Concretado el golpe de Estado de 1955, la Fusiladora pretendió llevar adelante la “desperonización” del país: dictó el decreto 3855/55, mediante el cual se disolvieron los Partidos Peronista Masculino y Femenino y pocos meses después, en 1956, el decreto 4161, que prohibía la utilización de cualquier simbología que remitiera al peronismo, a Eva o a Perón. Fue el comienzo de una larga y terrible proscripción.
Pero para completar el proceso de desperonización no alcanzaba con ilegalizar a través de decretos sino que era necesario, fundamental, convencer al conjunto del pueblo de que Perón y todos los peronistas y las peronistas eran ladrones inmorales que solo habían usado el gobierno para beneficio personal (y no para transformar la realidad y liberar la Patria).
Con este objetivo, se constituyó la Comisión Nacional de Investigaciones, bajo la responsabilidad de Isaac Rojas, por entonces vicepresidente. La comisión actuaba como un órgano del Poder ejecutivo con atribuciones del Poder judicial: oficiaba de denunciante, fiscalía y en algunos casos hasta de juez. Esta Comisión tuvo subcomisiones por tema (alcanzaron las 60) y también cada interventor en cada provincia podía crear comisiones provinciales: en total, llegó a haber alrededor de 600 comisiones y subcomisiones, nacionales y provinciales, investigando y juzgando a dirigentes, militantes y simpatizantes peronistas.
Además, se conformó el Tribunal Superior de Honor del Ejército, con el predilecto fin de juzgar a Perón. El 27 de octubre de 1955, con las firmas de los tenientes generales Carlos von der Becke, Juan Carlos Bassi, Víctor Jaime Maó, Juan Carlos Sanguinetti y Basilio D. Pertiné, el Tribunal dictamina contra el ex presidente la “descalificación por falta gravísima”, por la que se le quita el título y el uniforme militar. El 10 de noviembre del mismo año, el entonces presidente Lonardi firma el Decreto 2034, mediante el que aprueba esta resolución y la hace pública en el Boletín Oficial.
Los “delitos” por los que se lo condenó fueron: “sembrar el odio en la familia argentina e incitar a la violencia y el crimen”; “la quema de la bandera Argentina”; “incumplimiento del juramento de respetar la Constitución Nacional”; “deslealtad con la institución militar”; “falsedad en el vivir”; “relaciones con una menor” y “no afrontar la responsabilidad”. Entre las múltiples arbitrariedades que tuvo el proceso de investigación, a Perón, igual que a Rosas un siglo antes, se lo juzgó en ausencia—algo terminantemente prohibido por nuestro sistema de garantías.
La “fundamentación” para permitir este atropello fue que: “dada la urgencia con que reglamentariamente deben ser solucionadas todas las cuestiones de honor, no puede quedar librado a la voluntad del imputado de presentarse o no el paralizar una resolución que por su trascendencia afectaría no sólo a cada oficial en particular, sino a todo el cuadro de oficiales y a la institución en sí [...] Ante la situación, el tribunal, por unanimidad, resolvió no citar al inculpado y formular sólo aquellos cargos de prueba fehaciente y que, por lo tanto, la declaración de aquel no puede modificarse”.[1]
Los cargos formulados son un conjunto de frases rimbombantes y prejuiciosas, y las pruebas son rumores, operaciones de prensa, declaraciones de testigos bastante dudosos o la mera opinión de los integrantes del Tribunal. El proceso judicial fue absolutamente violatorio de las garantías más elementales de nuestro sistema constitucional. Los libertadores fusilaron la libertad.
Luego, la sentencia del Tribunal y los procedimientos de la Comisión Nacional de Investigaciones fueron usados como fundamento para quitarle a Perón y a muchísimos y muchísimas peronistas sus bienes, y a los que permanecieron en el país perseguirlos y encerrarlos.
Sin mucha creatividad y con procedimientos similares, actuales en sus formas pero antiguos en sus fines, Milei y sus secuaces pretenden quitarle a Cristina el beneficio que le corresponde por Ley por ser ex-presidenta y también la pensión por ser esposa de un ex-presidente fallecido.
