“No hay libertad sin igualdad y no hay igualdad sin libertad. Y este plan apunta a eso: a mayor libertad y a mayor igualdad”, remarcaba Cristina durante el lanzamiento del PROCREAR el 12 de junio de 2012.
El programa tuvo por objetivo que la clase media que no podía calificar a un crédito pudiera acceder a una vivienda propia. Para poder llevarlo adelante, se articuló al sector público que sería el que aportaría las tierras y la financiación, y al sector privado que llevaría adelante la gestión de los proyectos. PROCREAR, entonces, también dinamizó un sector clave para la economía de nuestro país como es la construcción, generando más de 350 mil nuevos puestos de trabajo.
Había numerosas líneas de crédito: ampliación, refacción, construcción, compra de terreno o adquisición de vivienda en uno de los desarrollos urbanísticos que se desplegaron a lo largo y ancho del país. Para poder hacer realmente accesible el acceso a un hogar, las cuotas recién comenzaban a pagarse cuando se terminaban las obras y representaban un valor similar a un alquiler.
Un dato clave es que las familias con muchos integrantes o donde hubiera una persona con discapacidad tenían más posibilidades de ser adjudicatarias. No era un sorteo donde sólo jugaba el azar, había un objetivo estratégico por parte de un Estado garante de derechos.
De este modo, entre el 2012 y el 2015, el gobierno de Cristina invirtió U$S 2.922 millones para construir 30.010 viviendas en 79 desarrollos urbanísticos y U$S 5.745 millones para el otorgamiento de créditos para la construcción, ampliación y refacción de viviendas. En total, se llegaron a entregar casi 180 mil créditos.
El gobierno de Mauricio Macri desvirtuó el objetivo del programa, reorientándolo a la compra de viviendas usadas, no generando ni un puesto de trabajo, facilitando la especulación inmobiliaria e indexando las cuotas que deben pagar las familias con una lógica financiera.
En este sentido, la inversión cayó fuertemente, apenas superando los U$S 30 millones, que posibilitaron el inicio de la construcción de unas 130 viviendas en un solo desarrollo urbanístico. Asimismo, se otorgaron 32 mil créditos para la compra de vivienda nueva, ajustados según la Unidad de Valor Adquisitiva (UVA), que producto de la inflación dejó a miles de ciudadanos y ciudadanas sin la posibilidad de hacer frente a sus cuotas.
En agosto del 2020, el gobierno de Alberto y Cristina relanzó el programa, entregando 20 mil viviendas de los desarrollos urbanísticos que habían sido construidas entre el 2012 y el 2015. Viviendas que estaban terminadas y vacías pudieron, finalmente, ser ocupadas por familias sin hogar. Todo un símbolo de dos modelos de país que se contraponen.
También, se llegó a la entrega del crédito número 50 mil desde el inicio de la gestión, donde la cuota se calcula a partir de la "Fórmula Hogar" que permite a las familias pagar en función de su salario, saneando el flagelo de los créditos UVA.
Una vez más, un gobierno nacional y popular orienta su gestión en la producción y el trabajo, garantizando el derecho a la vivienda a través de políticas públicas; no dejando a las argentinas y argentinos en manos de las lógicas del mercado.
