El plan de endeudamiento del Gobierno de Mauricio Macri “exigeˮ, por pedido de los Fondos Buitres, la derogación de la ley Cerrojo y la norma sobre Pago Soberano de la Deuda Externa. Ambas aparecen como exigencias tanto del juez neoyorquino Thomas Griesa como por los Buitres, hoy rebautizados por la prensa dominante como simples Holdouts. La derogación de ambas normas es también una vía de escapa del macrismo para decirle al mundo, palabras más, palabras menos, que “la soberanía se dicta en cualquier lugar, menos en la Argentinaˮ.
La ley Cerrojo fue el mecanismo que pensó Néstor Kirchner durante el primer canje de deuda (2005) para sostener que ningún tenedor de bono que no entrase en dicho canje, sea Buitre o no, recibiría un mejor pago que aquellos que sí hubieran entrado al canje. Si la oferta de quita y pago resultaba lo suficientemente atractiva para los inversores reales, la ley cerrojo funcionaba para ellos como una especie de seguro, de que nadie podría ganar más dinero que el establecido en el canje. En 2010, durante la segunda parte del canje, la Ley Cerrojo fue suspendida para permitir el ingreso de más bonistas, pero siempre con la premisa de que ningún tenedor de títulos públicos locales recibiría una mejor propuesta que los bonistas que ya habían ingresado en el canje. Así, entre ambos canjes se consiguió una adhesión de 92,7 por ciento.
La clave está en el concepto de trato igualitario, que la Argentina intentó defender durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. Pero ahora, Macri parece no tener problema con regalarle a los buitres una rentabilidad extraordinaria. En todos los casos, la propuesta oficial implica multiplicar entre 1,5 y 3 veces el valor nominal de sus bonos. Su rentabilidad será todavía mayor ya que, en muchos casos, los compraron a precio de remate después del default. El kirchnerismo ofrecía pagarles 30 centavos por cada dólar de valor nominal de sus bonos, la misma fórmula que aceptó el 92,4 por ciento de los acreedores.
El acuerdo de Macri con los Buitres se somete a la ley de Nueva York. Para quedar nuevamente atados a las decisiones de la Corte del Distrito Sur de Manhattan será necesario un decreto, pero lo más probable es que la renuncia a la soberanía jurídica esté bendecida en un proyecto de ley global que presentará Macri en marzo. Por eso el macrismo también impulsa la derogación de la ley de Pago Soberano de la Deuda Externa, una norma que habilitaba a la Argentina a modificar la jurisdicción de pago de sus títulos y establecía como agente fiduciario al Banco Nación. Esta ley fue sancionada para evitar las arbitrariedades del Banco de Nueva York que se oponía a depositar en las cuentas de los bonistas el dinero girado por la Argentina. A su vez, la ley le permitía a la Argentina lanzar un canje de títulos bajo legislación extranjera por un mismo papel pero bajo legislación local.
Lo que propone el macrismo es entregarle a los Buitres cualquier atisbo de soberanía financiera. La ley de Pago Soberano no era compulsiva. No se cambió la jurisdicción de los títulos de manera arbitraria, sino que era un instrumento pensado para darle fortaleza a la Argentina frente a un escenario adverso. Pero como las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo comparten los mismos intereses que los Fondos Buitres y el sistema financiero, lo más sencillo para ellos es descartar la soberanía.
Un dato a tener en cuenta: durante las negociaciones parlamentarias, la ley de Pago Soberano incluyó la creación de una Comisión Bicameral para investigar el orgien de la Deuda Externa Argentina, que estuvo presidida hasta el cambio parlamentario por Eric Calcagno. La disolución de esta Bicameral también sería un anhelo de la Alianza Cambiemos, ya que muchos de los grupos económicos que hoy están enquistados en la Ceocracia de Gobierno, incluido el propio Grupo Macri, tuvieron sus orígenes de riqueza en el endeudamiento externo argentino, iniciado durante la última Dictadura Cívico Militar.
El último paso de esta nueva estrategia del Gobierno será el endeudamiento. Si todos los Buitres aceptan los términos del gobierno de Mauricio Macri sería necesario emitir nueva deuda externa por 15 mil millones de dólares, una cifra equivalente a la mitad de las reservas internacionales. Más allá de la resistencia de los fondos más agresivos como Elliott Management o Aurelius, el ministro Alfonso Prat Gay indicó que buscarán conseguir esos recursos a través de una única operación de endeudamiento bajo legislación extranjera en el mercado internacional. Si todo esto ocurre, la Soberanía quedará de luto.
