirse de nuevo a su auto, los empezó a perseguir la policía a los tiros y en un móvil sin identificación. Lucas recibió dos balazos y, mientras convalecía en el asiento del acompañante, sus amigos fueron detenidos. Los asesinos, integrantes de la Brigada 6 de la Policía de la Ciudad, plantaron un arma, falsificaron actas e intentaron encubrir el crimen. Dijeron que sospecharon porque los pibes salieron de una villa cercana.
Los asesinos condenados ayer a perpetua son Gabriel Alejandro Isassi, Fabián Andrés López y Juan José Nieva. Otros 6 policías fueron declarados culpables de encubrimiento y torturas. El fallo destaca que hubo discriminación “racial” sobre los pibes. Los 9 condenados eran integrantes de la Policía de la Ciudad, fuerza creada en 2016 y que para el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta es “modelo” de profesionalismo.
Ningún gobierno está exento de casos de violencia institucional. Prácticas mafiosas y violentas enquistadas en sectores de las fuerzas de seguridad aún subsisten a 40 años de la recuperación del Estado de derecho. Herencia de la dictadura, deuda de la democracia.
Pero, al mismo tiempo, es un hecho indiscutible que existen proyectos políticos que tanto desde lo discursivo como desde sus políticas cuando gobiernan, han habilitado e incluso alentado o premiado la violencia institucional o que han negado y entorpecido el esclarecimiento de hechos de este tipo.
Hemos sido testigos recientemente de una de las más brutales represiones de las que se tenga memoria desde la vuelta de la democracia en lo que fue el operativo de Gerardo Morales, candidato a vicepresidente de Larreta, contra el pueblo jujeño. Detenciones ilegales, allanamientos arbitrarios, decenas de heridos y por lo menos un pibe que ya perdió un ojo producto de la violencia policial.
Sabemos también que en poco más de un mes comenzará el juicio por Rafael Nahuel, un joven de 22 años asesinado por la espalda por la Prefectura en Río Negro el 25 de noviembre de 2017, mismo día en que velaban a Santiago Maldonado, años en los que Patricia Bullrich -hoy candidata a presidenta- era ministra de Seguridad de la Nación.
Alentar la violencia de las propias fuerzas de seguridad contra su pueblo sale, necesariamente, mal. De lo peor para aquellos que tienen que lamentar la pérdida de seres queridos en manos del gatillo fácil. Pero también para aquellas y aquellos integrantes de las fuerzas que, seducidos por el discurso de sus propios superiores ven en el abuso de autoridad un camino al crecimiento que ensucia a policías honestos y que, tarde o temprano, termina por ser condenado aunque muchas veces haya que sortear la complicidad judicial. Insistimos: a Lucas lo mataron por negro, porque usaba visera y estaba cerca de una villa. La carrera de los voceros de la derecha por ver quién mete más bala a su pueblo solo ofrece un horizonte distópico de desorden y dolor. Nada asociado al griterío autoritario puede ser sinónimo de orden. Ninguna bandera de libertad flamea si la policía puede matarte por portación de rostro.
Necesitamos afrontar el problema de la violencia institucional con la responsabilidad que merece y sin los eslogans fabricados por las encuestadoras de turno. Creemos en la formación profesional y democrática de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. Insistimos con la necesidad de sancionar en el Congreso nacional el Proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional para tener un registro de casos, garantizar asistencia a las víctimas, formar a los agentes en el uso de la fuerza con perspectiva de respeto a los derechos humanos y mejorar el sistema disciplinario. Reclamamos justicia para las víctimas. Exigimos discutir la reforma de un Poder Judicial que muchas veces llega tarde o no llega. Alentamos la construcción de políticas de seguridad eficientes y democráticas.
Violencia institucional, nunca más.
