La iniciativa, que ya se está tratando en las comisiones parlamentarias, despertó el rechazo de colectivos de trabajadorxs ambulantes y artistas callejerxs, organismos de Derechos Humanos y del bloque de Unidad Ciudadana, entre otras fuerzas opositoras.
El compañero y legislador Mariano Recalde, que viene siguiendo de cerca el tema, consideró que “esta reforma es, sin dudas, la contracara del brutal ajuste económico que está llevando adelante el Gobierno y que afecta la vida de la mayoría de lxs argentinxs. Básicamente se criminaliza a quienes, ante la falta de trabajo y posibilidades de crecimiento, salen a la calle a pelearla para poder llevar un plato de comida a su casa. Además, desalienta las expresiones culturales y el uso del espacio público de manera libre y recreativa. Desde Unidad Ciudadana exigimos que se discuta punto por punto el proyecto y que se incluya en el debate la voz de todos los actores afectados a los que hoy Larreta les está dando la espaldaˮ.
Uno de los ejes principales del proyecto es el agravamiento de penas para los “ruidos molestos en la vía públicaˮ: se duplican las multas y se incorpora el arresto de hasta cinco días. Esta medida no sólo profundiza la persecución a las expresiones artísticas y culturales de la Ciudad sino que equipara la penalización con la de los acosadores callejeros.
Cuando se conoció esta modificación, miles de músicxs, acróbatas, payasxs, malabaristas, murguerxs, actores y actrices se movilizaron a la puerta de la Legislatura, en más de una oportunidad, con la consigna “el arte callejero no es delitoˮ. De esta manera, las organizaciones y colectivos lograron visibilizar el conflicto en los medios de comunicación y el Gobierno prometió dar marcha atrás y exceptuar a lxs artistas de este cambio.
Sin embargo, al día de hoy la esencia del proyecto no ha cambiado.
La reforma contempla la incorporación de la denuncia anónima, un elemento que amplía la capacidad de actuación y le da más poder a los efectivos de seguridad. Según el CELS, “las denuncias anónimas distorsionan y, entre otros efectos, pueden ser utilizadas para generar causas armadasˮ. El verdadero objetivo es, en definitiva, otorgarle un marco legal a la violencia institucional que ya ejerce la Policía de la Ciudad, una fuerza que acarrea el lamentable récord de dos casos de gatillo fácil por mes desde su creación.
Por otra parte, se prohíbe totalmente la actividad de lxs limpiavidrios y cuidacoches, aún cuando ésta sea gratuita o con retribución voluntaria. Las multas llegan a 2 mil pesos y se agrega la pena de arresto. Lejos de constituir una solución a las redes extorsivas, estas modificaciones normativas encarecen y fortalecen el mercado ilegal, además de institucionalizar la persecución y criminalización de lxs trabajadorxs informales.
Por último, se penaliza la fijación de carteles, afiches y volantes en la vía pública. Así, cualquier ciudadanx que promocione un servicio puede sufrir una multa de hasta 30 mil pesos y un arresto de hasta 5 días, 10 si existiese "previa organización". Pero este punto afecta particularmente a las organizaciones políticas.
Los organismos de Derechos Humanos ya advirtieron que “puede usarse para penar, restringir y reprimir la militanciaˮ. Esto adquiere mayor gravedad si se tiene en cuenta el contexto de estigmatización, persecución y silenciamiento hacia los espacios opositores al Gobierno que estamos viviendo en la Argentina desde la asunción de Mauricio Macri. El circo mediático y judicial montado alrededor de la senadora Cristina Fernández de Kirchner es su más clara expresión.
Larreta, haciendo gala del cinismo que lo caracteriza, decidió presentar esta reforma como una respuesta a la violencia machista, cuando especialistas en seguridad y colectivos feministas ya explicaron que este método es el menos efectivo para combatirla. Lo urgente y necesario es que se desarrollen e implementen políticas públicas de prevención, intervención territorial y protección a quienes sufran y/o denuncien estas situaciones. Pero, ¿qué podemos esperar del Gobierno que recortó el presupuesto para programas de asistencia a víctimas de violencia de género, cerró las dos únicas consejerías fijas en salud sexual y reproductiva y redujo un 50% el personal de la Dirección General de la Mujer?
