Política

Por una Argentina sin hambre

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la Ley de Emergencia Alimentaria con 222 votos a favor y ninguno en contra. En un paí­s que produce alimentos para 400 millones de personas, resulta inadmisible que haya personas con malnutrición.
por La Cámpora
13 sep 2019
De aprobarse la ley, se prorrogará hasta el 31 de diciembre del año 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional firmada en 2002, al tiempo que se impulsará la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional. A su vez, se establecerá un incremento de emergencia como mí­nimo del 50% de las partidas presupuestarias del corriente año para las polí­ticas públicas nacionales de alimentación y nutrición y se autorizará al Jefe de Gabinete a actualizar trimestralmente dichos fondos.   La crisis social y económica provocada por el gobierno de Mauricio Macri, deja como saldo un 34,1 % de personas bajo la lí­nea de pobreza según el INDEC. Esto se traduce en que en nuestro paí­s, la mitad de los niños, niñas y adolescentes son pobres y once de cada cien son indigentes. Asimismo, el desempleo afecta al 10,1% de la población. Cifras que seguramente hoy dí­a ya son mucho mayores, dado que ambas son del primer trimestre de este año.   Sin embargo, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio Miguel íngel Pichetto aseguró que “Puede ser que algunos sectores tengan dificultades, pero no hay hambre en la Argentinaˮ. Dicha afirmación es desmentida por datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), quien publicó que en Argentina hay 5 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria grave, es decir, que no pueden acceder a una alimentación básica. Esto representa un aumento del 100% en el binomio 2016-2018 respecto al correspondiente a los años 2014-2016.   En este sentido, la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) reveló que el aumento del precio de los alimentos en el último año llegó a alcanzar el 100% para algunos productos y que se requiere de un tercio del Salario Mí­nimo Vital y Móvil para lograr cubrir la canasta básica alimentaria por persona.   Al respecto, la Fundación Soberaní­a Sanitaria en un informe de reciente difusión, reveló que ese aumento “se tradujo en una reducción del consumo de carne a los niveles más bajos de los últimos 50 años (49,6 kg por persona por año); una reducción del consumo de frutas y verduras generando que sólo el 6% de la población consume las 5 porciones (400 gramos) recomendadas; una nueva caí­da del 6,4% en el consumo de leche llegando a valores que no se registraban desde el año 2003 (56,4 litros por persona por año)ˮ. A su vez, el 43% de los niños, niñas y adolescentes que concurren a comedores o merenderos padecen algún tipo de malnutrición: obesidad o desnutrición, las dos caras de la misma moneda en infancias que no completan los nutrientes necesarios para su correcto desarrollo.   Recientemente, el INDEC indicó que la inflación interanual alcanzó un 54,5% respecto de agosto de 2018, de análisis se desprende que el rubro de “alimentos y bebidas no alcohólicasˮ tuvo un 58,9% de incremento en el último año, siendo el mayor aumento el que corresponde a “leche, productos lácteos y huevosˮ con un 84,7%. Alimentos fundamentales para el crecimiento de nuestros niños y niñas. La ley de Emergencia Alimentaria puede representar algún tipo de alivio para los sectores más postergados en caso de ser aplicada, pero cabe destacar que desde fines de 2016 el gobierno tiene como herramienta la Ley de Emergencia Social a partir de la cual podrí­a haber accedido a mayor presupuesto para reforzar los comedores escolares y populares; lo cual no ocurrió. Según un análisis del Centro de Economí­a Polí­tica Argentina (CEPA), en 2017 el gobierno de Mauricio Macri utilizó sólo el 75% de los fondos destinados originalmente a Polí­ticas Alimentarias. En lo que va del año, en lugar de haber gastado el 70% que corresponderí­a, sólo empleó el 58%. Como era esperable, tampoco se utilizó la herramienta habilitada por la ley de reasignar partidas presupuestarias para este fin. “Entre 2017 y 2019, debido a la suba del precio de los alimentos, el presupuesto para Polí­ticas Alimentarias perdió un 18% de su poder de compraˮ, culminó el análisis.   Es imprescindible generar un piso de derechos donde la comida no sea un privilegio de unos pocos, máxime considerando que somos uno de los paí­ses de mayor producción de alimentos en el mundo, dándole de comer a 10 veces la cantidad de habitantes de nuestro suelo. Este proyecto no es más que un paliativo logrado a partir del consenso de todas las organizaciones sociales, polí­ticas y sindicales que esperemos deje de ser necesario a la brevedad. Para salir de la crisis y que las familias puedan volver a comer en sus hogares, es necesario poner nuevamente al paí­s en la senda de la producción, el empleo y el desarrollo; y así­ generar un nuevo modelo de acumulación con inclusión social. [gallery ids="87376,87375,87374,87377,87378"]  
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