En los setenta constituyó una estrategia continental de disciplinamiento político y económico impulsada por los Estados Unidos y ejecutada por las élites locales para frenar el avance de los movimientos populares y garantizar un nuevo modelo de dependencia para América Latina. Aunque las dictaduras militares ya no son el principal instrumento de disciplinamiento político en la región, los mecanismos de intervención siguen vigentes a través del aparato mediático, económico y judicial contra líderes populares en la región.